El incierto devenir de los presupuestos públicos
Las cuentas públicas españolas sufren del mal de altura. Los síntomas son evidentes: un déficit y una deuda pública elevada, que llevan a un reducido margen fiscal y a una menor capacidad para afrontar imprevistos. La economía, al igual que un montañero exhausto, necesita aclimatarse y allanar el camino para seguir adelante. La tarea no es sencilla. Sobre la marcha hay que acelerar la ejecución de los fondos de recuperación Next Generation, dar un empuje a la productividad y mantener viva la llama del empleo.
“El estado de las cuentas públicas resulta bastante decepcionante”, afirma José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). A pesar de que el déficit del año pasado fue del 3,6% (1,1 puntos porcentuales menor que el de 2022) y la deuda del conjunto de las Administraciones públicas se redujo hasta el 107,7% del PIB (casi cuatro puntos menos respecto al ejercicio anterior), los indicadores económicos aún reflejan una situación delicada. Un desarrollo vigoroso de la economía (que creció en 2023 un 2,5%, un porcentaje cinco veces superior al de la media de la zona euro), un mercado laboral resistente (con una afiliación por encima de la barrera de los 21 millones de personas) y una recaudación sin precedentes han actuado como remedio para disminuir las tasas de déficit y endeudamiento en los últimos años, sin la necesidad de realizar grandes ajustes.
El Gobierno, por el contrario, ha asignado recursos adicionales vía ayudas y rebajas fiscales para mantener a flote la economía durante la pandemia y la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. No obstante, el retorno de las normativas fiscales europeas, suspendidas desde 2020 (que exigen un déficit por debajo del 3% sobre el PIB y del 60% en el caso de la deuda), la desaceleración generalizada de la economía en Europa (con una Alemania que se ha estancado) y los tipos de interés en un nivel alto respecto a antes de la covid-19 dibujan un panorama con grandes desafíos. El espacio fiscal se reduce y equilibrar las cuentas se convierte en una tarea más complicada.
Bruselas demanda que los Estados miembros presenten sus planes de ajuste en septiembre, y España, junto con otros países como Italia, Grecia o Francia, está bajo escrutinio debido al pronunciado desfase de sus cuentas. “La necesidad de reducir el déficit público nos viene dada”, indica Josep Comajuncosa, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade. “No podemos estar en la moneda única sin controlar el déficit público. Ahora que la economía está en buen estado es el momento para reajustar el balance”, afirma el experto. El Gobierno estima que el déficit se reducirá al 3% para 2024, objetivo al que se ha comprometido con Bruselas y que el Ejecutivo fía casi todo al crecimiento. Además, proyecta un déficit del 2,5% para 2025, cuando es más que probable que se exijan medidas adicionales para mantener la senda descendente.
“Nuestra deuda corre el riesgo importante de entrar en una senda de insostenibilidad”, indica María Jesús Fernández, economista sénior en el área de coyuntura económica de Funcas. “Aunque se prevé una reducción en los próximos años, a partir de 2026-2027, la relación de deuda sobre el PIB podría verse incrementada”, señala.
Se necesita renovar el mercado laboral para mejorar la eficiencia
Los expertos consultados coinciden en que, ante ello, es fundamental trabajar en las cuestiones estructurales que achacan a la economía, por ejemplo, la baja productividad. “La mayoría de los problemas de España al final se resumen en temas de productividad”, explica Matilde Mas, catedrática de Análisis Económico de la Universitat de València y directora de proyectos internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). La investigadora destaca que los salarios reales solamente pueden aumentar si mejora este indicador, lo cual no es baladí, pues un mejor desempeño redundaría en la competitividad nacional y un repunte del PIB.
“España debería apoyarse en su sólido crecimiento económico para elevar la productividad y ayudar a los jóvenes a materializar su potencial”, aseguraba recientemente Clare Lombardelli, economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El empleo en España tiene un gran problema con la productividad
En España, la productividad del trabajo se ha comportado de forma anticíclica: aumenta en las recesiones y se reduce en periodos de expansión económica, lo que indica un funcionamiento ineficiente del mercado laboral. En recesión, se puede mantener el trabajo –respuesta habitual en las economías desarrolladas– o despedir a los trabajadores, como ha hecho España en las últimas décadas.
En el primer caso, la productividad se reduce en las recesiones mientras la producción cae; en España ocurre lo contrario, al recortar el empleo a una velocidad mayor a la que baja la producción. Mientras en el bum de 1995-2005 la productividad crecía en la mayoría de los países desarrollados más del 1,5%, en España lo hacía un 0,2%, según Matilde Mas, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. En cambio, entre 2005 y 2014 (años de ajustes económicos), la productividad subía un 1,3% anual y se desaceleraba en otros lugares. A partir de 2014, España se alinea con el resto de Estados gracias a medidas como el SURE y la reforma laboral de 2022, detalla Mas.
El organismo internacional recomienda potenciar la innovación, mejorar las competencias de los trabajadores y reforzar los resultados en educación. “Es necesaria una renovación de las políticas activas del mercado laboral para mejorar la eficiencia en la adecuación de la mano de obra y abordar los desajustes en materia de competencias”, dice el último informe de la OCDE.
El aumento de la productividad es imprescindible, pero no es suficiente. Hay otros retos por delante, desde la sostenibilidad del sistema público de pensiones, una losa cada vez más pesada, hasta la transición ecológica y las turbulencias geopolíticas.
La IA también llega a la Administración pública, pero con poca fuerza
¿Ha recibido una notificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para un procedimiento inspector? Esto cada día es más posible gracias a herramientas de inteligencia artificial (IA). La AEAT tiene acceso a datos personales, incluso de redes sociales, para evaluar su nivel de vida y actividades económicas, como alquileres en Airbnb o reseñas en restaurantes. Todos estos se integran en la base manejada por Hacienda, que recopila más de 5.000 millones de registros pertenecientes a 50 millones de contribuyentes.
Hermes se encarga de tratar la información, incluirla en un perfil de riesgo y detectar las incoherencias entre los datos.
“Por supuesto, este no es el nombre de ningún inspector, sino de una herramienta de IA utilizada por la AEAT”, afirma Pablo Robles, miembro del grupo de transformación digital de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). “La IA consigue que el sector público sea enormemente más eficiente y objetivo”. Pero su uso es aún limitado. El Gobierno busca darle un empujón con el modelo Alia, que estará operativo en septiembre y que está entrenado en castellano, catalán, gallego, valenciano y vasco.
“La Administración va un poco por detrás de las tecnologías emergentes por la propia idiosincrasia, que es más lenta, y por tema normativo, que tiene sus tiempos”, dice Julio José Espiña, director de desarrollo de negocio en Administraciones públicas y experto en IA. Un estudio lanzado recientemente por Minsait revela que uno de los principales obstáculos para el 67% de las organizaciones públicas es la falta visión y de cultura empresarial. “La automatización de procesos y la IA pueden compensar en parte la escasez de trabajadores que habrá en los próximos años en la Administración pública española, pero sobre todo a lo que debe aspirarse con ellas es a mejorar su actuación”, añade Oriol Mir, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Fuente: Cinco Días
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