La estimación conjunta de recaudación supera los 1.100 millones y, aunque el Gobierno la enmarca en un intento por impulsar la economía circular y baja en carbono, afecta de manera directa al bolsillo de la clase media y trabajadora.

El Gobierno ha aprobado la creación de dos nuevos impuestos: sobre los envases de plástico un sólo uso y el que gravará la incineración, coincineración y al depósito de residuos en vertedero. Ambas figuras aportarán algo más de 1.100 millones de euros, según las estimaciones de Hacienda, y su creación supone un nuevo paso en la incesante subida fiscal que está llevando a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que, una vez más, afecta de manera directa a la clase media y trabajadora.

La ministra Montero siempre trata de diferenciar entre los impuestos «con afán recaudatorio», y los que tratan de modificar conductas o cuidar el medioambiente para justificar su discurso de que no subirá impuestos a esos grupos de población. Pero las cifras ya apuntadas demuestran que también tienen un sensible peso en términos de recaudación.

En el caso de los plásticos, la figura introduce una tasa de 0,45 euros por kilogramos y el Gobierno prevé ingresar 491 millones de euros. A partir del 1 de enero de 2023, explica el Ministerio de Transición, «queda prohibida su distribución gratuita, debiéndose cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta».

El Ejecutivo también propone medidas para minimizar el uso de los plásticos de un solo uso, destacando el hecho de que «en los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento». Esto es, que bares y restaurantes estarán obligados a servir, por ejemplo, vasos de agua de manera gratuita.

La figura sobre los depósitos supone la creación a nivel estatal de una figura que ya existía en algunas comunidades, pero no en todas. Por ello, el Gobierno habla de una «falta de armonización» que considera que es necesario revertir con este impuesto que estima aportará casi 654 millones.

«Se articula como un tributo de carácter indirecto que recae sobre los residuos que se tratan mediante estas operaciones de gestión de residuos», y «se prevé la cesión del mismo a las Comunidades Autónomas».

El hecho imponible del impuesto, se explica en el Anteproyecto, «recae sobre la entrega de residuos para su eliminación en vertederos, para su eliminación o valorización energética en instalaciones de incineración o de coincineración, ya sean de titularidad pública o privada». Y los tipos varía entre los 40 y los 2 euros por tonelada métrica en función del tipo y origen del residuo.

ECONOMÍA CIRCULAR Y BAJA EN CARBONO

Con la imposición de estos dos nuevos impuestos verdes, el Gobierno pretende fomentar la reutilización de productos y reducir la cantidad de residuos que acaban en el vertedero, dos medidas para impulsar una economía circular y baja en carbono que permita conseguir el objetivo de llegar a ser un país neutro en emisiones en 2050.

El proyecto de Ley, que ahora deberá someterse a debate parlamentario, completa un paquete legislativo cuya tramitación comenzó hace un año, con la aprobación del anteproyecto de esta norma y de la Estrategia Española de Economía Circular (llamada España Circular 2030), y es parte también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España ha presentado a la Comisión Europea.

El ministerio de Teresa Ribera incide en que el objetivo final de esta nueva ley es establecer medidas para proteger la salud humana y el medio ambiente, ya que parte de los plásticos de un solo uso desechados así como los microplásticos que contienen algunos cosméticos y detergentes acaban en el campo y en el mar. El nuevo texto actualiza multas e incorpora nuevas infracciones por dejar basura en la naturaleza y por la quema de residuos.

Los recipientes de plástico de un solo uso destinados a conservar alimentos deberán reducirse a la mitad en 2025 y un 70% en 2030. Y desde 2023 estará prohibido distribuir envases de un solo uso de forma gratuita.

ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS PRODUCTOS

El texto contempla también el apoyo a la investigación y a la innovación, tanto en el diseño de los productos como en tecnologías de reciclado avanzadas. Así, se fomentará que los productos estén concebidos desde el inicio para que puedan ser reparados o reciclados para alargar su vida útil, y si tienen que ser desechados, que sean reciclables. Por otro lado, el diseño de las botellas de plástico (PET) deberán incluir material reciclado (un 25% en 2025 y un 30% en 2030).

Para alargar la vida útil de los productos, la ley establece objetivos obligatorios de reutilización y el estudio de medidas contra la obsolescencia programada.

El despilfarro de los alimentos es otro de los aspectos que abarca la norma, que pretende reducir a la mitad la cantidad de comida que cada ciudadano español tira a la basura y rebajar un 20% la pérdida de alimentos. Se fomentará asimismo la donación de comida o el aprovechamiento de los restos para producir piensos para animales o compost para cultivos o recuperación de suelos.

Naciones Unidas ha marcado como objetivo reducir a la mitad el desperdicio de comida en 2030. Según el último informe de su programa ambiental sobre desperdicio alimentario (The Food Waste Index Report 2021), el 17% de los alimentos disponibles para los consumidores (en hogares, restaurantes y comercios) se desecharon en 2019, lo que supone que un total de 931 millones de toneladas acabaron en la basura.

‘NO PROPICIA UN CAMBIO DE PARADIGMA’

En un comunicado, la organización ecologista Amigos de la Tierra ha lamentado que el texto aprobado «no esté a la altura de la crisis ecológica» y considera que no cumple ninguno de los dos objetivos que la vicepresidenta Ribera mencionó el lunes, día del reciclaje:ni propiciará un cambio de paradigma ni dota de las herramientas adecuadas para afrontar el reto que tenemos por delante.

Amigos de la Tierra considera «avances notables» aspectos como «la implantación de un canon al vertido y la incineración» pero critica que no se adopten medidas concretas para reducir la cantidad y la toxicidad de los residuos generados en nuestro país. Así, argumenta que aunque se incorporan las obligaciones de la Directiva europea (como prohibir algunos utensilios de un solo uso como vajilla y cubiertos de plásticos, pajitas o bastoncillos) no aborda el problema que suponen la mayoría de envases, plásticos de un solo uso que, según esta organización, deberían prohibirse, y otros productos que no se pueden reciclar, como las monodosis.

Fuente: ElMundo.es