El desarrollo de la imposición medioambiental es uno de los ámbitos fiscales que más recorrido promete tener en los próximos años. Aunque España no se mueve lejos de los umbrales comunitarios, la importancia de los ingresos derivados de tributos verdes en el país no llega a alcanzar la media europea mientras que la composición de esta cesta fiscal es fuertemente dependiente de los gravámenes sobre la energía, que producen ocho de cada diez euros de la recaudación verde española.

«A pesar de la utilización creciente en la Unión Europea de la fiscalidad como instrumento de política ambiental, su importancia no deja de ser secundaria en comparación a los grandes pilares de los sistemas fiscales», como los al trabajo o el consumo», si bien padecen elevados costes de gestión, destaca el informe Fiscalidad ambiental en España, presentado ayer por el Consejo General de Economistas en colaboración con el Instituto de Economía de Barcelona (IEB). El texto detalla que estos impuestos arrojan de media el 5,8% de la recaudación fiscal de la UE, y el equivalente al 2,4% de su PIB. «En España, la importancia recaudatoria de los impuestos relacionados con el medioambiente ha sido tradicionalmente menor a la de la media comunitaria, situándose en el 5% del total de ingresos tributarios y el 1,8% del PIB», detalla el documento, que sitúa al país más en línea con la media del 5% de ingresos y 1,5% de PIB de la OCDE.

A partir de ahí, el informe destaca relevantes diferencias en la composición del mix fiscal medioambiental, habitualmente compuesto de cuatro grandes figuras impositivas: los impuestos a la energía, el transporte, la polución y los recursos naturales. En el caso de España, el 82% de toda la recaudación verde procede del primer tipo, el abanico de tributos sobre la energía, que incluye fundamentalmente la carga sobre hidrocarburos (61% del total frente al 21% de otras como la electricidad). En la media de la UE, la imposición de los carburantes arroja 10 puntos menos, un 51% del total de ingresos verdes, mientras el resto de energías deja un 26,3%, sumando el 77% de recaudación. Paradójicamente, destaca el informe, los tipos de gravamen sobre hidrocarburos en España se sitúan por debajo de la media de la UE, con tarifas un 15% más bajas en gasolinas y un 9% inferiores en el gasóleo.

Más allá, los impuestos sobre el transporte aportan una quinta parte de todos los ingresos verdes en la media de países de la UE frente al 13,4% de España, mientras que los que atañen al volumen de polución emitida o los recursos naturales consumidos suponen un 4,4% en España y un 3,1% en la UE.

La realidad de la fiscalidad medioambiental en el interior de las fronteras españolas se complica desde ahí por las diferencias territoriales. El Consejo de Economistas apunta a que la «pasividad del Estado», ha llevado a las comunidades autónomas a establecer un número creciente de impuestos propios, hasta alcanzar los 78, en su mayoría de corte medioambiental. En concreto, el 73% de la recaudación por tributos propios proviene de tributos a las emisiones, el agua (los dos elementos centrales de la mitad de todos los gravámenes autonómicos), así como los recursos naturales o los residuos. Cada región, sin embargo, ha diseñado su propio impuesto, lo que hace variar la base imponible o la tarifa de una comunidad a otra, provocando inseguridad jurídica y litigiosidad. «No tiene sentido que unas comunidades autónomas no exijan prácticamente ningún tributo medioambiental propio y sus territorios vecinos sí», critica el presidente de los economistas, Valentin Pich, reclamando una recentralización de la fiscalidad medioambiental para el Estado que la armonice. Los economistas, en todo caso, instan a enmarcar el rediseño de la fiscalidad medioambiental dentro de una «muy necesaria reforma global» del sistema tributario español, bajo el «principio de quien contamina paga y quien preserva recibe».