El Consejo de Ministros debía aprobarlo en diciembre. Contiene la ‘tasa Google’ y el impuesto de Transferencias financieras.

2018 acabó sin que el Consejo de Ministros aprobara el esperado paquete fiscal del Gobierno, un conjunto de nuevos impuestos y medidas indispensable para que se cumpla al menos parte de las previsiones de ingresos del Ejecutivo para 2019 reflejadas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se envió a Bruselas.

De hecho, fuentes del Ministerio de Hacienda indican a este medio que todavía se desconoce en qué Consejo de Ministros se aprobará el susodicho paquete fiscal, que contendrá la tasa a los Servicios Digitales – también conocida como Tasa Google- , el impuesto a las transferencias financieras y el conjunto de iniciativas para combatir el fraude fiscal.

Aunque dependerá de lo que decida priorizar el propio Gobierno, se espera que su aprobación ocurra antes de que termine enero, pero no se descarta que el retraso se pueda repetir. Mientas tanto, desde el departamento añaden que siguen puliendo los correspondientes proyectos de ley, tras las alegaciones recibidas en su audiencia pública.

Los cambios que sufran los proyectos, según estas mismas fuentes, serán casi cosméticos, afectando en todo caso solo al fondo y no a la forma de los proyectos, manteniéndose sus gravámenes y condiciones. Su aprobación por parte del Consejo de Ministros es el paso previo a presentarlos en las Cortes, donde se tramitarán y se someterán al escrutinio de los diputados y de los senadores, tal y como estipulan los procesos habituales.

Como ya indicaron fuentes del Gobierno, la idea que se mantiene es que la tramitación de estas iniciativas corra paralela a la del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que también se tiene que presentar en enero, aunque el Ejecutivo no ha desvelado cuándo lo hará.

Recaudar 2.878 millones

Mediante el susodicho paquete fiscal el Gobierno espera recaudar unos 2.878 millones de euros adicionales en este 2019, aunque este pronostico se tendrá que ir reduciendo cuanto más se tarde en activar el conjunto de medidas.

La iniciativa de la que más recaudación se prevé es el nuevo impuesto de Servicios Digitales. Mediante este tributo se gravará con un 3 por ciento las operaciones de servicios de publicidad en línea, los de intermediación en línea y la venta de datos recopilados a partir de información proporcionada por el usuario. Su puesta en marcha permitiría unos ingresos adicionales de 1.200 millones, aunque tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como la propia Comisión Europea ponen en duda esta cifra. Algo parecido ocurre con el impuesto a las Transacciones Financieras. Ambas instituciones no creen que pueda lograr lo pronosticado por el Gobierno, unos 850 millones, a través de gravar con un 0,2 por ciento las operaciones de compra de acciones de empresas españolas ejecutadas por operadores del sector financiero en cualquier mercado del mundo.

Por otro lado, en el plano de medidas contra la evasión fiscal, el Gobierno quiere implementar iniciativas, como limitar más los pagos en efectivo, reforzar la lista de morosos y adoptar mejores prácticas en la prevención y lucha contra el fraude. Los ingresos adicionales que permitiría esta estrategia sería de unos 828 millones de euros.

También cuestión de apoyos

Sin embargo, para lograr estos ingresos -sean realistas o no-, el Ejecutivo tiene que superar el correspondiente trámite parlamentario, algo que podría no ser tan problemático como la gestión de los apoyos a su proyecto de Presupuestos.

Aunque grupos como el catalán PDeCat descartan, por lo pronto, sentarse a negociar las citadas Cuentas, no ven con malos ojos poner en marcha los tributos citados, así como las medidas antifraude. Eso sí: plantearán enmiendas a los proyectos que se han ido dando ya a conocer.

En cambio, ERC no ha desvelado todavía el sentido de su voto. Por otro lado, gran parte de estas medidas figuran en el acuerdo con Unidos Podemos, por lo que se da por hecho el apoyo del partido de Pablo Iglesias, así como de otras formaciones que son aliadas parlamentarias de los socialistas, como Compromís.

En cambio, el PNV todavía no ha dado su brazo a torcer y considera que este conjunto de iniciativas se tendría que analizar en la Comisión Mixta del Concierto con el Estado.

Mientras, partidos de la oposición como Ciudadanos, que tampoco han definido todavía su postura, no descartan aún apoyar estas medidas.

En cualquier caso, el reloj corre. El tiempo promedio para aprobar un proyecto de ley es de seis meses, y si el Gobierno no acelera su tramitación puede que se quede a medio camino si, finalmente, hubiera un adelanto electoral. De hecho, si la fecha de los comicios fuera anterior a los meses de verano, todo indica que ninguna de las citadas medidas tributarias se podría a aprobar antes de su celebración.

Fuente: ElEconomista.es