Los impuestos propios ya ascienden a 85 en 2021, 3 más que en 2020, y suponen un quebradero de cabeza para las empresas, retraen la inversión y causan un alud de litigios, cuando tan sólo reúnen el 2,1% de los ingresos tributarios de las CCAA, con una recaudación de menos de 2.500 millones.

Las viviendas vacías, la caza, los activos de las empresas, el turismo, las bolsas de plástico, los centros comerciales, el impacto visual de los suministros de energía eléctrica, las redes de telefonía… Las comunidades autónomas muestran una imaginación desbordante a la hora de crear su creciente puzzle de impuestos propios, que ya ascienden a 85 en 2021, 3 más que en 2020, y que suponen un quebradero de cabeza para las empresas, retraen la inversión y causan un alud de litigios. Todo ello, cuando estos impuestos tan sólo recaudan el 2,1% de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas, un total de 2.428,96 millones de euros (con datos de 2019, los últimos disponibles). Ante este panorama, la Comunidad de Madrid ha roto el tablero y ha anunciado que inicia la tramitación de una ley para eliminar los tres impuestos propios que tiene en vigor, que recaudan poco más de 6 millones.

Cataluña, con 19 impuestos propios, es la autonomía con mayor número de tributos propios, algunos de ellos, cuestionados por el Estado ante el Tribunal Constitucional. Precisamente ayer entró en vigor el último, sobre emisiones de CO2 de vehículos. Seguida de Andalucía, con 8; Asturias, con 7; Aragón, Murcia y Galicia, con 6. Castilla y León y Castilla-La Mancha, con 2 cada una, se sitúan entre las que menos.

En 2021, Baleares ha creado el Canon sobre el vertido y la incineración de residuos; Andalucía, el Impuesto sobre tierras infrautilizadas, y la Comunidad Valenciana, el Impuesto sobre viviendas vacías, además de haber realizado varias comunidades modificaciones en sus tributos propios ya en vigor.

Lo que es poco habitual es que los supriman, como va a hacer la Comunidad de Madrid. En los últimos años, lo hizo Galicia, que eliminó el impuesto sobre el juego del bingo, dado que el hecho imponible se integraba en la tasa estatal sobre el juego. Algo similar ocurre con el Impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en hostelería que va a desactivar Madrid, junto con impuesto sobre el depósito de residuos y el ya bonificado recargo sobre el IAE.

Los impuestos propios aumentan su recaudación un 2,7% en 2019 con respecto a los ingresos obtenidos en 2018 -una décima menos que los ingresos tributarios-, con oscilaciones importantes. Así, en Madrid precisamente la recaudación se incrementó un 41,8%, por un 27,7% en Galicia, un 16.7% en Castilla y León o un 11,6% en Asturias.

En el lado contrario, disminuye la recaudación por impuestos propios en Aragón (-19,4%), Castilla-La Mancha (-8,2%), y La Rioja (-6%). Otras autonomías también han visto reducida su recaudación por impuestos propios, como Andalucía (-4,8%), Extremadura (-1,5%) y Cataluña (-0,2%).

Algunos impuestos están implantados en varias autonomías pero con diferencias entre hechos imponibles, bases o tipos de gravamen. En muchas ocasiones, la recaudación que se obtiene de las tasas, especialmente de algunos de carácter medioambiental, es tan exigua que no cubre los gastos de gestión.

La litigiosidad que generan los impuestos propios no sólo afecta a las empresas, cada vez son más frecuentes los pleitos entre el Estado y las comunidades por el hecho imponible o por la inconstitucionalidad. Los expertos que asesoraron al Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma fiscal de 2015 aconsejaban recentralizar estos tributos. Aparcada la reforma de la financiación autonómica, no se hizo.

Los impuestos sobre residuos están vigentes en diez autonomías y representan solamente el 2,4% de los ingresos por tributos propios de las que los han implantado y el 1,9% del total de la recaudación por impuestos propios. Estos impuestos, que no gravan todos lo mismo, van a ser centralizados este año, ya que el Gobierno ultima un impuesto estatal al depósito y a la incineración de residuos que será cedido a las comunidades y sobre el que tendrán competencias, pero que sólo podrán subir. La tasa estatal prevé recaudar 861 millones ya en 2021. Se compensará a las autonomías que la tuvieran en vigor con un tipo más alto, en principio, sólo Cataluña. El Gobierno pretende armonizar al alza, es decir, obligar a subir Patrimonio y Sucesiones, en primer lugar, a la Comunidad de Madrid, en la reforma de la financiación autonómica que quiere emprender, pero en lo que respecta al guirigay de impuestos propios, sólo plantea la creación del impuesto a residuos estatal y el nuevo tributo a plásticos.

De hecho, el anuncio de Madrid provocó ayer una catarata de críticas del Gobierno: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo tachó de «populismo fiscal», para a continuación admitir que estos impuestos apenas recaudan. Y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, lo vio «erróneo» y acusó al PP de «nexos» con el sector del juego.

Desde el Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf) instan a reflexionar sobre el gasto que suponen los litigios por los tributos propios. Y los gastos de gestión son a menudo superiores a la recaudación, alertan. Creen que «sería conveniente un patrón común para el establecimiento de tributos que gravan el mismo objeto imponible, pues cada autonomía establece el impuesto de un modo diferente. La jungla de normativas autonómicas sobre tributos propios complica considerablemente el conocimiento de la fiscalidad existente». Los economistas advierten de que este rompecabezas atenta contra la unidad de mercado, dificulta el cumplimiento de la normativa a las empresas y llega a desincentivar la inversión.

Estos impuestos «alejan la posibilidad de ofrecer un mapa claro a los inversores que desean apostar por España. Porque buscan para su capital lo mismo que cualquiera: seguridad y rentabilidad», remacha Alberto García Valera, socio responsable de Tax Policy de EY Abogados.

Fuente: Expansión.com