El plan fiscal global que traerá el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales genera aún dudas en varios países. En plena recta final de la negociación, aún no están claros los ingresos que generará la reforma internacional ni las implicaciones para las compañías.

Cinco países europeos han pedido ya formalmente una prórroga para aplicar la medida y Suiza la ha puesto en pausa. Además, las presiones de los lobbies en Estados Unidos y la falta de consenso entre los legisladores han retrasado la puesta en marcha de la reforma. La falta de consenso y la lentitud en las negociaciones ha sido utilizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presionar a la OCDE. Los países menos desarrollados han impulsado en el seno de la organización una declaración para que el organismo se haga cargo del diseño de las reglas fiscales globales, arrebatándole el protagonismo a la OCDE. A su vez, el Grupo Africano y los países del Sur Global quieren más peso.

La OCDE, tras varios años de conversaciones entre sus socios y cambios en su cúpula fiscal, logró en diciembre de 2022 desatascar posiciones y avanzar en la implementación. Los Estados miembros de la Unión Europea lograron entonces un acuerdo histórico que ha permitido desbloquear las negociaciones para implantar un impuesto mínimo del 15% para las multinacionales en todo el territorio comunitario. El pacto llegó después de más de un año de conversaciones entre los diferentes países.

Las normas europeas se aplicarán a los grupos multinacionales de empresas y a los grupos nacionales de gran tamaño presentes en la UE que tengan unos ingresos financieros combinados de más de 750 millones de euros al año. Se aplicarán a cualquier gran grupo, tanto nacional como internacional, que tenga una sociedad matriz o una filial en un Estado miembro de la UE.

Sin embargo, en la Unión Europea han vuelto a surgir problemas. Hace escasos días, cinco socios comunicaron oficialmente a la Comisión Europea que retrasarán la implementación del impuesto mínimo global debido al pequeño número de empresas incluidas en el alcance con sede en sus territorios. Son Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Eslovaquia.

La reforma, que debe comenzar a aplicarse en todo el territorio europeo a partir de este 1 de enero, autoriza sin embargo a los Estados miembros que hayan optado por la derogación a no aplicar la regla de inclusión de rentas y la regla de beneficios insuficientemente gravados en los seis ejercicios fiscales consecutivos a partir del 31 de diciembre de 2023. «Los Estados miembros que elijan esta opción deben, sin embargo, transponer todas las demás disposiciones pertinentes de la Directiva para permitir que los contribuyentes y otros Estados miembros y jurisdicciones puedan aplicar el sistema correctamente», apunta la legislación europea.

Suiza, por su parte, ha dejado en pausa la implementación del impuesto mínimo aunque en junio los votantes suizos aprobaron la reforma constitucional necesaria para su adopción. La comisión de Asuntos Económicos y Fiscalidad del Senado suizo ha recomendado posponerlo al menos un año. Argumenta que muchos otros países no están listos para implementar el acuerdo en 2024 y que solo una cuarta parte de los 138 países que firmaron el acuerdo de impuesto mínimo de la OCDE en octubre de 2021 planean implementarlo el próximo año.

En Estados Unidos siguen los problemas para adoptar el acuerdo. La Cámara de Comercio norteamericana ha remitido una carta al Departamento del Tesoro en la que considera que el tratado fiscal multilateral que forma parte del acuerdo fiscal internacional liderado por la OCDE «no cumple con sus objetivos de proporcionar más estabilidad y certeza en el sistema fiscal internacional».

Últimos flecos

La OCDE ha aumentado sus previsiones de recaudación por la futura reforma y asegura ahora que la reasignación de ingresos fiscales por las transacciones de las principales multinacionales permitirá un aumento anual de la recaudación mundial de hasta 32.000 millones de dólares.

«La comunidad internacional ha estado trabajando estrechamente para resolver las cuestiones técnicas restantes detrás de su acuerdo histórico para reformar la tributación internacional», señala el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. «Este texto proporciona a los gobiernos la base para la implementación coordinada de esta reforma fundamental del sistema tributario internacional y representa un avance significativo hacia la apertura del convenio a la firma», añade el secretario general sobre este impuesto.

Fuente: Expansión