Valerio apuesta por gravar a las tecnológicas y a la banca para complementar las cotizaciones. Estudia transferencias del Estado al Sistema para compensar las reducciones y tarifas planas.

A la espera de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la receta del Gobierno para garantizar la sostenibilidad del deficitario sistema de las pensiones pasa por complementar los insuficientes ingresos por cotizaciones con impuestos para sufragar el gasto de una nómina que roza ya los 9.000 millones de euros mensuales. Para empezar, el Ejecutivo contempla un impuesto a la banca, una tasa a las transacciones financieras y otra a las empresas tecnológicas. Pero además, los socialistas no descartan subir los impuestos generales, según adelantó ayer la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, al término de la reunión que mantuvo con los agentes sociales y el presidente Pedro Sánchez.

Fue un encuentro a seis. La primera visita que recibió el nuevo anfitrión en el Palacio de La Moncloa, prueba de la importancia que quiere dar Sánchez al diálogo social en esta legislatura. Y las pensiones fueron uno de los temas centrales de las conversaciones que mantuvieron el jefe del Gobierno y su ministra con los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Todos coincidieron en que la Seguridad Social tiene un problema de ingresos y, a partir de ahí, plantearon posibles soluciones. Entre ellas, el Ejecutivo se mostró abierto a engordar los ingresos del sistema vía Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este sentido, los responsables del Gobierno retomaron varias propuestas presentadas hace unos meses por el PSOE para conseguir más ingresos, como la implantación de un impuesto a la banca –por el que se podrían recaudar entre 800 y 1.000 millones de euros al año, según cálculos del Ejecutivo– y una tasa a las transacciones financieras. Todo ello complementado con mejoras salariales que fortalezcan las cotizaciones de los trabajadores.

Además, en la rueda de prensa posterior, Valerio se mostró partidaria de adoptar una medida planteada por el anterior Gobierno del PP, la denominada tasa Google, el impuesto a las grandes empresas tecnológicas con el que se recaudarían 600 millones de euros este año y otros 1.500 millones en 2019, según estimaba el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Pero la titular de la cartera de Trabajo fue más allá y habló de aumentar los ingresos incluso “con imposición general”. No añadió detalles ni concretó si esta subida afectaría al consumo (IVA), a las rentas del trabajo (IRPF) o a los beneficios empresariales (Sociedades). “Lo tendremos que ver, sentarnos y dialogar”, se limitó a decir.

La ministra comentó asimismo que las reducciones de cuotas y las tarifas planas suponen una merma de los ingresos de la tesorería de la Seguridad Social, por lo que el Gobierno está estudiando llevar a cabo transferencias del Estado al sistema de pensiones para compensar esa pérdida de recaudación. Y, en esta línea, llevará a cabo un estudio “en profundidad” de la utilidad y eficiencia de todas las bonificaciones, reducciones y tarifas planas que existen en la actualidad.

Esas serían, en líneas generales, las medidas que pretende adoptar el nuevo Gobierno, sabedor de que, desde su situación de debilidad parlamentaria, no puede llevar a cabo grandes modificaciones legislativas ni derogar la reforma de las pensiones que aprobó el PP en 2013, como le piden los sindicatos, para quienes es una “condición necesaria”.

Por el momento, y mientras cesa la presión de los pensionistas en las calles, el Ejecutivo buscará consensos para mejorar la estructura de ingresos del sistema. “Creo que están las bases sentadas para llegar a un acuerdo, propiciando el diálogo social y el consenso en el Pacto de Toledo”, dijo ayer la ministra, quien aplaudió el “principio de acuerdo” para subir las pensiones con la inflación en épocas de crecimiento, aunque “quedan flecos”, como la introducción de criterios como el crecimiento del PIB o de los salarios en la actualización de las prestaciones.

Fuente: ElEconomista.es