La fiscalidad ha generado un encontronazo entre los dos equipos. Para no torpedear los avances, el Gobierno prefiere que los acuerdos se limiten a las políticas de gasto.

Cualquier Gobierno está encantado de anunciar políticas de gasto que mejoren la vida de sus ciudadanos, lo difícil es subir los impuestos para financiar estas partidas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentra actualmente en esta encrucijada. Quiere aumentar el gasto público y coincide con Unidos Podemos en cuáles son las prioridades para España. Pero, al mismo tiempo, pretende ser prudente con la subida de impuestos para que no se perciba como el Gobierno del ‘hachazo fiscal’.

En las últimas reuniones entre los dos equipos, el Ministerio de Hacienda ha propuesto centrar las conversaciones en las políticas de gasto y aparcar las medidas tributarias, explican fuentes que participan en las negociaciones. La reunión de la semana pasada entre el presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, inició este cambio de rumbo.

Los dos líderes acordaron avanzar en la derogación de las medidas de austeridad aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y pasaron de puntillas por la cuestión fiscal. Apenas se acordaron dos puntos en materia de recaudación que eran, además, bajada de la presión fiscal: una reducción del IVA a los productos de primera necesidad y un recorte de la cotización para los autónomos cuyos ingresos no alcancen el salario mínimo interprofesional (SMI).

El impuesto a la banca, el IRPF al ahorro o el tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades se quedaron fuera de la discusión entre los dos líderes políticos. Un hecho que evidencia un cambio sustancial respecto a la posición de los últimos meses. Sánchez e Iglesias acordaron que sea Podemos quien se cuelgue las medallas de las políticas de gasto social a cambio de cederle al Gobierno la política fiscal. De esta forma, el Ejecutivo podrá gestionar con mayor libertad la reforma fiscal para evitar que se propague la idea de que el PSOE quiere realizar un ‘hachazo fiscal’, como ocurrió cuando el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, anunció que estaban negociando una subida del IRPF para las rentas superiores a 60.000 euros, lo que Hacienda tuvo que desmentir.

El presidente quiere mantener una política fiscal conservadora, pese a que avisó el martes en el Senado de que está a favor de subir la presión fiscal para aproximar España a la media europea. La recaudación en el conjunto de la UE se sitúa en el entorno del 46% del PIB, mientras que en España roza el 38%. Esto supondría un incremento de la recaudación de ocho puntos del PIB, unos 90.000 millones de euros. Una declaración de intenciones que no es más que un brindis al sol.

Para los Presupuestos de 2019, el Ejecutivo prefiere limitar la subida de impuestos a lo que sea estrictamente necesario. Esto es: cumplir las exigencias de Bruselas, que exige un ajuste estructural de entre 4.000 y 5.000 millones de euros. Si realmente quisiese una reforma fiscal en profundidad para recaudar 90.000 millones, optaría por acelerar impuestos como el de la banca, el IRPF al ahorro o el impuesto sobre sociedades, como reclamó cuando estaba en la oposición.

Poli bueno y poli malo

Los negociadores de Podemos no se resignan a influir en cuestiones fiscales, pero admiten que su prioridad pasa por sellar un acuerdo en materia social y dejar en manos del Gobierno el ajuste fiscal para obtener la recaudación necesaria de cara a financiar estas medidas. Fuentes conocedoras de los encuentros aseguran que tienen el compromiso del Ejecutivo de Sánchez para explorar las vías fiscales necesarias para cuadrar las cuentas.

«Habrá acuerdo en materia fiscal», señalan estas mismas fuentes, al mismo tiempo que reconocen que las conversaciones no se están centrando en fiscalidad. Su única línea roja es que la carga fiscal recaiga sobre «las élites privilegiadas», indicando que, por ejemplo, el impuesto al diésel apenas permitirá aumentar la recaudación en unos pocos millones.

«Hay que ir adonde realmente está el dinero», concluyen mientras dan por hecho que se conseguirán avances para garantizar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año antes del 15 de octubre. Sin embargo, el responsable federal de Políticas Económicas de IU, Carlos Sánchez Mato, trasladó el pasado fin de semana a los órganos de dirección de su formación que los acuerdos con los representantes del Gobierno “son relativamente sencillos a nivel teórico, pero muy difíciles a la hora de concretar, por ejemplo, los acuerdos fiscales y que se puedan poner en marcha”.

Mato añadía asimismo que la actitud del Gobierno hacía que “resulte difícil tocar esos privilegios fiscales de los más favorecidos que nosotros queremos eliminar”, para conseguir así dar un vuelco a una situación que lleva a que “lo que aportaba ese 3% de privilegiados se haya reducido, mientras aumenta lo que aporta la clase trabajadora”. Unas explicaciones por las que IU ya ha avisado de que “cualquier avance significativo” en las negociaciones con el Gobierno deberá pasar por la “decisión colectiva” de sus propios órganos de dirección. Dos posiciones, las de los negociadores de IU y Podemos, que responden a las de ‘poli bueno’ y ‘poli malo’.

Fuente: ElConfidencial.com