El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido a la mayoría de los que escuchaban, en directo o a través de internet, la radio y las televisiones, al anunciar que, además del impuesto especial a las compañías energéticas que ya se había hecho público, el Gobierno quiere gravar, también de forma temporal y sin mayor concreción, a los bancos por considerar que el sector va a obtener beneficios extraordinarios como consecuencia de la subida de los tipos de interés que ya se está trasladando a los créditos y por lo tanto incrementando los ingresos financieros y el margen.

Tanto en los bancos como en las patronales del sector señalan su sorpresa por la medida, de la que dicen que no tenían conocimiento alguno «a pesar de que en los últimos tiempos el sector ha colaborado estrechamente para paliar los peores efectos de la pandemia». Pero lo cierto, reconocen en alguna de estas instituciones «nos temíamos que iba a pasar, lo que ocurre es que se ha adelantado en el tiempo porque no está claro que la mejora del margen financiero se esté notando ya en las cuentas de las entidades» y, añaden, «no está claro que esa mejora vaya a dejarse notar de forma clara a medio plazo si se confirman los malos augurios de que la economía va a sufrir más de lo previsto y por lo tanto puede aumentar los créditos dudosos al registrarse una menor actividad».

La sorpresa es relativa no obstante. Hace menos de dos semanas el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya pidió que se pusiera un impuesto de este tipo «porque los bancos van a ganar mucho dinero con la subida de los tipos de interés». Y no es la primera vez que ocurre. Hay que recordar que hace un par de años ya se especuló con la posibilidad de que los bancos tuvieran un impuesto especial que ‘permitiera’ la devolución de las cuantiosas ayudas dadas para el reflotamiento y recapitalización de las entidades quebradas en la anterior crisis financiera.

La decisión es puramente política, se comenta en el sector, y a alguno le gustaría saber «hasta dónde ha cambiado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a la que solo le ha faltado abrazar al presidente al final de su intervención». El objetivo, afirman, «es llegar al final de la legislatura y para ello necesita conseguir que se aprueben los presupuestos del año que viene -y con estas medidas trataría de recuperar a los parlamentarios de la izquierda del PSOE- lo mismo que la reunión con el president de la Generalitat, Pere Aragonés, de la próxima semana tiene como objetivo ganarse el favor de los grupos catalanes del Congreso».

El presidente del Gobierno había anunciado en los últimos días cuál iba a ser su discurso político, al pasar de identificar a la extrema derecha como el enemigo principal a las «fuerzas oscuras» que hasta ahora no había identificado. Las grandes corporaciones energéticas y las grandes organizaciones financieras son ahora el adversario. Una vez más se busca un nuevo culpable al que echar en cara su hipotética falta de solidaridad en momentos difíciles: «no vamos a permitir que unos pocos se enriquezcan con los problemas de muchos», dijo de manera más menos textual el presidente al menos en dos ocasiones durante su primera intervención.

Hay una cuestión obvia. Si energéticas y bancos ganan más en 2022 y 2023 pagarán más impuestos por sociedades porque se aplica un porcentaje fijo sobre el volumen de beneficios obtenidos. La cuestión es, por tanto, ¿se van a enriquecer de forma extraordinaria los bancos por la subida de los tipos de interés de manera evidente como para que se justifique un impuesto de esta naturaleza?

Quizás convendría recordar, señalan en el sector, «que la realidad es que los tipos de interés van a subir porque en los últimos seis años han estado anormalmente bajos, llegando a estar en niveles negativos y que si el Euribor se acaba colocando en el entorno del 2% o del 3% los tipos seguirán siendo bajos, no anormalmente altos como se pretende». Y se preguntan de manera retórica, ¿entonces se trató de compensar las ‘pérdidas extraordinarias’ que sin duda se habrían producido?

Conviene, pues, analizar si realmente los bancos como consecuencia de la subida de los tipos de interés hasta esos niveles obtendrán de manera sostenida unos beneficios extraordinarios. Es cierto que, desde ahora y a lo largo de los próximos trimestres, el margen financiero tenderá a crecer sobre el alcanzado hasta ahora. Pero al tiempo, aunque algo desfasado, es probable que los costes financieros suban también y que un mayor coste del crédito implique una menor demanda y mayores dificultades para hacer frente a los pagos y ello suponga un aumento de la morosidad, lo que implicará mayores necesidades de provisiones. Además, la elevada inflación también acabará repercutiendo en los costes generales de los bancos. Es cierto que el sector tiene cerrado un convenio colectivo hasta finales de 2023, aunque han quedado emplazados (sindicatos y patronales) al mes de septiembre para hablar sobre ello, pero el resto de costes sí se verá influido negativamente. El resultado neto está por ver.

¿Es la cifra, 1.500 millones de euros anuales los dos próximos años, suficientemente grave como para complicar las cuentas de los bancos? Para hacernos una idea, es una cifra equivalente a la que el conjunto de los bancos tuvieron que destinar el año pasado al Fondo Único de Resolución Europeo para ir creando un colchón por si alguna entidad europea tuviera que ser resuelto. «Es un pellizco más», señalan en un banco que quiere guardar el anonimato como el resto de entidades que han declinado hacer declaraciones oficiales, «pero no es significativo», añaden.

Dividendos

Otra cuestión, que preocupa a supervisores e inversores, y no hay más que ver cual ha sido la negativa reacción en la Bolsa de las cotizaciones de los bancos, es de dónde saldrá ese impuesto. Será de los beneficios, sin duda, pero ¿se reducirá el pay-out para que las reservas de los bancos no sufran, o, por el contrario, se mantendrá la parte que se destine a los accionistas y por lo tanto la tasa de solvencia sea un referente a mantener?

Si es lo primero, los inversores buscarán otras alternativas más rentables y, por lo tanto, los bancos tendrán mayores dificultades para poder seguir proporcionando crédito a la economía española. Si se opta por lo segundo, los supervisores se verán obligados a presionar a las entidades para que la solvencia no sufra. Hay que recordar que, hoy por hoy y por distintos motivos, la tasa media de solvencia de los bancos españoles es claramente inferior a la media de los bancos de la eurozona, algo que puede agravarse.