La reforma fiscal internacional que ha aprobado la OCDE y que establecerá un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para las multinacionales no supera las dificultades para su implantación y se retrasará, al menos, hasta 2024. En la Unión Europea, las negociaciones siguen encalladas tras el veto, por segunda vez, de Polonia. Además, la implantación en Suiza requiere una reforma constitucional que obligará a un referéndum público, que no se realizará hasta la segunda mitad del año. Por su parte, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden aún no tiene el visto bueno del congreso a su reforma fiscal, que incluye el impuesto mínimo que él mismo impulsó en la comunidad de la OCDE.

Con todos estos escollos, los Estados asumen ya que la implementación del nuevo tipo no será en 2023, como tenían agendado los ministros de Finanzas de las economías desarrolladas, sino que se retrasará, al menos, hasta 2024. De hecho, aunque en la Unión Europea tenían prevista la entrada en vigor de esta normativa el 1 de enero de 2023, Francia ha remitido un documento en el que asume ya que se postergará a 2024.

Los problemas en Europa

En la última reunión del Ecofin, Polonia rechazó por segunda vez la puesta en marcha del mecanismo fiscal internacional sin acometer primero el problema de la fiscalidad de las plataformas digitales. De esta forma, el Gobierno polaco evita de nuevo que el bloque europeo logre un acuerdo sobre este asunto. El argumento Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco, es que la Unión Europea no debería dejar de lado el Pilar 1 del pacto de la OCDE, que busca reformar la fiscalidad de las empresas digitales, mientras avanza en el tipo mínimo efectivo del 15%, la otra gran parte del acuerdo alcanzado en el foro internacional.

De esta forma, el impuesto sigue boqueado en la Unión Europea. Pero no es el único problema en el continente. Suiza, que también tiene que implantar el impuesto mínimo, ha iniciado un proceso legislativo que terminará, como pronto, el 1 de enero de 2024. El Consejo Federal suizo ha emitido un informe que requiere la participación del Parlamento, los cantones y el pueblo -a través de un referéndum- para implantar el impuesto mínimo en el país. Suiza creará así una nueva base constitucional para brindar seguridad jurídica a las empresas afectadas. Sobre esa base, el Consejo Federal emitirá una ordenanza temporal que implementa la tasa impositiva mínima a partir del 1 de enero de 2024. Posteriormente, la base legal se puede preparar en un procedimiento legislativo ordinario sin presión de tiempo y la ordenanza será reemplazada.

Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden también tiene dificultades para aprobar la reforma. A pesar de que Biden ha liderado las negociaciones globales sobre impuestos mínimos, sus propias propuestas para las empresas estadounidenses difieren de las propuestas a nivel internacional. El plan fiscal de Biden se ha encontrado con el veto, por el momento, de los legisladores por desarrollar unas políticas tributarias significativamente más onerosas para las empresas estadounidenses que las que adoptarán el resto de las economías de la OCDE en esta materia.

De esta forma, aunque la administración Biden ha apoyado el acuerdo global, es difícil que el Congreso siga adelante con la implementación de estas políticas. Entre sus propuesta, agrega un nuevo impuesto complementario mínimo nacional que se aplicaría en los casos en que una jurisdicción extranjera utilice una regla de ganancias gravadas por debajo de lo normal para gravar a las empresas estadounidenses. La ratificación de este tratado fiscal requiere 67 votos en el Senado, lo que dificultará la adopción del resto de medidas de la OCDE si no hay un apoyo bipartidista para las nuevas reglas.

España crea el suyo propio

El Gobierno de España ha decidido no esperar a la decisión europea para armonizar la medida y ha establecido por su cuenta un tipo mínimo del 15% para las empresas que facturen más de 20 millones de euros. Moncloa opta así por elevar la presión sobre las medianas empresas, ya que el proyecto europeo estudia este mínimo para sociedades que facturen más de 700 millones.

La OCDE estima que, una vez implantado su proyecto, los países gravarán de las multinacionales hasta 275.000 millones de dólares. El organismo sostiene que estas compañías evaden hasta un 10% de la recaudación total del Impuesto sobre Sociedades con sus establecimientos en territorios de baja tributación.

El Ejecutivo no aclara aún que hará cuando se apruebe el tipo mínimo europeo y baraja la opción de mantenerlo además del que establezca la Comisión Europea. Esta situación contrasta con la del resto de economías europeas, que han aplicado rebajas en el Impuesto sobre Sociedades en los últimos ejercicios. Los últimos países en reformar la fiscalidad de la empresa son Austria, Francia, Holanda, Polonia, Suecia y España. Todos han elegido bajar los tipos o reducir la presión durante este ejercicio menos el Gobierno español.