El ministro anunció una subida del 3,1% de la cuantía para 2018, en total un aumento acumulado del 20% desde 2014.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentó ayer en el Congreso de los Diputados el Presupuesto de 2018 para Justicia, unas cuentas que se centran en la creación de 300 nuevas plazas de jueces y fiscales y otras 3.759 para los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia, además de recursos para continuar la transformación digital, con la inversión de 131,3 millones de euros para avanzar en la construcción del nuevo Registro Civil digital y atender las demandas que exige el sector.

El gasto total del Estado en Justicia para este ejercicio se cifra en 1.927 millones de euros, un 3,1 por ciento más que en 2017 y una cifra total que supone un aumento acumulado del 20 por ciento desde 2014.

El ministro anunció que para cumplir con el objetivo de dotar a la Justicia de más medios, los presupuestos destinan 1.383 millones de euros para la mejora de las retribuciones, aumentando en un 2,5 por ciento el gasto de personal respecto al año 2017. En cuanto a las mejoras de las prestaciones sociales y en la formación de los profesionales de la Administración de Justicia, se destinarán a la Mutualidad General Judicial y al Centro de Estudios Jurídicos 114,6 millones de euros, una partida que supone un 1,3 por ciento de aumento respecto a 2017.

Nuevos edificios judiciales

Para infraestructuras y equipamientos judiciales, el ministro señaló que habrá un incremento del 50 por ciento, 17 millones más que en 2017, en un presupuesto que alcanza los 50,1 millones de euros. De esta inversión, 30,1 millones se destinarán a la construcción de un total de seis nuevos edificios judiciales en Badajoz, Albacete, Guadalajara, Ibiza, Segovia y Lorca y a los trabajos de inicio de otros 10 proyectos de obra en otras tantas localidades. La rehabilitación y mejora de sedes judiciales ya existentes contará con un presupuesto de 7 millones de euros.

Asimismo, destacó el ministro el respaldo al Plan de inversión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con un total de 6,2 millones de euros que se enfocarán a la modernización y renovación tecnológica en beneficio de una ciencia más avanzada que procure una Justicia más rápida y segura.

La lucha contra la violencia de género, la asistencia jurídica gratuita y la atención a las víctimas obtendrán un aumento presupuestario cercano a los 26 millones de euros, lo que supone un incremento del 31 por ciento respecto a 2017. Para combatir la violencia de género y dar cobertura a las líneas de acción previstas en el Pacto de Estado, los presupuestos cuentan con 59 millones de euros, casi 14 millones más que en 2017. Asimismo, 38 millones de euros se invertirán en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. A su vez, la inversión de 49 millones de euros en asistencia jurídica gratuita supone un aumento del 33 por ciento, que servirá para facilitar el acceso a la Justicia a quienes cuentan con menos recursos. Así, 1,1 millones de euros irán a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas para mejorar la atención psicosocial que prestan.

Según explicó ayer en el Congreso Catalá, las cuentas responden a tres ejes fundamentales: más recursos para una Justicia con más medios, una Justicia al servicio de los ciudadanos y apoyada en las nuevas tecnologías. Además, reiteró su voluntad de que los presupuestos sirvan para atender las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales.

Fuente: ElEconomista.es