El Consejo de Ministros da luz verde a un paquete de medidas que incluye rebajas en el alquiler y la extensión de los ERTE por fuerza mayor, aunque sigue sin convencer a la patronal del sector.

El Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros celebrado este martes a un paquete de ayudas valorado en 4.220 millones de euros con el que pretende contener el impacto que la crisis del coronavirus ha provocado en bares, restaurantes y comercios, los negocios más castigados por las distintas restricciones sanitarias impuestas a lo largo de la pandemia. De entre todas las medidas aprobadas en el real decreto destaca la posibilidad de que se reduzcan en un 50% la cuota del alquiler, siempre y cuando los propietarios de esos locales sean grandes tenedores (los que tienen más de 10 inmuebles urbanos, sin contar trasteros y garajes).

Todas las medidas aprobadas en el real decreto, que lleva por nombre Medidas Urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, y cuya configuración final se ha producido con un considerable retraso como consecuencia de las dudas y diferencias entre los miembros del Ejecutivo que ralentizaron su definición y han acabado menguando su alcance, han sido catalogadas por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, como “necesarias para unos sectores muy castigados por la pandemia y que necesitan más protección para que puedan mantener su actividad y el empleo”. La patronal hostelera, sin embargo, sigue reclamando unas ayudas directas que contabilizan en 8.500 millones de euros, y asegura que las nociones adoptadas en España “no responden a las necesidades” de los trabajadores del sector. Un análisis compartido también por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). “Llega tarde, es escaso y sin ayudas directas a los sectores afectados, que va a dejar fuera a muchos autónomos que necesitan esta ayuda”, señaló en un comunicado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Impacto insuficiente

Desde Hostelería de España, la patronal que agrupa a más de 300.000 negocios, califican este enfoque como “insuficiente”, y especialmente en lo que se refiere a los alquileres de los grandes tenedores, ya que calculan que afectará tan solo “al un 3% del sector hostelero”. “El plan se queda corto y cojo y deja desprotegidas a miles de familias que dependen del sector”, apunta su presidente José Luis Yzuel. Turismo, por su parte, estima que el número potencial de locales beneficiarios sería de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a locales relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.

En el paquete de medidas del real decreto se aprueba también la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor ―incorporando al CNAE56 (bares y restaurantes)―, así como la carencia en los préstamos avalados por el ICO, en los que se crea un nuevo tramo para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotado con 500 millones de euros, y con hasta un 90% de garantía. “Nos alegra que en esta ocasión se tenga en cuenta nuestra incorporación, pero faltan detalles importantes y habrá que leer bien la letra pequeña”, aclara Yzuel.

Igualmente bien recibida ha sido la reconversión como sector hiperprotegido en el esquema de los ERTE del comercio al por mayor de bebidas, los restaurantes y puestos de comidas, establecimientos de bebidas, y actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. Todos ellos se beneficiarán con esta nueva consideración de distintas exoneraciones entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, que podrán prorrogarse posteriormente si así lo acuerdan los agentes sociales.

En cuanto a las cotizaciones, el nuevo real decreto recoge el aplazamiento en el pago de las cuotas a la Seguridad Social para empresas y autónomos, y las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, comercio y hostelería. Además, podrán aplicar una bonificación del 50% de las cuotas para la contratación de fijos discontinuos de abril a octubre de 2021.

Alivio en la cuenta de gastos

La determinación del Gobierno en materia de reducciones de costes del alquiler (que no tiene impacto en las arcas públicas) fuerza a todos aquellos propietarios que no hayan accedido a renegociarlo en los últimos meses con sus arrendatarios a hacerlo, si no quieren verlo reducido a la mitad durante este tiempo o no recibir nada en los próximos meses y que se lo reembolsen a plazos en el futuro. La rebaja de esta cuota supone un alivio para muchos empresarios que han visto cómo la cuenta de gastos seguía manteniéndose incluso cuando sus negocios debían continuar cerrados.

Los pequeños propietarios ―que engloban alrededor de 300.000 arrendatarios― recibirán incentivos fiscales que estarán condicionados a que acepten rebajas en enero, febrero y marzo del próximo año. El decreto no les obliga a reducir el precio durante más meses, y no se impone una quita obligatoria. Todas estas ayudas se suman a las medidas puntuales que existen ya en las comunidades y que el Gobierno “quiere complementar”, por lo que “es importante que todas las Administraciones trabajen juntas”, argumentan fuentes ministeriales.

Fuente: ElPais.com