Ya conocemos el dato adelantado de la inflación del mes de julio que se sitúa en el 10,8% en términos interanuales con tendencia creciente a la vista del incremento de la inflación subyacente que elimina el efecto de los precios de la energía y alimentos frescos con mayor volatilidad.

A la inflación se le conoce como el impuesto de los pobres, porque afecta especialmente a las clases medias y bajas que tienen ingresos muy ajustados y pierden poder adquisitivo con salarios estáticos o menguantes, dada la precariedad laboral, además de que sus ahorros se ven mermados día a día. En esta línea, el Gobierno lleva, desde marzo, poniendo en marcha paquetes de medidas para hacer frente a la inflación, casi todas más populistas que eficaces como lo prueba el hecho de que los precios sigan creciendo a pesar de las mismas y probablemente lo seguirá haciendo en los próximos meses, porque estamos en una espiral difícil de frenar.

Pues bien, el Estado tiene una herramienta muy poderosa para frenar la inflación que es bajar los impuestos que gravan el consumo y la inversión, en especial de aquellos productos que son básicos como la energía y los alimentos, pero también de otros, muy necesarios en estos tiempos duros que se avecinan. Por tanto, no sería descabellado bajar el IVA de los productos y servicios de primera necesidad hasta llegar al 0% como ocurre con la sanidad y la educación. Hay que recordar que el IVA general en España estaba inicialmente al 16%, luego al 18% y ahora es del 21% y que supone la segunda fuente de ingresos para la administración.

Pero se nos pide a los ciudadanos que nos ajustemos el cinturón, que no usemos transporte privado, que limitemos el uso de aire acondicionado, entre otras sugerencias y se busca el famoso pacto de rentas como si fuese la caja de Pandora con la que solucionar los males de nuestra maltrecha economía. Todo ello desde la atalaya del poder donde no se escatima en gastos de cuestionable necesidad, pues habría que dar ejemplo y el propio Estado debería comenzar ajustando los gastos innecesarios e improductivos que mejorarían el déficit estructural y la deuda pública.

Lo curioso es cuando algunos políticos hablan del impuestazo a las eléctricas y bancos por el exceso de beneficio que aparentemente tendrán sin recordar que el agente de nuestra economía que más se está beneficiando de la inflación es quien está batiendo record de recaudación que no esperaba ni en sus mejores sueños y que se debe a que los impuestos indirectos se aplican sobre una base imponible creciente, en términos nominales, pero no reales, por el efecto de la subida de precios. Hay que añadir el efecto de los impuestos directos ya que la principal fuente de ingresos públicos es el IRPF que en 2021 sumó un total de 94.546 millones de euros y que será mucho mayor este año.

Si reconocemos que la inflación vacía el bolsillo de los ciudadanos y queremos frenarlo, lo más lógico sería reducir los tipos impositivos para el consumo, como es el IVA, a niveles que se ajusten para mantener el mismo poder adquisitivo. Y además frenar lo que algunos callan, que las tarifas del IRPF llevan años sin actualizarse conforme a la inflación, es lo que se conoce como la progresividad en frío por la que una subida de las rentas de las familias que compense la inflación y mantenga el mismo poder de compra, hace que se salte al siguiente tramo y se paguen más impuestos sin haber mejorado el nivel de vida. Cuando la inflación ha sido muy baja, el efecto apenas se nota en la nómina o en la declaración anual, pero el año pasado tuvimos un 6,5% de inflación y este año todo apunta que será superior al 10%, lo que significa que, de cara al año que viene, tocará pagar más impuestos en términos reales.

Por poner un ejemplo, con los tramos actuales, si alguien gana 35.200 euros y tiene una subida de salario del 10% para mantener su poder adquisitivo, hasta los 38.720 euros, tendrá que pagar por IRPF una cantidad adicional de un 37% de esa subida, es decir, 1.302,4 euros que ingresarán las arcas públicas, lo que hará perder capacidad real de compra y riqueza a favor del Estado.

Si realmente se quiere hacer frente a la inflación, el primero que debería dar ejemplo es el Estado, reduciendo el gasto público y los tipos impositivos indirectos mientras deflacta los tramos del IRPF para que el efecto fiscal de la inflación sea neutro para el contribuyente. Viendo esta situación, todo apunta a que quien más engorda sus arcas con la inflación es el Estado.

Fuente: El Economista