Draghi cuestiona la medida del plan contra el fraude fiscal porque “pone en peligro” el uso del efectivo como método de pago.

El Banco Central Europeo considera “desproporcionada” la limitación de los pagos en efectivo que el Ministerio de Hacienda ha incluido en el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta batería de medidas, presentada en octubre junto a los nuevos impuestos digital y financiero, está pendiente de ser abordada por el Consejo de Ministros y remitida al Parlamento, por lo que las advertencias del BCE podrían forzar al Gobierno a introducir algunos cambios.

De momento, el texto del anteproyecto rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite máximo para los pagos en efectivo hechos por profesionales, y de 15.000 a 10.000 euros el de las operaciones entre ciudadanos no residentes en España. Además, el articulado recoge multas contra los infractores por el 25% de la cuantía abonada. En el caso de las personas físicas residentes en España, el límite de pago en efectivo se mantiene en 2.500 euros.

Tras recibir una copia de la medida del Banco de España y de la Secretaría de Estado de Hacienda, el BCE ha emitido un dictamen en el que reconoce que el objetivo del proyecto de lucha contra el fraude fiscal es un “motivo de interés público” que puede justificar ciertas limitaciones en el uso del cash. Sin embargo, el organismo advierte de que “bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional es desproporcionada si se considera su posible repercusión adversa en el sistema de pagos en efectivo”.

“Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal”, agrega el documento, emitido el pasado viernes 1 de febrero y difundido ayer. Además, el dictamen subraya que la reducción a 10.000 euros del límite de pago entre personas físicas no residentes en España “no parece justificada, y discrimina a los pagos hechos por residentes”. El informe también advierte de que “el régimen sancionador previsto por el proyecto de ley parece excesivo y, concretamente, la multa del 25% del importe pagado parece desproporcionadamente elevada”.

“Las limitaciones a los pagos en efectivo no deben ir más allá de lo necesario para lograr sus objetivos”, concluye el dictamen, firmado por el presidente del BCE, Mario Draghi, que ayer visitó al presidente español, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

Los dictámenes del BCE no son vinculantes para los Gobiernos pero habitualmente estos siguen las pautas establecidas por el supervisor europeo a la hora de legislar. Hacienda rehusó aclararlo ayer pero cabe la posibilidad de que modifique el texto. No sería la primera vez que la medida cae en saco roto. Las mismas modificaciones del anteproyecto en materia de pagos en efectivo fueron barajadas por el Ejecutivo anterior, si bien nunca se plasmaron en medidas concretas.

El Gobierno actual, en todo caso, aspira a recaudar 218 millones de euros en 2019 con este tope a los pagos en efectivo, la cuarta parte de todos los ingresos fiados al plan antifraude.

Por ahora, desde Hacienda se limitan a defender que el pago máximo en efectivo de 1.000 euros para empresarios está en línea con los avances tecnológicos en los medios de pago, sigue las tendencias internacionales en materia de lucha contra el fraude fiscal y ya se aplica en países vecinos como Francia o Portugal. Además, destacan, el límite aún vigente, de 2.500 euros, nunca ha despertado quejas de los colectivos afectados.

Fuente: Cincodías.com