Rechazan que se impida a las CCAA disminuir el impuesto si lo creen necesario. El 72% cree que no debería pagarse cuando su patrimonio ya ha tributado. 

El 90% de los contribuyentes españoles se muestra contrario a una armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que impida a las comunidades autónomas disminuirlo cuando lo consideren necesario y no solo aumentarlo para desarrollar sus políticas socioeconómicas.

No obstante un 80% se muestra a favor de que se cree mayor uniformidad entre las comunidades autónomas y tan solo un 35,8% se muestra favorable a que las regiones puedan regular el importe a pagar de estos impuestos con la facultad de reducirlos limitada.

Estas son una conclusiones del informe Opiniones y actitudes de los españoles en 2019, publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda sobre 3.000 entrevistas a contribuyentes de colectivos variados personales, profesionales y territoriales.

En este informe, se muestra que el 72,7% de los contribuyentes españoles está muy o bastante de acuerdo con que los impuestos sobre nuestro patrimonio deberían desaparecer cuando ya han sido pagados impuestos sobre ellos, como por ejemplo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Además, el 74,2% de la ciudadanía se manifiesta muy o bastante de acuerdo con que los impuestos que tenemos que pagar por nuestro patrimonio no están bien calculados, por lo que deberían ser revisados.

A pesar de ello, el 75,8% de las personas declara sentirse muy o bastante de acuerdo con que las personas más ricas deberían pagar más de lo que hacen en la actualidad.

Con respecto a los que consideran que se deben pagar impuestos patrimoniales aunque ya se haya pagado otros impuestos sobre ellos y que estos tributos están bien calculados, la cifra de respuestas se aproxima en ambos casos al 25%.

Mismo pago por parentesco

Por otra parte, la mitad de los entrevistados (55%) considera que se debería pagar lo mismo el ISD, con independencia del parentesco, mientras que un 45% de la ciudadanía considera que lo justo es que paguen diferente, atendiendo al tipo de parentesco.

A este respecto, los autores del informe del IEF aprecian diferencias significativas en función de la edad, sexo y ocupación de las personas. Así quienes manifiestan su parecer a favor de las diferencias de trato por el parentesco son más numerosos entre los contribuyentes mayores de 55, entre los hombres y entre los profesionales. Mientras que quienes se inclinan a un trato idéntico para todo tipo de parentesco, hay mayoría de mujeres, personas hasta 54 años y asalariados.

Con respecto al fraude fiscal, un 61% de los entrevistados cree que el fraude ha aumentado, frente a un 39% que cree que bajado.

Ahora bien, al observar la evolución histórica de estas opiniones, la percepción de la evolución positiva del cumplimiento fiscal que se venía observando a lo largo de la serie y que experimentó en 2018 una importante mejoría, en 2019 ha experimentado un ligero descenso. Los fraudes fiscales más graves son para los contribuyentes consultados, el mantener actividades económicas ocultas a Hacienda y a la Seguridad Social (72,4%).

Le siguen a bastante distancia, los empresarios que no pagan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (72,4) y las empresas que no pagan parte del Impuesto sobre Sociedades (27,7%).

En una posición intermedia se coloca la falta de pago del IVA por parte de los usuarios al comprar (25,5%), seguido de los que no ingresan a Hacienda el IVA cobrado (16,3%) y la no presentación de la Declaración de la Renta (16,3%).

Es muy destacable que con tan solo un porcentaje del 2% se encuentran el resto de fraudes mencionados y recogidos en la partida otros, tales como la evasión fiscal y la corrupción política.

La totalidad de los encuestados piensa que el fraude tiene consecuencias negativas (tan solo un 1% piensa que defraudar a Hacienda no tiene efectos importantes). La mayoría señala que el fraude fiscal es pernicioso: la disminución de los recursos necesarios para financiar la oferta pública de servicios y prestaciones (el 33%). También se alude a la injusticia de asumir unos lo que otros no pagan (el 28%).

La necesidad de aumentar la presión fiscal sobre los cumplidores y la desmotivación que el fraude supone para quienes cumplen correctamente sus obligaciones tributarias, son otros dos efectos con porcentajes de 17% y 15%, respectivamente. Las distorsiones económicas por la conducta defraudadora parecen tener menor importancia para el conjunto de la población, ya que solo la menciona el 6%.

Fuente: ElEconomista.es