El Gobierno aprovecha el trámite de enmiendas al impuesto temporal a la banca para corregir la discriminación que suponía dejar fuera a las entidades extranjeras extendiendoles el recargo y para atender las quejas del PNV, abriendo la participación en el tributo al País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

El PSOE, partido que sustenta al Ejecutivo, y Unidas Podemos han propuesto que la tasa sea exigible «exclusivamente a los grandes operadores con base a dos criterios»: que estén bajo supervisión directa del Banco Central Europeo (BCE), incluidas las sucursales de entidades extranjeras que operen en el país; o sus ingresos del ejercicio 2019 fuesen de, al menos, 800 millones de euros.

Se soslaya así uno de los aspectos más polémicos de un tributo con el que el Gobierno quiere recaudar 3.000 millones de euros en dos años ya que había dejado en desventaja a la banca nacional frente a entidades como ING o Deutsche Bank, con independencia de su negocio o tamaño.

El sector puso el grito en el cielo por temor a que limitase su capacidad competitiva abriendo una ventana de oportunidad a las entidades eximidas para arañar negocio con mejores ofertas comerciales y esta peculiaridad en su diseño abonó además los argumentos de inconstitucionalidad de la nueva figura para la formulación ulterior de recursos en contra.

La inclusión ahora de las entidades extranjeras resultará además general, sin distinción por su ingresos o negocio en España ya que aplicará la regla de que estén sujetas a supervisión directa por el BCE, «con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones».

Las enmiendas acordadas por PSOE y Unidas Podemos hacen un guiño al socio de Gobierno PNV con una modificación al texto original para garantizar el Concierto Vasco preveiendo la participación en la futura recaudación de Navarra y País Vasco, y lo convierten un tributo finalista para solventar uno de los numerosos reparos del BCE al tributo.

Su propuesta es que la redacción exprese que «la prestación se ingresará en el Tesoro Público y sus ingresos estarán afectos a unos determinados fines».

El organismo liderado por Christine Lagarde incluyó entre sus peticiones que haya una «clara separación entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general».

Se trata, en cualquier caso, de correcciones mínimas frente a las quejas del sector, que está decidido a recurrir el cobro del tributo, y confiaba en que el informe del BCE ayudase a suavizar su impacto.

El organismo arremetió contra el gravamen, advirtiendo que podría dañar la rentabilidad del sector, perjudicará al flujo del crédito cuando la economía se está frenando o que entorpecería la transmisión de la política monetaria. El BCE criticó además que prohíba a las entidades repercutirlo cuando es una exigencia de la normativa bancaria aplicable.

La tasa fija un tipo del 4,8% sobre los ingresos de la banca (margen de intereses y comisiones) sobre los beneficios del ejercicio 2022 y 2023 (1.500 millones de recaudación cada año). Las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos remarcan que tendrá que abonarse un 50% de forma anticipada en septiembre y que «ni la prestación ni el pago anticipado son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades».

Fuente: El Economista