El Gobierno sacó adelante su nuevo impuesto a la banca gracias a los pactos cruzados con sus socios parlamentarios de izquierda y derecha. El documento fue votado en el Congreso el 21 de noviembre y ahora se encuentra en tramitación en el Senado, si bien, el plazo de presentación de enmiendas quedó cerrado el pasado miércoles por lo que ahora los partidos tienen que debatir cuáles incorporan con el 18 de diciembre como fecha límite para devolverlo a la Cámara Baja. Todos estos pasos se han dado a ciegas, ya que la consulta obligatoria al Banco Central Europeo se produjo cuando el hemiciclo ya había respaldado el proyecto y se publicará cuando los grupos no puedan hacer nuevas aportaciones a su articulado. Lo que plantea un grave problema, según revelan fuentes jurídicas a elEconomista.es. Fráncfort tiene vía libre para presentan un recurso de incumplimiento a la justicia europea, lo que podría llevar a los magistrados comunitarios a suspender la tasa financiera.

La apelación en tiempo y forma al banco central, en cuestiones que afectan directamente a sus competencias, es una obligación recogida en el Tratado de Funcionamiento de los 27 que se desarrolló en la decisión 98/415 del Consejo de la Unión Europea, en el que se establece que los países deben consultar al BCE sobre «cualquier proyecto legal que entre en el ámbito de sus competencias». En concreto, detalla que la consulta se deberá producir siempre que afecte a las «normas aplicables a las entidades financieras, siempre que influyan significativamente en la estabilidad de las entidades y los mercados financieros», un requisito que cumpliría la nueva tasa, como advirtió el vicepresidente del supervisor europeo, Luis de Guindos, recientemente. También es algo que tienen presente los legisladores, ya que han incluido una deducción del impuesto en el caso de que las entidades vean comprometida su rentabilidad por tener que abonar esta cuota.

Tal y como figura en el escrito publicado por el Senado, la Mesa del Congreso de los Diputados tomó la decisión de pedir al Banco de España que trasladara esta solicitud al BCE cinco días después de que fuera impulsado por el hemiciclo, el 26 de noviembre y registrado por la Cámara Alta el jueves 28. Fuentes del órgano presidido por Christine Lagarde confirman a elEconomista.es que han recibido la petición de José Luis Escrivá y ya trabajan en el dictamen, sin que se les haya impuesto ninguna fecha límite por parte de España. Los países pueden establecer un plazo para que el BCE se pronuncie, que solo puede ser inferior a un mes en supuestos de urgencia (rasgo con el que se ha calificado el proyecto desde el inicio de su tramitación), por lo que la opinión podría emitirse antes de final de año pero los grupos políticos ya no tendrían oportunidad de proponer cambios de acuerdo a lo que se señale, ya que el plazo de enmiendas se cerró el pasado miércoles.

Esto significa que el Gobierno se ha saltado todas las precauciones a las que mandata la decisión. «[Los Estados] velarán por porque el BCE sea consultado en una fase apropiada, de manera que la autoridad que haya tomado la iniciativa del proyecto de la disposición legal pueda tener en cuenta el dictamen del BCE antes de adoptar una decisión sobre el contenido del citado proyecto y asimismo, velarán por que el dictamen recibido del BCE llegue a conocimiento de la autoridad responsable de aprobar el proyecto». En este caso, el Ministerio de Hacienda y los grupos que componen tanto el Congreso como el Senado. Las iniciativas para introducir cambios en el texto serán debatidas en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta hasta el 18 de diciembre, cuando tiene que volver a la Baja para que este respalde el diseño definitivo del impuesto a la banca. En función de la fecha en la que se reciba el informe, los grupos podrían orientar su voto y parar la norma respaldando el veto propuesto por Vox, pero ya no podrán presentar cambios o correcciones técnicas.

El expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, e inspector de Hacienda, Francisco de la Torre, muestra su sorpresa ante esta sucesión irregular de acontecimientos: «Si en la previsión de impuestos enviada a Bruselas estaba la tasa bancaria, no se entiende por qué no solicitaron el informe al BCE desde un principio o, al menos, el mismo día en que se aprobó en el Congreso».

No obstante, el BCE no tiene las manos atadas ante este menosprecio y puede presentar un recurso de incumplimiento contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dado que es el vehículo destinado a controlar que los Estados respeten las obligaciones recogidas en el derecho comunitario. Para ser más exactos, el Consejo de Gobierno del BCE puede presentar este recurso de incumplimiento contra el Banco de España mientras que la Comisión Europea sería la institución habilitada para emitirlo contra el Estado (ya se entienda como responsable al Gobierno o al Parlamento). Este paso abre una primera fase pre-contenciosa tras la que el TJUE puede fijar que se ha producido un incumplimiento y obligar a adoptar las medidas necesarias para ponerle fin.

Los expertos consultados apuntan a que este proceso podría llevar a la anulación o al menos, suspensión del impuesto, hasta que se adoptaran las medidas dictadas por el TJUE y que se presume, coincidirían con la postura expresada por el Banco Central Europeo en el informe que los parlamentarios no podrán tener en cuenta antes de aprobar definitivamente el nuevo impuesto. El mismo Tribunal suspendió, aunque por motivos diferentes, en el mes de mayo el tramo autonómico del impuesto especial sobre los hidrocarburos que aprobó el anterior titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. El TJUE calificó como ilegal este apartado y señaló que la legislación comunitaria se oponía a que la legislación nacional diera libertada a las regiones para establecer tipos diferentes para un mismo producto y función, lo que obligó a devolver 6.500 millones de euros.

Fuente: El Economista