Diseñar ayudas directas y finalistas únicamente para los hogares de rentas más bajas, huir de los topes a los precios y evitar reducciones generales de impuestos. Son algunas de las recetas que sugiere el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los países avanzados a la hora de plantear los diferentes escudos anticrisis desplegados para hacer frente a la ola inflacionista. Por lo pronto, las recomendaciones que el fondo deja sobre la mesa son contrarias a las que han desplegado hasta la fecha varios países, incluyendo España.

El FMI, de entrada, cree que es un error que los gobiernos intenten limitar o aminorar el aumento global de los precios a escala nacional, ya sea mediante bajadas impositivas, topes o subsidios directos sobre determinados productos, tal y como ha hecho España en el caso de las gasolinas o el tope para el gas. Estas medidas, en opinión del FMI, crean presiones extra sobre las finanzas públicas y maquillan la realidad económica.

Por eso, explica el organismo en un documento publicado este martes, «los encargados de formular estas políticas deberían permitir que los altos precios globales se trasladen a las economías nacionales mientras se protege a los hogares vulnerables afectados por los aumentos». En última instancia, añade, este planteamiento es «menos costoso que mantener los precios artificialmente bajos para todos, independientemente de su capacidad de pago». En paralelo, además, que la energía registre precios elevado fomentará un uso eficiente de la misma, así como mayores inversiones en la transición verde.

En países como España, el FMI insta a servirse de las «transferencias de efectivo temporales y específicas para mitigar el impacto en los grupos vulnerables y de bajos ingresos». En concreto, sería más aconsejable optar por unas subvenciones que sean independientes del consumo de energía y alimentos con el objetivo de no distorsionar los precios relativos. Una posible fórmula para ello es basarse en los programas sociales y mecanismos ya existentes, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Lo que el fondo tiene claro, en cualquier caso, es que las ayudas generales al conjunto de usuarios no deben tener cabida.

En este punto, añade el organismo que dirige Kristalina Gueorguieva, los sistemas impositivos también pueden servir para brindar alivio a los hogares vulnerables, por ejemplo, utilizando créditos fiscales reembolsables. En relación a los precios de la energía, el FMI también propone otras medidas temporales que dependen de los proveedores de servicios públicos. Por ejemplo, explica, «al combinar la información sobre los ingresos de los hogares con la información sobre las facturas de los servicios públicos, los gobiernos pueden ofrecer descuentos a quienes se encuentran por debajo de un cierto umbral de ingresos». Es una solución «progresiva y menos distorsionadora».

En el apartado impositivo, el FMI recalca que «no es aconsejable reducir los impuestos sobre la energía y los alimentos» dada la pérdida recaudatoria que estos cambios ocasionarían. Tampoco debería producirse ninguna bajada impositiva genérica, ya que se brindaría apoyo a todos por igual —incluyendo a los hogares más ricos— y los ingresos públicos acabarían dañados. Eso sí, insiste el fondo, la recaudación adicional fruto de la elevada inflación debería utilizarse para «brindar apoyo específico» únicamente a los «hogares vulnerables».

Tampoco deben olvidarse las ganancias excesivas de determinadas empresas, principalmente las eléctricas y energéticas. En este punto, el fondo propone un impuesto centrado en estas rentas extraordinarias que sirva para apoyar la cohesión social al centrar el tiro en las compañías con beneficios inesperados y no en aquellas «empresas (y sus trabajadores) que se ven gravemente afectadas y obtienen ganancias normales o incluso incurren en pérdidas».

Las recomendaciones del FMI se producen en un momento en el que España estudia cómo prorrogar durante el verano las medidas desplegadas a finales del pasado mes de marzo y que incluían, entre otras, la polémica bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina de la que disfrutan todos los usuarios, independientemente del nivel de renta. Esta rebaja, según se desprende de las líneas publicadas por el organismo, es desacertada. España, entre otras medidas que el FMI también parece rechazar, ha aplicado además una rebaja en el tipo del IVA, pasando del 21% al 10%, y otra en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, del 5,11% al 0,5%. Hasta el mes de abril, el coste fiscal de las medidas para abaratar la luz roza los 4.000 millones de euros.

Fuente: Cinco Días