Hacienda prepara nuevos impuestos a los vuelos. El Ejecutivo elevará las bases máximas de cotización y numerosos tributos. Sólo el 4% de contribuyentes rebasa los 60.000 euros de base liquidable en IRPF.

Mayor IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros, subida de las bases máximas de cotización, armonización autonómica de los impuestos de Sucesiones y Donaciones así como de Patrimonio, subidas en la fiscalidad de la vivienda y tributos a los vuelos. Son sólo algunas de las medidas que prepara el Ejecutivo sociocomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y todas ellas sobregravan a colectivos de rentas altas -que no millonarios-, es decir, a directivos, profesionales de alto nivel y ejecutivos. Es la cruzada del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos encubierta en su reforma tributaria. En resumen, encarece la fiscalidad que más afecta a profesionales de alto nivel: los que tienen más patrimonio, sueldos más altos, viajan más en avión por trabajo y acceden a vehículos o alquileres más altos.

Se trata de unas medidas que, como explican los expertos consultados por elEconomista, tiene una dudosa eficacia recaudatoria, ya que muy pocos contribuyentes -sólo el 0,5% de declarantes por IRPF tienen una base liquidable general por encima de 150.000 euros- están en esos tramos de ingresos y, además, precisamente quienes se encuentran en esos niveles de renta tienen más virtualidad para mover sus ingresos de país o hecho recaudatorio para minorar su factura fiscal.

Así, prevé elevar el tipo del IRPF en dos puntos (al 24,5%) a partir de 130.000 euros y en cuatro (hasta el 26,5%) desde los 300.000 euros. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero, aboga por una armonización (subida) de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones en aquellas autonomías donde están más bonificados o son menos gravosos. Además, en materia de vivienda, en virtud de la transposición de normativa europea, se arbitra un cambio en la base imponible de los inmuebles pasando a tenerse en cuenta el valor de mercado estimado y no el reflejado en la escritura, lo que eleva la cuantía a pagar. Ello añadido a que el Gobierno también planea penalizar los alquileres más altos, aquellos a los que acceden los colectivos de mayor renta.

Por otra parte, en materia de cotizaciones se practicará una subida en el entorno del 3% de las bases máximas, pasando de 4.070 a 4.184 euros el citado tope.

Sobre el impuesto a los vuelos aún no hay desarrollo normativo, pero es una nuevas figura que engrosarán la factura fiscal de los ejecutivos y altos profesionales, aún no se sabe en cuánto porque, como explican desde el REAF (Registro de Economistas y Asesores Fiscales) a este diario «aún hay mucha inconcreción sobre las medidas tributarias del nuevo Gobierno».

A esto se añade una retirada paulatina de los incentivos fiscales a los planes de pensiones que minará las aportaciones, al hacer menos atractivo este producto para la previsión social complementaria del que ya se venía criticando lo poco alentado que estaba en España, al sólo recibir un diferimiento fiscal y no una ventaja real.

También en el paquete de fiscalidad verde se esperan medidas que sobregraven a los empresarios al buscarse una equiparación del diésel y la gasolina, y medidas con criterio medioambiental que puedan afectar a todos los colectivos.

Por otra parte, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) y la tasa a las transacciones financieras serán finalmente repercutidos al consumidor último. De hecho, del primero se calcula que el ciudadano de a pie acabará pagando un tercio, según el informe Impacto Económico del Impuesto Digital en España del economista Javier Santacruz.

Sobre esta sobrecarga tributaria se pronuncia para elEconomista el profesor de Finanzas Juan Fernando Robles, quien indica que «las subidas fiscales que plantea el Gobierno son procíclicas, es decir, deprimirán más el crecimiento y la economía, con el posible efecto de esterilizar el incremento de recaudación al reducirla en todos los tributos». Dentro del segmento de rentas altas se encuentran los directivos de empresas, explica Robles, para reflexionar después que «un incremento de la fiscalidad a este colectivo resta atractivo a nuestro país como receptor de inversión extranjera, fomenta la deslocalización empresarial y ataca la creación de empleo, puesto que las empresas para retener a sus directivos pueden decidir congelar o reducir otros segmentos de contratación de personal para evitar movilidad en puestos clave».

En plena alerta sanitaria

En un momento de clara desaceleración, con el problema añadido del coronavirus y con los indicadores macro a la baja, no tiene ningún sentido cargar las tintas sobre incrementos fiscales, razona Robles, quien critica que se opte por atacar la actividad empresarial, no solo gravando más a las sociedades, sino con el punto de mira puesto en sus directivos con una política que desincentiva la actividad empresarial replicando modelos que han sido implantados en otros países con escaso o nulo efecto. De hecho, concluye que «generar malestar, movilidad e incomodidad en este colectivo solo puede traer la perdida de capital humano e intelectual valioso para la economía nacional, máxime cuando «el daño que se puede crear no compensa la exigua recaudación que aportan estas medidas».

Sólo el 4% ingresa más de 60.000 euros

Según los datos de la Agencia Tributaria, sólo el 4% de los declarantes por IRPF tiene una base liquidable general superior a los 60.000 euros. En concreto, entre 60.000 y 150.000 hay 689.353 contribuyentes; entre 150.000 y 601.000, hay 90.238  declarantes; y a partir de 601.000 hay 9.344, sobre un total de 19.913.239 declaraciones en el Impuesto sobre la Renta. Ello significa que el Gobierno prevé elevar la recaudación incidiendo en 788.935 contribuyentes. Por ello los economistas siempre muestran cautela ante medidas de este tipo que pueden minar la actividad y, por ende, la recaudación en mayor medida que los ingresos extra previstos.

Fuente: ElEconomista.es