El grupo del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón ha presentado una proposición de ley que modifica la norma autonómica de 28 de diciembre de 2015 de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en lo que se refiere a la fiducia, con el objetivo de eliminar la liquidación provisional que hasta ahora se cobra a los hijos en el impuesto de sucesiones, aunque todavía no han recibido la herencia.

El portavoz del PAR, Arturo Aliaga, la diputada portavoz de Hacienda, Elena Allué, y el miembro del PAR y abogado del Estado, José María Bescós, han explicado en rueda de prensa que la fiducia es una figura propia del Derecho aragonés, según la cual los hijos y descendientes de una persona que ha fallecido «solo tienen la esperanza de heredar en el futuro».

Allué ha detallado que esta figura está vinculada al testamento mancomunado que hacen los cónyuges y supone que ambos dejan al cónyuge viudo –que sí habrá de pagar el impuesto– la decisión del reparto de la herencia. Esto supone que «no se sabe quién heredará y qué cuota se heredará» de forma que «hay herencia, pero no hay herederos» puesto que «estos serán designados en su momento por el fiduciario –cónyuge vivo–«.

Según ha apuntado Allué, «la normativa así lo permite» y mientras exista esta situación, «no debe liquidarse el impuesto» ya que «no hay hecho imponible, ni sujeto pasivo del impuesto», como así se recoge en una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2012, que «ha declarado nula de pleno derecho la liquidación de la fiducia aragonesa».

A pesar de esto, y de que las Cortes autonómicas aprobaron en marzo del año pasado por unanimidad una proposición no de ley del PAR en este sentido, el Gobierno de Aragón «sigue liquidando» y así se mantiene en la legislación aragonesa, por lo que este grupo propone ahora modificar esa norma, ha relatado Allué.

La diputada ha indicado que uno de cada cuatro testamentos en la Comunidad contemplan esta figura y ha criticado al Ejecutivo autonómico, que en 2017 recaudó 200 millones de euros por el impuesto de sucesiones, una cifra «récord», pero «no contento está cobrando a una cuarta parte de la población aragonesa que hereda un dinero que no se le debería cobrar y este gobierno lo sabe».

ADN DEL PAR

El presidente del PAR y portavoz de este grupo en las Cortes, Arturo Aliaga, ha manifestado que forma parte del ADN de su formación «el respeto y la defensa del Derecho foral aragonés y esta institución de la fiducia», así como «intentar que los aragoneses paguen impuestos que sean justos y que no tributen más que en otras Comunidades».

En esta línea, ha indicado que cuando el PAR ha estado en el gobierno ha promovido reducciones y bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones con el objetivo de que los herederos puedan mantener y continuar con el patrimonio familiar «y no que se dejen en el pago de impuestos una parte importante de los ahorros de sus antepasados»

Ha asegurado que mientras han gobernado, «Aragón se situó a la cabeza de las Comunidades que tenían especial atención con estas herencias», si bien esta situación «se quebró» con el actual Ejecutivo PSOE-CHA, «que introdujo mayor rigor fiscal» y por eso su grupo ha impulsado iniciativas para aminorarla, «siguiendo la tendencia de otras Comunidad, de reducción progresiva del impuesto de sucesiones y donaciones, en defensa de los aragoneses».

Sin embargo, «ha sido casi imposible» y «los acuerdos de las coaliciones con Podemos no han permitido modificar la ley», a pesar de encontrarse la economía en un momento de mayor crecimiento. Por eso, ahora proponen que, al menos, se rebaje el rigor fiscal en esta institución de Derecho aragonés y de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo, que la protege, ha esgrimido Aliaga.

En este sentido, la diputada Allué ha pedido adaptar la ley aragonesa a la sentencia del Supremo, como «nos están pidiendo los Colegios de Abogados y notarios, que están yendo a los tribunales para ganar algo en lo que no debería gastar los ciudadanos ya que, por ley, no tendría que pagar esa tributación».

La parlamentaria ha incidido en que «se está liquidando el impuesto, cuando no se ha recibido la herencia» porque el Gobierno de Aragón «sigue empeñado en recaudar a costa de lo que sea».

ORIGEN DE LA FIDUCIA

Allué ha precisado que el origen de la institución de la fiducia está vinculado a otra institución, la casa aragonesa, con el objetivo de no se partiera, sino que conservara la unidad y que el cónyuge sobreviviente tuviera asegurado que los hijos iban a cuidarle.

Por su parte, José María Bescós ha aclarado que en los casos de fiducia, hasta el momento el Gobierno liquida provisionalmente y a partes iguales a cada uno de los herederos expectantes y cuando finalmente se recibe la herencia, y conforme el reparto que esta haga, se realizan los ajustes oportunos.

También ha comentado que en caso de que no se acepte la modificación de esta ley, las vías de acción que quedarían serían un recurso de inconstitucionalidad o plantear una cuestión de inconstitucional ante cualquier tribunal.

En concreto, el PAR propone en su iniciativa que no sea exigible por el impuesto de sucesiones, ninguna liquidación o autoliquidación hasta la ejecución de la fiducia, mediante disposición del fiduciario a favor de uno o varios beneficiarios y que, a cambio, los interesados formulen una declaración tributaria correspondiente informativa, donde se reconozca el fallecimiento y la delación, como hechos relevantes para la aplicación del impuesto de sucesiones y donaciones, con arreglo a las condiciones de patrimonio y parentesco con el causante.

Asimismo, cuando se ejecute la fiducia o fallezca el fiduciario, deberá realizarse una nueva declaración tributaria, con ingreso de las liquidaciones que procedan, atribuyendo a cada sujeto pasivo el valor de lo que se le adjudique.