El Ministerio de Hacienda no va a crear un impuesto con el que financiar las pensiones, ya que el Gobierno confía en que el incremento en cotizaciones que se deriva del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); la creación de empleo; y la negociación política en el Pacto de Toledo asegurarán la viabilidad de la Seguridad Social.

De esta manera, el Ejecutivo de Sánchez desoye las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que, tal y como publicó ayer este periódico, advierte de que el sistema de la Seguridad Social acumula desde 2010 unas ingentes pérdidas por valor de 100.000 millones de euros. Ante la magnitud de estas cifras y las evidentes dificultades, el organismo recomienda que el déficit se cubra con «transferencias corrientes», esto es, que se pague con impuestos, y «no con nuevos préstamos».

Sin embargo, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, trató ayer de limitar la trascendencia del informe del organismo, y apuntó que el documento hace referencia al año 2017. Desde entonces, defendió Montero, el Gobierno ha ido tomando decisiones para corregir esta situación y en especial, afirmó, el Ejecutivo de Sánchez. «El Gobierno ha llevado a cabo medidas desde el primer día. Se incrementó el SMI, que a su vez aumento la contribución, y también se han incrementado la cotización máximas», explicó tras visitar la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.

Para blindar las pensiones es imprescindible «crear empleo de calidad», prosiguió Montero, quien recordó que «se han incrementado un 11% las cotizaciones a la Seguridad Social en lo que llevamos de año» y que resultará vital «intensificar el compromiso con las fuerzas en el Pacto de Toledo». Y a todo ello añadió que es necesario «pasar parte del coste de la Seguridad social a los Presupuestos», esto es, que algunas partidas como pueden ser los costes de funcionamientos del propio organismo, o las pensiones de orfandad y viudedad puedan pasar, en parte o totalmente, a depender de la Presupuestos General del Estado.

Pero Montero no señaló en ningún caso la posibilidad apuntada por el Tribuna de Cuentas, y fuentes del Ministerio añaden que la política fiscal del Gobierno es la recogida en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas. En este documento, efectivamente, no se contempla la creación de una figura finalista -posibilidad que sí se barajó en los primeros meses del mandato de Sánchez-, y se apuntan las vías de financiación señaladas por la ministra.

Asimismo, se señalan algunas cifras como, por ejemplo, «la subida del SMI contribuye también a la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, dado que a través del incremento de las bases mínimas de cotización, generará un significativo aumento de las cotizaciones sociales, estimado en unos 1.339 millones».

Pero, en todo caso, tanto estas cifras como los incrementos de ingresos apuntados por Montero se antojan insuficientes teniendo en cuenta, por una parte, lo advertido por el Tribunal de Cuentas; y, por otro, que el Gobierno quiere ligar a toda costa las pensiones al IPC, lo que aumentará todavía más la presión sobre el sistema.

Por otra parte, la responsable de Hacienda también negó que se vaya a producir una subida «inminente» del impuesto que grava el diésel. La responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró la pasada semana que el Gobierno retomaría «con la mayor diligencia» este incremento, pero Montero corrigió a su compañera de Gobierno y afirmó que «no se trata de que [la subida] sea inminente para 2019» ya que es necesario «tiempo» para que la medida pueda entrar en vigor.

Fuente: ElMundo.es