El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil para aquellos lugares de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón que se han visto más golpeados por la DANA, así como un decreto ley de urgencia en el que se recopilen con ayudas económicas, laborales y fiscales para los afectados. Así lo confirmó ayer en rueda de prensa el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tras reunirse en el Congreso con los grupos parlamentarios para informar de la situación de la DANA.

La primera medida será dar luz verde a lo que antes se conocía como declaración de zona catastrófica para canalizar las ayudas del Estado destinadas a reconstruir las zonas afectadas por la DANA y dar una «respuesta inmediata a la tragedia», ha asegurado. Y, en paralelo, se aprobará el decreto ley de urgencia que incluirá «medidas de respuesta inmediata a esa tragedia», aunque las medidas aún no se han acabado de cerrar.

Bolaños trasladó sendas iniciativas a los diferentes grupos parlamentarios con los que se reunió –Vox ha desdeñado la convocatoria– y, a su juicio, «todos» se mostraron «predispuestos» a aprobar dicho decreto, incluyendo al PP.

Según han trasladado fuentes gubernamentales, también se constituirá una comisión interministerial para coordinar los trabajos de todos los ministerios en colaboración constante con el Gobierno valenciano. Desde Hacienda se autorizará a la Generalitat valenciana la posibilidad de realizar «todos los gastos de urgencia que necesite sin límite alguno de recursos», permitiendo además a la Comunidad incumplir los objetivos de déficit por el desastre de la DANA.

La Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón ha solicitado oficialmente al Gobierno central un primer paquete de ayudas por valor de 31.402 millones de euros destinadas a los afectados por la DANA y la reconstrucción de urgencia de la zona de la provincia de Valencia duramente golpeada por la tragedia. Una cifra que es prácticamente el presupuesto consolidado del Gobierno valenciano para este ejercicio: 31.521 millones.

El Ejecutivo está en comunicación con la Comisión Europea y se han iniciado los trámites para solicitar la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad -cuyo primer pago será de solo 50 millones- y la utilización de otros recursos de apoyo comunitario provenientes de la Unión Europea. Previsiblemente, el paquete de medidas económicas incluirá actuaciones en materia fiscal, si bien desde Hacienda matizan que más adelante se podrían aprobar más decisiones, ya que lo importante ahora es atender las urgencias de los afectados.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo llevará este martes al Consejo de Ministros una serie de medidas destinadas a la protección de las personas trabajadoras afectadas por la DANA, que pasan por prohibir el despido y ofrecer permisos retribuidos en determinadas situaciones, así como priorizar el uso del teletrabajo.

La ministra del ramo, Yolanda Díaz, ha señalado que todas las normas de este ‘escudo laboral’ que se aprobarán en el Consejo de Ministros de mañana van a tener efectos jurídicos desde el día de la catástrofe, el martes 29 de octubre. Además, ha indicado que las medidas no se van a circunscribir a los municipios afectados, porque «las actividades productivas no dependen del código postal ni de limitaciones geográficas».

Desde Trabajo han desaconsejado los desplazamientos y señalan que el teletrabajo será la forma de trabajo preferente y, en caso de no ser posible, han eximido a los trabajadores de ir a trabajar, considerándose ausencias justificadas las de aquellas personas que se encuentren en las siguientes situaciones:

– Cuando el desplazamiento pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los trabajadores o interfiera en labores de rescate y recuperación de las zonas afectadas.

– Cuando los trabajadores necesiten atender a familiares desaparecidos o hacerse cargo del fallecimiento de los mismos.

– Cuando, como consecuencia de la pérdida de sus viviendas o enseres, no estén en disposición de acudir a su puesto de trabajo.

– Cuando, como consecuencia del cierre de colegios, residencias o servicios públicos en general, tengan que hacer frente a necesidades de cuidados de familiares.

La ministra ha indicado que en estos supuestos, todas las personas trabajadoras podrán ausentarse y acogerse a permisos retribuidos, mientras que desde el Ministerio han recalcado que, en caso de que la empresa imponga cualquier tipo de consecuencia negativa por no acudir al trabajo, será considerada nula.

Yolanda Díaz ha señalado que los ERTE previstos en la reforma laboral están a disposición de las empresas, sin requisito de cotización previa. «Van a estar amparados, que no tengan temor», ha señalado, dejando claro que no consumirán desempleo.

Adicionalmente, Díaz ha indicado que se recuperará el ‘Plan Me Cuida’ que se desarrolló durante la pandemia del Covid-19, con reducciones de jornada para cuidados, donde se contempla la reducción de hasta el 100% de la jornada laboral para conciliar. «Este plan contempla todas las posibilidades de adaptación de jornada (…). La prevalencia de la definición de la misma la tiene el trabajador», ha recalcado Díaz.

Para los empresarios, Díaz ha indicado que tendrá el mismo mecanismo de protección en relación a las cotizaciones sociales que tuvieron durante la pandemia y, además, se incorporará un cúmulo de medidas que tienen que ver con los plazos de cotizaciones sociales, de liquidaciones o de cuotas, al igual que el mecanismo desarrollado durante el Covid-19.

Los autónomos que pidan prestación no precisarán el mínimo cotizado
En materia de Seguridad Social, el Ministerio ha avanzado que los trabajadores autónomos afectados por la DANA podrán solicitar la prestación por cese de actividad por fuerza mayor ante su mutua sin necesidad de contar con la cotización mínima exigida para poder acceder a ella. Dentro del paquete de medidas económicas se incluirá precisamente esa situación especial del cese de actividad en la que no se requiere periodo de carencia, que normalmente es de 12 meses cotizados.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informa de las medidas de protección disponibles para trabajadores, empresas y ciudadanía, y las mejoras que se deben aprobar para hacer frente a la catástrofe de la DANA. Dicha situación especial contempla además que los días de prestación consumidos no se computen de cara a situaciones futuras, lo que se denomina contador a cero. Además, este periodo se les computará como cotizado. La cuantía de la prestación alcanza el 70% de la base reguladora.

Según han informado al Ministerio, las mutuas también reforzarán la difusión de los pasos para solicitar el cese de actividad, con el objetivo de hacer llegar esta información a los autónomos afectados de la zona. Seguridad Social recuerda que, desde la reforma laboral, se permite proteger a trabajadores y al tejido productivo en situaciones de crisis y emergencias como la DANA mediante un ERTE por fuerza mayor, pudiendo la empresa suspender temporalmente la relación laboral o reducir la jornada.

Esta medida cuenta con una exención del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresa y trabajadores y cualquier trabajador puede acogerse sin consumir la prestación por desempleo. Se solicita en el SEPE o llamando al 060.

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), Seguridad Social recuerda que los ciudadanos pueden informarse en el teléfono 900 20 22 22. Además, este lunes se ha puesto en marcha el teléfono corto 020, con un 40% más de plantilla.

Desde Economía ya anticipan que los primeros pagos de las aseguradoras a los afectados por la DANA llegarán a finales de esta misma semana. En solo cinco días se han registrado 46.000 solicitudes de indemnización y se han desplegado más de 400 peritos en la zona afectada.

Hasta el momento, el Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Economía ya está tramitando 18.000 solicitudes de indemnización por de los afectados por la DANA, lo que supone cerca del 40% de peticiones.

Fuente: El Economista