200 compañías se encargan de sus prestaciones de IT . La Seguridad Social afirma que está ya subsanando todos los fallos.

 El Tribunal de Cuentas presentó ayer un duro informe fiscalizador contra un sistema vigente que permite actualmente a las grandes empresas (de más de 250 empleados) autogestionar las bajas médicas de sus trabajadores sin pasar a través de la Seguridad Social o a través de una mutua colaboradora. Este órgano fiscalizador asegura que desde 2014 viene recomendando la derogación de este sistema.

El informe sobre el funcionamiento de esta modalidad de gestión permitida por la Seguridad Social es de 2015. Ese año había 240 grandes empresas autorizadas para autogestionar las bajas temporales de sus empleados (ahora se han reducido a unas 200). Según este sistema, estas compañías pagan directamente las prestaciones por incapacidad temporal (IT) a sus trabajadores y gestionan su asistencia sanitaria derivada de esa baja pero, a cambio, se reducen el pago de cotizaciones (por contingencias comunes, profesionales o ambas) en un 4,5%.

El Tribunal de Cuentas asegura que en 2015 el importe de estas deducciones ascendía, según el presupuesto de la Seguridad Social, a 105,4 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad no cuadra con los 99,5 millones que estas empresas comunicaron que se habían deducido a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Así, el desajuste entre lo declarado por las compañías y lo que efectivamente dejaron de ingresar fue de casi 5,9 millones.

El Tribunal también considera un “sobrecoste” para la Seguridad Social la diferencia entre los 99,5 millones que las empresas dejaron de ingresar por la deducción de sus cuotas del 4,5% y los 88,1 millones que abonaron en pagos por prestaciones de IT a sus trabajadores que estuvieron de baja médica.

Desde la Seguridad Social alegaron ayer que estos descuadres no son atribuibles a ningún tipo de malversación, sino más bien a la obsolescencia de la normativa que regula esta modalidad de colaboración, que el Tribunal de Cuentas califica de “significativamente antigua y escasa” y que incluye unos deficientes sistemas de información. El informe fiscalizador encuentra otras irregularidades, como que en 2015 no se facilitó ningún dato por parte de 52 de las 240 empresas autorizadas a colaborar en este sistema. Si bien desde la Seguridad Social se precisa que la liquidación de esta modalidad solo se produce, según la ley vigente, en el momento en el que la empresa solicita el cese de la colaboración.

Ante estas circunstancias, el Tribunal de Cuentas critica que ya en 2014 pidió “la derogación” de este sistema”. Y critica que pasados tres años no haya ninguna medida encaminada a cumplir esta recomendación, a pesar de que la Dirección General de Ordenación aseguró que “compartía plenamente” esta sugerencia. E incluso, en sus alegaciones al informe de 2014, indicó que eliminaría ese sistema en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Ahora estudian esta posibilidad.

Fuente: Cincodías.es