La Comisión de Hacienda insta al Gobierno a modificar el reglamento para que la deducción de 1.000 euros esté disponible para todas las madres.
Otro varapalo a Hacienda respecto a la deducción de 1.000 euros por gastos de guardería. La Comisión de Hacienda del Congreso ha votado a favor de instar al Gobierno a realizar cambios en el reglamento para que esta ayuda fiscal esté disponible para todas las madres, algo que no ocurre en la actualidad.
La votación, celebrada este martes, ha sido ajustada. La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado una propuesta no de ley de Ciudadanos por 17 votos a favor (Ciudadanos, Partido Popular, Vox, PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria) y 16 votos en contra (PSOE y Unidas Podemos), mientras que PNV y ERC se han abstenido.
De esta forma, el Congreso se posiciona en contra del criterio del Gobierno, que deja a miles de madres sin la deducción de 1.000 euros, aunque no es el primer revés a esta restricción. El Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Cantabria se posicionó en contra de la Agencia Tributaria fallando en favor de la reclamación de una madre.
El conflicto surgió a partir de una restricción introducida en el reglamento desarrollado por Hacienda, ya con María Jesús Montero al frente, sobre la modificación en la Ley del IRPF introducida en los Presupuestos de 2018 elaborados por el ministerio aún con Cristóbal Montoro. Dicha modificación puso el centro de la ayuda en la educación en vez de en la custodia, como especificaba el texto de los Presupuestos.
Este cambio es sustancial ante la historia de las guarderías en España, ya que muchas no cumplen los criterios autonómicos para ser centros educativos. De hecho, pese a que los Presupuestos usaron este concepto, no está regulado en las últimas leyes orgánicas de educación, que regulan los centros de educación infantil. Es decir, introdujeron un ciclo educativo entre los cero y los tres años, con criterios fijados por las comunidades autónomas.
El limbo de las guarderías
Así, hay centros de educación infantil que cumplen los criterios que refleja la comunidad autónoma, como número de profesores titulados o metros cuadrados por niño, además de una licencia municipal de apertura que se guía por cuestiones de salubridad, entre otras. Y también hay miles de centros que tienen licencia municipal para cuidar niños, pero no son centros infantiles de educación.
Los Presupuestos de 2018, prorrogados hasta el pasado ejercicio, incluyeron una deducción de 1.000 euros por gastos de guardería para las madres, beneficio que se añadió a la deducción de 1.200 euros para madres trabajadoras con hijos menores de tres años. El beneficio fiscal puso el foco en los gastos de custodia, con lo que se incluirían todas las guarderías, pero la modificación del artículo 69 de la Ley del IRPF redujo el universo de madres beneficiadas a las que lleven sus hijos a los centros de educación infantil, lo que deja decenas de miles de familias sin la ayuda.
Ciudadanos presentó el 26 de febrero de 2020 una proposición no de ley, firmada por Edmundo Bal, que se ha aprobado 15 meses después, con los votos en contra de los partidos que están en el Gobierno. La formación naranja se adelantó al PP, que también presentó ante la Mesa una propuesta similar, aunque con el objetivo de que vaya al pleno. «Es un logro porque se ve la opinión de la mayoría del Congreso contra un criterio que es restrictivo, y que deja fuera a muchas madres que no encuentran plazas en centros de educación infantil porque no hay suficientes», defiende Mari Carmen Martínez, portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Sin embargo, la Mesa ha tramitado antes la proposición no de ley de Ciudadanos, que ha ido directamente a la Comisión de Hacienda, y que insta al Gobierno. No es vinculante, pero sí refleja la posición del resto de la Cámara. Según la operativa parlamentaria habitual, el Gobierno evitará pronunciarse y Ciudadanos acabará haciendo una interpelación a la ministra de Hacienda, llevando el tema al pleno del Congreso.
«Una licencia de apertura de un ayuntamiento no habilita para impartir educación infantil y atender a los niños de manera regulada», critica la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein). «Lamentamos profundamente que las ayudas para favorecer la conciliación familiar y la reincorporación de las madres trabajadoras se realicen a costa de malinterpretar lo contemplado en la propia ley general de Presupuestos. Esta medida perjudica la calidad educativa que se presta a los niños y pone en cuestión su seguridad. Los centros que atienden a niños de forma continua deben contar con una autorización administrativa», señala un portavoz de la asociación.
El Gobierno mantiene por ahora el criterio que fijó Hacienda, pero que se discute ya en varios frentes. Además del TEAR de Cantabria, que dio la primera victoria a las madres que pleitean contra Hacienda, y ahora el Congreso, el defensor del pueblo también se ha mostrado en contra de la restricción que pone el Ejecutivo. Entre medias, eso sí, el TEAR de Asturias validó el criterio de Hacienda.
En respuesta a una madre afectada, el defensor del pueblo dice que “no encuentra” que la Ley del IRPF contenga una medida “vinculada al ámbito educativo, sino que está, antes y mucho más, vinculada a la custodia, que para los menores de tres años trasciende lo educativo”. Por ello, agrega el texto del defensor del pueblo, “se ha recomendado a la Secretaría de Estado que reconsidere el problema en el sentido de extender la interpretación de la norma al ámbito de todos los centros en los que se realice la custodia de menores de cero a tres años”.
Fuente: ElConfidencia.com
