La Asociación Madrileña de Empresa Familiar alerta de un fuerte impacto en la inversión extranjera y estima que la medida ha provocado una caída en la actividad económica de la región de alrededor de 8.000 millones de euros.

La empresa familiar madrileña alerta de un fuerte impacto en la economía de la región y en la atracción de inversión extranjera por el Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas (ITSGF). La Asociación Madrileña de Empresa Familiar (AMEF) maneja un informe en el que calcula que la medida -que ha obligado a la Comunidad de Madrid a recuperar el Impuesto sobre Patrimonio para que la recaudación se quede en la región- ha costado, hasta el momento la pérdida de 1.500 millones de euros en inversión extranjera.

Además, el documento sostiene que el impacto en el empleo perdido alcanza los 65.000 puestos de trabajo. De esta forma, la caída en la actividad económica de la región sería de unos 8.000 millones de euros, según los cálculos de Amef.

El informe esgrime que el número de declarantes del Impuesto sobre Patrimonio creció en el periodo 2013-2021 un 24% en la Comunidad de Madrid frente a un 29,6% en España. Amef destaca que cerca del 9% de declarantes residen en Madrid.

De esta forma, el patrimonio declarado en la región aumentó un 36,1% en el período, frente a un 21,7% en España. Según los datos de la asociación, esto también ha conllevado un aumento de la base liquidable y de la cuota minorada mayor que la media española.

La cuota minorada -que es el resultado de restar las bonificaciones a la cuota íntegra- se incrementó un 98,1% en el periodo 2013-2021 en la Comunidad de Madrid frente al 77,3% en España. «De haberse aplicado el Impuesto sobre Patrimonio sin minorar la cuota, en 2013 se habrían ingresado en la Comunidad de Madrid 612 millones de euros, y 1.212 millones en 2021», subraya el documento.

Tras el aval del Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas por parte del Tribunal Constitucional, el Gobierno de Madrid ha optado por la recuperación del Impuesto de Patrimonio (IP), que se recaudará en la región por primera vez desde 2008. Los contribuyentes madrileños que posean más de 3 millones de euros de patrimonio personal, tras aplicarse las exenciones reguladas, deberán presentar la liquidación del impuesto. Estos obligados tributarios ya declararon el año pasado el impuesto temporal implantado por el Gobierno central.

En Madrid, fueron un total de 10.302 personas, que pagaron algo más de 555 millones, una cifra que representó el 90% de todos los ingresos nacionales del tributo, que alcanzaron los 623 millones de euros.

«Ante la creación, recuperación o subida del Impuesto sobre Patrimonio, la evidencia empírica señala que los contribuyentes ya residentes en el territorio afectado no tienden a moverse a otra jurisdicción más favorable; en general, tienden a adoptar comportamientos de elusión fiscal, cuando no más graves», señala el documento. «Así, se comprueba que reducen la renta de IRPF para que aplique el límite conjunto del Impuesto sobre Patrimonio e IRPF, que aumentan los activos exentos (adquieren acciones cotizadas, incrementan sus participaciones en fondos de pensiones, etc.), o que reparten el patrimonio entre los hijos, entre otros movimientos», añade el informe realizado por Amef.

En la primera aplicación del ITSGF, 10.302 residentes de la Comunidad de Madrid lo declararon. Estas personas serían las susceptibles de evitar pagarlo. «Es decir, si todos modificaran su domicilio fiscal la Comunidad de Madrid dejaría de percibir unos 555 millones de euros directos por la recuperación de este impuesto. La Hacienda pública sólo se fija en esta cifra, y nunca estudia la cantidad que se hubiese acabado recaudando por el gasto generado, por el empleo creado, por el uso alternativo, en definitiva, de ese dinero recaudado por el impuesto», afirma Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de Empresa Familiar. AMEF subraya que no dispone de los datos sobre importes relativos a la salida de capitales, pues no vienen recogidos por la estadística de la Agencia Tributaria.

Pérdida de oportunidad
Los empresarios sostienen que en el periodo de 2016 a 2021 hubo un 21% de incremento de población extranjera en la región. «Si analizamos los países que más han aportado en estos últimos años, y descartamos aquellos con población residente en la Comunidad de Madrid inferior a 1.000 personas y con volumen de inmigración inferior a la media, el resultado es un total de casi 413.000 personas. Si aplicásemos la misma proporción de declarantes del ITSGF obtendríamos unos 631 declarantes que serían susceptibles de cambiar de residencia o de no llegar», apunta el informe.

En el periodo de 2019 a 2023, según los datos de Amef, el promedio de viviendas adquiridas por ciudadanos extranjeros de importe superior a los 500.000 euros fue de 464. «Los impactos potenciales de este impuesto son muy importantes, están muy estudiados en la literatura académica y son, generalmente, visto como negativos desde el momento en que la inversión puede optar bien por escapar a territorios donde no exista, bien por no instalarse allí donde existe. Quizá el primero es más complicado de darse en la práctica, al menos inicialmente, y el segundo más complicado de evaluar técnicamente, pues es necesario acudir a mediciones indirectas a partir de distintas hipótesis», concluye Antonio Barderas.

Impacto en la inversión inmobiliaria y la atracción de talento, los efectos indeseados
El informe de la Asociación Madrileña de Empresa Familiar detecta varios «efectos indeseados» de esta medida fiscal. A su juicio, puede afectar significativamente la inversión inmobiliaria.

«Si un inversor tiene una estructura societaria extranjera que invierte en bienes inmobiliarios en el territorio, puede ser gravada por el impuesto sobre el patrimonio. Esto puede disuadir a los inversores de mantener sus inversiones inmobiliarias en el territorio, ya que el impuesto puede ser más alto que la rentabilidad», indica el documento.

Por otra parte, el informe sostiene que puede afectar la atracción de talentos y habilidades en el territorio. «Si los individuos con patrimonios significativos se ven disuadidos por el impuesto, pueden optar por ubicarse en otros territorios con menores impuestos o sin impuestos sobre el patrimonio. Esto puede afectar negativamente a la atracción de talentos y habilidades en el territorio», afirma el texto.

Antonio Barderas, director general de Amef, asevera que un impuesto sobre el patrimonio puede generar un efecto de confiscación, donde los impuestos generados por las inversiones no son compensados por las rentabilidades». A su juicio, «esto puede disuadir a los inversores de mantener sus inversiones en el territorio, ya que el impuesto puede ser más alto que la rentabilidad». Barderas pone un ejemplo: «si un inversor tiene una rentabilidad del 5% pero es gravada por un impuesto sobre el patrimonio del 10%, el resultado neto puede ser negativo, lo que puede disuadir a los inversores de mantener la inversión».

Fuente: Expansión