El Ministerio de Hacienda ya prepara la futura ley que permitirá al fisco conocer todas las monedas virtuales y cualquier otro tipo de criptoactivos que tienen los contribuyentes en el extranjero, ya sea en la UE o en un país tercero. Asimismo, también modificará en esta misma norma la Ley General Tributaria para poder embargar las criptomonedas para cobrar deudas de los contribuyentes, como ya avanzó este diario. También permitirá embargar cualquier otro bien o derecho que personas o empresas tengan más allá de los tradicionales bancos, como en entidades de pago o entidades de dinero electrónico.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley para sacar adelante estos cambios, que inicia ahora la fase de consulta pública previa para recabar la postura de los afectados. La Directiva europea relativa a la cooperación administrativa en materia de fiscalidad, más conocida como DAC8 , obliga a los Estados miembros a adaptar su normativa para conocer todas las transacciones que hacen los contribuyentes europeos con criptoactivos con el objetivo de evitar el fraude fiscal, es decir, que no tributen por ellos. Los cambios deben entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2026. La UE prevé que esta medida permitirá recaudar unos 2.400 millones de euros más en el conjunto de países.
Los proveedores de activos digitales estarán obligados a informar sobre sus usuarios de forma electrónica a las correspondientes Agencias Tributarias del país del contribuyente. Para ello, las autoridades españolas alcanzarán acuerdos internacionales con terceros países fuera de la UE para facilitar el intercambio de información. La Directiva europea impone conocer la tenencia de cualquier tipo de activo en el extranjero ya sea criptomonedas, dinero electrónico, divisas estables (stablecoins) o token no fungibles, más conocidos por sus siglas en inglés, NFT.
Por otro lado, la futura ley también modificará la Ley General Tributaria para reconocer de manera expresa a las criptomonedas entre los bienes susceptibles de sufrir embargos, así como a los bienes y derechos situados en entidades de pago y dinero electrónico. «Una medida que es una respuesta a la rápida evolución de los servicios bancarios y de pago y de los medios de pago, entre las que están las tecnologías de registro de criptoactivos», según informa este martes el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado.