Las primeras declaraciones del IVA se tienen que hacer la próxima semana. Empresas y fiscalistas reclaman desde hace días retrasar las liquidaciones. La Agencia Tributaria mantiene todavía el calendario de presentaciones.

El Gobierno estudia el aplazamiento de las declaraciones y la liquidación de algunos de los principales impuestos para empresas y autónomos ante las citas tributarias que se aproximan las próximas semanas. El próximo 30 de marzo vence el plazo para liquidar el IVA y abril será el turno de las autoliquidaciones del primer trimestre de retenciones del IRPF e Impuesto de Sociedades. Desde el comienzo de la crisis, asociaciones empresariales y fiscalistas han pedido al Ejecutivo adoptar esta medida.

El primer Real Decreto de emergencia contra el coronavirus solo dio un respiro a pequeñas pymes y autónomos con las obligaciones tributarias. El Gobierno concedió un aplazamiento en el pago de impuestos solo para aquellas empresas y autónomos con un volumen de facturación inferior a seis millones de euros anual y hasta un máximo de 30.000 euros. Pero la situación por el coronavirus desde el pasado 13 de marzo se ha agravado y el calendario tributario para empresas y autónomos sigue corriendo y la próxima semana se enfrentan a la primera gran fecha que marca la Agencia Tributaria para realizar las declaraciones de IVA de febrero, en mitad de una paralización física de la Administración, como consecuencia de las medidas adoptadas para frenar la epidemia.

El Gobierno tiene encima de la mesa aprobar el aplazamiento de las declaraciones y autoliquidaciones que afectan a empresas y autónomos, según informan fuentes del sector privado que mantienen estos días contacto con el Ejecutivo. Desde asociaciones fiscales a empresariales, están defendiendo desde el principio de la crisis, que manera temporal se retrasen la presentación de las declaraciones de los principales impuestos, más allá de las medidas adoptadas para pymes y autónomos y en línea a la moratoria para afectados por el coronavirus en las hipotecas.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que de las primeras medidas que adoptó el Gobierno fue apoyar a pymes y autónomo, «aplazando el pago de IVA e IRPF». Y ha añadido que no pagarán intereses.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) reclama diferir impuestos para paliar los déficits de liquidez de las empresas en Impuesto sobre Sociedades, IVA, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Los asesores fiscales echan en falta «sensibilidad a la hora de entender el posible incumplimiento forzado de obligaciones tributarias como consecuencia de la situación tan extraordinaria en la que nos encontramos, sensibilidad que sí ha quedado demostrada al abordarse posibles situaciones de fuerza mayor en los ámbitos del derecho civil, administrativo, o laboral».

Gran parte de las gestiones tributarias se hacen vía telemática, pero los gestores denuncian que la actual situación de confinamiento ralentiza la comunicación entre los despachos profesionales que tramitan las declaraciones y las empresas. Muchos contribuyentes necesitan desplazarse para proporcionar los datos a los gestores. «Esto va a resultar muy difícil, puesto que la mayoría de firmas legales y de asesoramiento fiscal están ya utilizando el teletrabajo, siguiendo las recomendaciones del Gobierno», explican desde AEDAF.

Este tipo de medida ya ha sido adoptada por varios países del entorno europeo dentro de los paquetes de de urgencia aprobados. Alemania, Italia, Portugal o Grecia han optado ya por aplazar los plazos para presentar autoliquidaciones en IRPF e IVA para dotar de liquidez al tejido productivo.

Desde la patronal catalana Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, la semana pasada envió una carta al Gobierno demandando el aplazamiento del pago de impuestos en tres meses «con independencia de su importe y sujetos que la realicen; sin intereses y que la cantidad aplazada pudiera ser fraccionada en los seis primeros meses».

En esta línea también se manifestó los fiscalistas del Consejo General de Economistas al considerar necesario ampliar el plazo de las autoliquidaciones y agilizar aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias para empresas que no se consideran pymes , En concreto apuntaban a la modificación del plazo de presentación del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio de 2019, así como para la declaración del Impuesto sobre Sociedades para ejercicios iniciados en 2019.

Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, «en nuestro país existen muchas empresas que, aunque continúan en funcionamiento, lo están haciendo a un menor nivel y que, además, cuentan con fondos de maniobra muy limitados, por lo que también deberían recibir apoyos por parte del Gobierno, como, por ejemplo, aplazando el pago del próximo 30 de marzo del IVA y de las cuotas a la Seguridad Social, así como los pagos fraccionados de Sociedades, las retenciones del IRPF y el IVA, que habrán de hacerse en abril». Estás medidas temporales «podrían ser asumibles por el Estado», comenta Pich, quien ha recalcado que «no estamos hablando de condonación, sino de aplazamiento; ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias».

De momento, la Agencia Tributaria no se ha manifestado oficialmente sobre si el período que dure el estado de alarma computará a efectos de plazos de duración máxima de procedimientos, de caducidad o de prescripción. De hecho, el Ministerio de Hacienda mantiene para el próximo día 1 de abril el inicio de la campaña de la Renta y Patrimonio de 2019, que finalizará el 30 de junio.

Fuente: ElEconomista.es