A partir de ahí, el margen de aumento del gasto proyectado por el Ejecutivo irá reduciéndose progresivamente hasta el 2,4% para el año 2031.

Para ilustrar el impacto de estas cifras, Cuerpo destacó que el límite de incremento del gasto primario para los próximos cuatro años es del 3,4%, frente al 2,5% que se incrementó durante el último Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy. Es decir, estimó el ministro de Economía, que las nuevas reglas fiscales permitirán a España contar con un margen de gasto «6.000 millones de euros mayor con respecto al promedio de los años 2014 a 2018».

«Este plan garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas hacia adelante de manera compatible con el Estado del bienestar, la modernización de nuestra economía y garantizando un crecimiento económico sostenible y equilibrado», sostuvo ayer Cuerpo, que descartó hablar de «recortes».

Para aprovechar la posibilidad de ampliar de cuatro a siete años el periodo de ajustes, el Gobierno ha comprometido un paquete de reformas estructurales en materia de transición ecológica y digital, capital humano, productividad y medidas tributarias.

En concreto, en el ámbito de la reforma fiscal, el Gobierno ha comprometido con la Comisión Europea una subida de impuestos estructural de unos 0,3 puntos de PIB (unos 4.500 millones) que en su mayor parte entraría en vigor en 2025. El paquete, según concretó Cuerpo, incluye el compromiso ante la Unión Europea de convertir en permanentes los impuestos temporales a la banca y las compañías energéticas. Además, el Gobierno contabiliza aquí, sin detallarlas, las medidas que incorporará la reforma fiscal que Bruselas le exige a cambio del quinto desembolso de ayudas europeas Next Generation, que el ministro confía en solicitar antes de final de año. Finalmente, el Gobierno cuenta con el impacto positivo para las arcas públicas de culminar la retirada gradual de las rebajas fiscales a la factura energética y el IVA de los alimentos.

Este es el punto de partida de un ajuste fiscal anual, entre gastos e ingresos, de 0,4 puntos de PIB hasta 2031, lo que equivale a unos 6.000 millones de euros por ejercicio y a más de 42.000 millones en el conjunto del periodo (en realidad algo más porque el tamaño del PIB de referencia irá creciendo de los 1,48 billones de 2023 a 2 billones en 2030). Las cifras van en línea con lo estimado por la Autoridad Fiscal (Airef). El resultado esperado por el Gobierno es lograr un superávit fiscal primario en 2026 y encaminar la rebaja de la deuda pública al 76,8% del PIB para el año 2041, cumpliendo la exigencia de situarla en clara senda descendente a los 10 años de culminar el plan.

Un techo de gasto a siete años vista para reducir el déficit al 0,8% y la deuda al 90%
El Plan Fiscal Estructural, la estrategia de saneamiento de las cuentas públicas que el Gobierno envió anoche a la Comisión Europea es, según lo definen en el Ministerio de Economía, el equivalente al techo de gasto presupuestario anual pero para los próximos siete años. Es decir, que los compromisos adquiridos con la Unión Europea en términos de limitación del gasto público, reducción del déficit y la deuda pública no solo acotan el contenido del aún incierto plan presupuestario para 2025, sino que acotan el margen de actuación para las cuentas públicas de los próximos ejercicios.

El marco diseñado por el Ejecutivo pasa por ir reduciendo el límite al incremento del gasto primario neto desde el 3,7% en 2025 al 2,4% para 2031 (3% de media), en paralelo a la pérdida de empuje del crecimiento potencial del PIB, que pasará del 2% al 1,1% en el mismo periodo. El Gobierno solo podrá acometer incrementos mayores del gasto público en el caso de que apruebe medidas de ingresos estructurales proporcionales en paralelo. El margen, en todo caso, es mayor que el inicialmente previsto por la Comisión Europea, que había calculado una senda de referencia del gasto del 2,8%, pero que se ha abierto a ampliarla tras la revisión al alza del tamaño del PIB recientemente firmada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El modelo debe permitir ir rebajando el desequilibrio entre los ingresos y gastos públicos desde el límite comunitario del 3% del PIB en el que se espera concluir este año al 2,5% en 2025, el 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. Aunque el contenido formal del plan concluye a los cuatro años, España ha incluido en el documento una batería de reformas estructurales para diluir los ajustes en siete años, por lo que prevé continuar drenando el agujero fiscal al 1,5% en 2029, el 1,2% en 2030 y terminar situando el déficit en el 0,8% del PIB en 2031.

En paralelo, la deuda pública se irá reduciendo progresivamente del 102,5% en el que se prevé que culmine 2024 al 98,4% de 2027 y el 90,6% para 2031, cuando se acabaría por mejorar el peso del endeudamiento público registrado antes del estallido de la pandemia. En todo caso, lo que las nuevas reglas fiscales exigen es que la consecución del plan garantice que deuda pública se sitúa en una senda descendente creíble 10 años después de la culminación del plan, algo que el Gobierno confía en lograr con esta estrategia, para rebajar el endeudamiento al 76,8% del PIB en 2041, relativamente cerca ya del límite comunitario del 60% del PIB.

«El envío a Bruselas del Plan Fiscal Estructural supone el marco paraguas de medio plazo», explicó ayer el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, matizando que las medidas concretas que permitirán la consecución de estas sendas se terminarán de configurar en el plan presupuestario de cada año.

Paradójicamente, sin embargo, el Gobierno no tiene claras aún ni siquiera las medidas concretas con las que cumplirá su palabra en 2025, pues su minoría parlamentaria le ha impedido sacar adelante una senda fiscal o presentar el proyecto presupuestario en tiempo y forma. Bruselas, de hecho, eximió al país de su obligación de presentar ayer el plan presupuestario anual, dándole margen adicional para detallarle el contenido de las nuevas cuentas o confirmar una nueva prórroga de las de 2023.

Conviene recordar que el Congreso ya tumbó en julio al Gobierno una senda fiscal similar a la presentada ayer y que en septiembre retiró la misma in extremis ante la amenaza de Junts de volver a votar en contra junto a PP y Vox. Cuerpo sostuvo ayer que los compromisos de déficit comunicados a Bruselas son compatibles con la negociación abierta con el partido de Carles Puigdemont, pues no está en liza el cómputo global del 2,5% para 2025 sino el reparto del esfuerzo entre administraciones.

Bruselas tiene previsto evaluar los planes fiscales recibidos a finales de noviembre, entorno hacia el que el Gobierno aspira a definir plan presupuestario (una vez concluyan los congresos de Junts y ERC).

De cualquier modo, el plan será revisado año a año; las desviaciones serán computadas en una cuenta a compensar en el periodo; y el Gobierno de turno deberá volver a presentar un nuevo plan plurianual actualizado dentro de cuatro años (mientras que un nuevo Ejecutivo constituido antes lo que podría es optar a solicitar modificaciones sobre el documento enviado ayer).

Fuente: Expansión