“Hay que aclarar si afecta a los derechos y deberes del ciudadano”, señala el Tribunal

El Tribunal Supremo (TS) estudia la legalidad del Reglamento que impone presentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por vía electrónica. El Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) contra esa normativa. A juicio de los profesionales, la medida, contenida en en una orden ministerial de Hacienda, no se puede aplicar. La Orden de Hacienda basa la obligación de presentar el IRPF por vía telemática en la posibilidad de desarrollar estas obligaciones formales a través de reglamentos. Sin embargo, los asesores fiscales sostienen que existe una ley que ya regula este asunto, al no haber una norma específica en el ámbito tributario. En concreto, la Aedaf invoca la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Esta ley impide, en su artículo 14.2, obligar a todos los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración y lo acota a grupos homogéneos o que tengan capacidad técnica. “No se puede establecer una obligación de este tipo para todos los contribuyentes del IRPF, porque llegaríamos al absurdo de considerar a todos los millones de declarantes como un grupo homogéneo”, explica el abogado Esaú Alarcón, socio de Gibernau, que ha llevado este asunto al Supremo. “El auto ha utilizado argumentos muy potentes para la admisión y da pinceladas incluso para una futura sentencia”, explica Alarcón. “El fallo de la Audiencia Nacional, que motiva este recurso de casación, es totalmente contrario a una sentencia del TSJ vasco que considera que la obligación de presentar por vía electrónica es ilegal”, añade. El Supremo destaca en el auto que hay una tendencia social en estos momentos a que la garantizar que la gente siga siendo atendida en las oficinas. “Es muy reseñable que hayan acogido esta argumentación para decir que los medios telemáticos no pueden suponer una pérdida de Derechos”, apunta Esaú Alarcón. El Supremo ha admitido así a trámite las consideraciones de la Aedaf en un auto al que ha tenido acceso elEconomista. Los profesionales acuden al Supremo para que enmiende la sentencia de la Audiencia Nacional que avala la normativa. Los asesores fiscales consideran que este fallo “fija una doctrina gravemente dañosa para los intereses generales, afecta a un gran número de situaciones y resuelve un proceso en el que se ha impugnado una disposición de carácter general”. La Sala ve interés casacional. “Al margen de que este asunto verse sobre un impuesto que afecta a un amplio número de contribuyentes, como es el IRPF, se suscitan dos cuestiones de relevancia”, destaca la magistrada Córdoba Castroverde, ponente del auto.

Fuente: El Economista