Un histórico acuerdo fiscal de alcance internacional dirigido a las mayores empresas del mundo lucha por entrar en vigor, ante la debilidad del apoyo político con el que cuenta en EEUU y otras jurisdiccciones importantes.

La promulgación del primer «pilar» de las reformas auspiciadas por la OCDE -que obligaría a los grandes grupos tecnológicos y multinacionales a pagar más impuestos en el lugar donde desarrollan su actividad- se ha estancado en EEUU debido a la oposición de los republicanos.

Entretanto, los países en desarrollo han intentado trasladar las negociaciones internacionales sobre fiscalidad de la OCDE a la ONU, donde tendrían más influencia, lo que complicaría aún más las conversaciones sobre su aplicación.

Estos factores, sumados a las dificultades para ultimar el texto del tratado, están poniendo en peligro los esfuerzos por cumplir el plazo de junio para su firma y han impulsado a Europa a presionar por la búsqueda de una manera de reactivarlo cuando los ministros de Economía del G20 se reúnan esta semana en São Paulo (Brasil).

«Es algo así como una tormenta perfecta. La OCDE está estancada con un proyecto sin posibilidades reales de éxito», afirma una persona con conocimiento de las negociaciones. «El primer pilar está en un callejón sin salida porque no es probable que Estados Unidos lo ratifique […], con lo que estamos ante un acuerdo que no se puede aplicar».

En 2021, más de 135 países firmaron un acuerdo político de dos pilares que suponía la mayor reforma del impuesto de sociedades en más de un siglo. El segundo pilar introduce un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades y ha entrado en vigor este año. Sin embargo, el primer pilar del acuerdo está resultando más difícil de aplicar.

Aunque la Administración de Joe Biden ha respaldado la reforma, en Estados Unidos los tratados fiscales internacionales requieren una mayoría de dos tercios del Senado -67 votos- para su ratificación. La bancada demócrata de Biden, que con sus 51 escaños mantiene una ajustada ventaja en la cámara, no cuenta con los votos necesarios para superar la enconada oposición de sus rivales republicanos.

Sin la ratificación estadounidense, no se alcanzaría la base impositiva mínima necesaria para que el acuerdo entre en vigor.

A su vez, una posible victoria electoral del expresidente Donald Trump, principal candidato a la nominación presidencial republicana y firme opositor al acuerdo global, probablemente condenaría todo el proceso.

«La cuestión es si después de las elecciones habrá compromiso político [por parte de Estados Unidos]», tercia un funcionario de la UE.

Una autoridad estadounidense rechaza la afirmación de que el primer pilar esté muerto, pero reconoce que existe presión para alcanzar un acuerdo.

«Todo el mundo está bajo presión, no sólo Estados Unidos. Se está presionando a la UE y a los otros 140 países [implicados en las negociaciones] para que lleguen a un acuerdo», asegura.

A continuación, la misma fuente aclara que los negociadores estadounidenses no estarían «perdiendo el tiempo» si no «creyeran que el acuerdo tiene posibilidades de llegar a la meta».

Manal Corwin, responsable de fiscalidad de la OCDE, declara: «El impulso y el empuje para terminar el trabajo se mantienen. Para cumplir, todo el mundo tiene que cumplir».

Los funcionarios europeos están intentando convencer a los ministros de Economía del G20, que se reúnen esta semana en Brasil, para que se comprometan a cumplir el plazo de junio. Un borrador del comunicado del G20, al que ha tenido acceso Financial Times, aboga por «alcanzar un acuerdo oportuno sobre el convenio multilateral con vistas a firmarlo antes de que acabe el mes junio de 2024». Sin embargo, no se incluye nada sobre la «rápida aplicación» solicitada por la UE y Francia. Aun así, el texto está aún sometido a negociaciones y podría cambiar.

Por otro lado, desde que se consiguió que la ONU se involucrara más en los asuntos fiscales mundiales -habida cuenta de las frustraciones a las que daba lugar el proceso dirigido por la OCDE-, las economías en desarrollo muestran menos interés por las negociaciones del primer pilar. En consecuencia -según fuentes conocedoras de las negociaciones- el impulso por el cumplimiento del plazo de junio está perdiendo fuelle.

Brasil, que el año pasado votó a favor del establecimiento de un convenio de la ONU sobre cooperación fiscal internacional, ocupa ahora la presidencia del G20, y ha invitado a la ONU a presentar los próximos pasos de su agenda fiscal a los ministros de finanzas del G20, que se reúnen el jueves. La OCDE ha sido igualmente invitada.

Según los analistas, la alternativa al marco fiscal mundial podría ser un mosaico de impuestos establecidos por los países de forma aislada.

Ya en 2021, varias jurisdicciones acordaron suspender la aplicación de los impuestos unilaterales a los servicios digitales -gravámenes que recaerían, principalmente, sobre las grandes empresas tecnológicas con sede en EEUU-, para permitir un acuerdo multilateral. Si este no se materializa, los impuestos iniciales podrían resucitar.

«La UE debería conceder un plazo a EEUU, y exigirle que cumpla en 2025, sea cual sea su gobierno. De no hacerlo, la UE deberá buscar un impuesto sobre los servicios digitales», opina Paul Tang, diputado del Parlamento Europeo por Países Bajos que trabaja en temas fiscales.

En una muestra de la escasa esperanza reinante, Canadá avanzó el año pasado hacia un impuesto propio sobre los servicios digitales.

Danielle Rolfes, responsable de la práctica fiscal nacional de KPMG en Washington, resalta la dificultad de predecir lo que podría ocurrir en caso fracasara el acuerdo.

Pero existe una «oposición bipartidista a los impuestos discriminatorios sobre las empresas estadounidenses», añade, en referencia a los impuestos unilaterales sobre los servicios digitales. «Ninguna empresa estadounidense quiere estar en una guerra comercial. Se supone que este acuerdo es el camino a seguir».

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Fuente: Expansión