La Seguridad Social redujo en 1.000 millones el presupuesto previsto para 2021.

La complejidad que rodea el proceso de concesiones del ingreso mínimo vital continúa descuadrando las previsiones del Gobierno sobre el funcionamiento de la prestación, y sobre los objetivos contemplados en términos de volumen de beneficiarios, donde solo el 42% de los previstos han recibido ya la prestación.

El pasado 2021, sin ir más lejos, producto de estas dificultades que afrontan los organismos competentes de la Administración, el Gobierno llegó a recortar en casi 1.000 millones de euros el presupuesto inicialmente previsto, tal y como arrojan las cifras oficiales de la Seguridad Social consultadas por este medio. Concretamente, estos 1.000 millones de reducción presupuestaria, que supone un 33% del total asignado a inicios del pasado ejercicio, se sustanciaron en dos modificaciones presupuestarias realizadas en el mes de septiembre y mes de noviembre de 2021.

La reducción aplicada en septiembre ascendió a 260.280 euros, mientras que la modificación del mes de noviembre alcanzó los 722.250 euros. En suma, 982.530 millones de euros de reducción presupuestaria para la prestación. En enero de 2021, la cuantía prevista para la factura de todo el año ascendía a 2.988 millones de euros.

Más allá, entre la aprobación del presupuesto inicial y las subsiguientes modificaciones a la baja de la cuantía, el Gobierno ha tratado de agilizar las concesiones de estas prestaciones. Y no solo el proceso de concesiones, toda vez que en torno al 97% de las solicitudes realizadas se han tramitado, lo que supone más de 1,4 millones de solicitudes analizadas, sino que los esfuerzos también se han centrado en ampliar la capacidad de sondeo y de reconocimiento de los casos más vulnerables, de los que en muchos casos la Administración no tiene conocimiento.

Para resolver estas situaciones, se aligeraron algunos requisitos como la reducción del plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a 6 meses para acceder a la prestación y en el caso de los titulares menores de 30 años se redujo de 3 a 2 años el requisito de acreditación de vida independiente para solicitar la prestación. También se ha convertido en permanente la posibilidad de solicitar la prestación con los ingresos del año en curso y se han elevado los umbrales de renta y patrimonio para estos casos, con el fin de que el ingreso mínimo sea más sensible a las situaciones de pobreza sobrevenida.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso en marcha el Registro de Mediadores del ingreso mínimo vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación. Con esta medida, se permite a las entidades del tercer sector de acción social, las ONG, colaborar en la gestión del ingreso mínimo, previa inscripción en dicho registro, otra medida con la que el Ministerio pretende ampliar el número de beneficiarios de la prestación.

A medio camino del objetivo

Con todo, pese a que el despliegue de la medida ha permitido aprobar 362.000 prestaciones desde su creación hace ya casi dos años, con 824.000 beneficiarios, y un gran impacto en la reducción de la pobreza infantil ya que casi el 40% de los beneficiarios son menores, este nivel de concesiones supone el 42,5% del total de las esperadas en el primer. En total, se han aprobado 362.000 prestaciones, con 824.000 beneficiarios.

Avances para el traspaso de la prestación al ejecutivo navarro

El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España aceleran los trabajos que culminarán con el acuerdo para la asunción de la gestión del IMV. Ambas partes están cerrando el diseño de la gestión efectiva del IMV para que sea el Gobierno navarro quien asuma las funciones de gestión de esta prestación social no contributiva dentro del carácter unitario de la Seguridad Social y del respeto al principio de solidaridad.

Así, la Administración navarra se encargará de la tramitación, el reconocimiento y el pago del IMV con carácter indefinido, cuando se materialice la asunción de funciones en la Junta de Transferencias. En las próximas semanas se convocará Junta de Transferencias Estado-Navarra, compuesta por representantes de todos los grupos políticos del Parlamento de Navarra, que será previamente convocada y de la cual se necesita el apoyo mayoritario.