La Agencia Tributaria puede utilizar la documentación incautada en una entrada y registro domiciliario sorpresiva, es decir, previa a una investigación comunicada al obligado tributario, para fundamentar una multa. La vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria que provoca la ausencia de este requisito no implica la nulidad de las pruebas obtenidas, según el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Alto Tribunal acaba de dictar una sentencia que valida estas informaciones porque la irregularidad cometida por la inspección tributaria en el ámbito del derecho a la intimidad domiciliaria no afecta en lo fundamental al derecho a un proceso con todas las garantías del obligado tributario. En consecuencia, estima el recurso de casación interpuesto por la Administración contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña que anuló una multa de 14.602 euros impuesta por la Delegación de Cataluña de la AEAT a Fargas Solutions, una empresa dedicada a la construcción e instalaciones, por “acreditación indebida” de cantidades a compensar o deducir en el impuesto de sociedades y en el IVA.

El Alto Tribunal, que fija doctrina al respecto, ya ha dictado otra resolución similar el pasado 12 de junio en la sigue el mismo criterio. En ella también desconecta el vicio de la regularización practicada con la nulidad de las pruebas que fundamentan la sanción impuesta. Esta era una línea interpretativa muy esperada después de que el Supremo estableciera en una resolución de octubre de 2020 que la entrada y registro a una empresa debía estar conectada con un procedimiento en curso y notificado al contribuyente. Quedaba pues en el aire entonces las consecuencias de las miles de investigaciones sorpresivas realizadas con anterioridad a esta doctrina.

Inviolabilidad del domicilio

El asunto que analiza la Sala tiene relación con una investigación a una empresa realizada en aplicación del plan de inspección de la AEAT. La delegación catalana de la agencia obtuvo una autorización judicial para entrar y registrar la sede de la mercantil. El juez avaló la actuación y la incautación de toda la información referida al cumplimiento de sus obligaciones tributarias (impuesto de sociedades, IRPF, IVA). Como consecuencia de dicha entrada y registro (producida el 12 de diciembre de 2013), la empresa fue sancionada con 14.602 por una infracción grave consistente en “acreditación indebida de cantidades a compensar o deducir en la base imponible de declaraciones futuras”.

La compañía dio la batalla impugnando la resolución de la AEAT y llevó el caso a los tribunales. Según argumentaron sus abogados, las pruebas para abrir el expediente de infracción procedían de una actuación que vulneró el derecho fundamental de su cliente a la inviolabilidad domiciliaria y por tanto, debían ser declaradas nulas. El recurso de fundamentó en la doctrina asentada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 1 de octubre de 2020, según la cual para solicitar la entrada y registro a la sede de una entidad es necesario que esta tenga relación con un expediente abierto y comunicado al contribuyente. Una exigencia que la Administración ha intentado combatir  en numerosas ocasiones infructuosamente porque significa perder la ventaja del efecto sorpresivo de la visita de los inspectores de Hacienda. La defensa de la mercantil, por su parte, apoyó la aplicación de esta doctrina pese a ser posterior en el tiempo a la concesión de la autorización y la consiguiente entrada en la empresa.

Doctrina del Supremo

El TSJ catalán, que resolvió el recurso, acogió los argumentos de la compañía y declaró la nulidad de la resolución de la AEAT. Sin embargo, la Administración recurrió ante el Supremo, que ha decidido anular la resolución del tribunal y devolver las actuaciones al tribunal de instancia para que dicte una nueva sentencia en la que aplique la nueva doctrina que fija en su sentencia de 9 de junio.