Actualmente la recaudación por el IRPF supone un 7,5% del PIB. Derogar la reforma de 2013 elevará el gasto al 17% del PIB en 2050. El traspaso de fuentes obligará a contribuir al Sistema con impuestos.

De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC. Esto supondrá que en 2021 las pensiones subirán un 0,9%, lo que sumará 1.400 millones de euros al coste de la partida. Ahora bien, desde Fedea apuntan que esta medida de recuperar la indexación con el IPC sumada a la separación de fuentes iniciada por el Gobierno en los Presupuestos de 2021 con un traspaso de 14.000 millones de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado hace que la vía directa para financiar el déficit del Sistema sea la impositiva. En este punto advierten los expertos: el incremento del gasto asociado y la necesidad de cubrirlo con impuestos obligará al Gobierno a elevar el tipo de IPRF en un 50% hasta 2050, cuando se espera el pico de gasto en pensiones por la jubilación de la generación baby boom.

«Ante la situación de rápido envejecimiento poblacional a la que nos enfrentamos y la vuelta a la indexación anual plena de las pensiones al IPC, hay motivos razonables para dudar que las medidas que se proponen para acercar la edad de jubilación efectiva a la legal sean suficientes para garantizar la viabilidad del sistema», apuntan los autores Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez Martín en documento Algunas reflexiones sobre el informe del Pacto de Toledo y los planes del Gobierno en materia de pensiones.

En este sentido, los expertos avisan sobre las medidas del Pacto de Toledo que más bien parece que se ha optado por blindar las pensiones ante cualquier riesgo, ignorando los probables costes de esta decisión, «que podría exigir un incremento muy notable de la presión fiscal sobre determinadas cohortes de trabajadores y/o podría dejarnos sin el margen presupuestario necesario para afrontar otras necesidades sociales». Cabe recordar que según cálculos del Banco de España, vincular las pensiones al avance de la inflación supondrá que en 2050 el gasto de la partida anual se habrá elevado en 36.000 millones de euros.

Derogación de la reforma de 2013

En este sentido, uno de los elementos sustanciales que caracteriza a las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo acordadas el pasado mes de octubre es la derogación cuasi de facto de la reforma impulsada por el PP en 2013. Y es «cuasi» porque el conocido como factor de sostenibilidad que vincula la cuantía de las pagas a la esperanza de vida del beneficiario en el momento de recibirla está pospuesto a 2023 para su entrada en vigor. Pero es un precepto que no recogen las recomendaciones de este año por lo que se prevé que caiga en la reforma de la ley de Seguridad Social que presentará el Gobierno en 2021 para incluir los cambios en la jubilación.

Desde Fedea apuntan al respecto que la derogación completa de la reforma de 2013 podría llevar a nuestro gasto en pensiones hasta el 17,5% del PIB en 2050, lo que supondría un aumento de casi 5 puntos en relación con un escenario en el que se mantienen sus mecanismos de control automático del gasto. «Este incremento provendría fundamentalmente de la vuelta a la indexación total de las pensiones pues mantener el factor de sostenibilidad con la fecha prevista de entrada en vigor sólo reduciría el pico de gasto en aproximadamente un punto, aunque su impacto sería creciente en el tiempo», aseguran los expertos.

De este modo, en promedio durante el próximo medio siglo (2020-70), la supresión de los dos grandes elementos de la reforma incrementaría el gasto medio anual en pensiones en 3,8 puntos de PIB en nuestro escenario demográfico base. Puesto que la recaudación del IRPF ha estado en años recientes en torno al 7,5% del PIB, para financiar este cambio de política sería necesario aumentar el tipo medio de este impuesto en un 50%, o en un 40% si se mantiene el factor de sostenibilidad.

Así, los expertos actuariales de Fedea aseguran que el reciente informe de la Comisión del Pacto de Toledo y el proyecto de PGE de 2021 «marcan el inicio de una reforma del sistema público de pensiones que desmantela los mecanismos de control automático del crecimiento del gasto que constituían el núcleo de su antecesora». Y aseguran que este giro de timón se justifica en parte mediante un diagnóstico «voluntariosamente optimista» de la situación financiera actual y de las perspectivas futuras de nuestro sistema público de pensiones contributivas y de la capacidad del Estado para inyectar los recursos adicionales que pudieran ser necesarios para mantener el sistema actual sin grandes cambios, más allá de los ajustes paramétricos previstos en la reforma de 2011.

Fuente: ElEconomista.es