El propietario medio tiene una renta anual de 42.000 euros, según un estudio de Fotocasa y la Agencia Negociadora.

La posible regulación de los precios del alquiler en la futura ley estatal de vivienda provoca en los arrendadores diferentes sentimientos y reacciones que pueden resumirse con el rechazo o la advertencia de que se reducirá la oferta de inmuebles. Sin embargo, aunque los propietarios no estén generalmente de acuerdo con el papel intervencionista del Estado, sí estarían dispuestos a aceptar estas medidas a cambio de recibir algún tipo de compensación, ya sea teniendo mayor apoyo de las instituciones públicas ante un impago, pudiendo consultar antecedentes de morosidad de los demandantes, teniendo la oportunidad de exigir más garantías a los inquilinos o disponiendo de una mejor fiscalidad. Así lo constata la Radiografía del arrendador en España, presentada este jueves por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler.

En este sentido, según detalla el estudio, el 67% de los propietarios aceptaría medidas intervencionistas si a cambio mejorase la fiscalidad de los arrendadores, el 75% lo haría a cambio de que se agilizasen notablemente los procesos de desahucio para recuperar los inmuebles, el 73% las apoyaría si pudiera consultar los antecedentes de impagos en bases de datos oficiales y, por último, un 72% de los propietarios aceptaría el intervencionismo si a cambio se pudieran aumentar las garantías que se exigen a los inquilinos.

Los incentivos fiscales son, precisamente, una de las bazas que el PSOE defiende para la futura norma. El socio mayoritario del Gobierno presentó hace un mes una propuesta para fijar una deducción general del 50% sobre los rendimientos del alquiler de vivienda habitual que podría incrementarse hasta un máximo del 90% en función de una serie de requisitos. Unidas Podemos, sin embargo, rechaza de lleno estas medidas y aboga por la limitación de los precios para impedir subidas abusivas.

Dentro de todas las medidas intervencionistas, la que más preocupa a los tenedores es la potencial congelación de las rentas. En este apartado, los resultados del estudio señalan que un 66% de los arrendadores aceptaría una limitación de los precios durante cinco años siempre que pudiesen recuperar la posesión de su vivienda en un plazo de dos meses, cuando exista impago de rentas. Asimismo, el 53% aceptaría esta medida siempre que el pudiera consultar antecedentes de impagos en fuentes oficiales, otro 53% lo haría si pudiera aumentar la garantía que se exige al inquilino.

Los propietarios estarían dispuestos a asumir estas medidas debido también a su posición económica y de renta. Según la radiografía, el arrendador tiene una edad media de 54 años, estudios superiores y unos ingresos medios anuales que rondan los 42.000 euros brutos. La gran mayoría (97%) vive en una vivienda de su propiedad y, en general, el motivo para alquilar el inmueble es rentabilizarlo (en un 45% de los casos). También tiene un peso importante la necesidad de contar con ingresos adicionales, en un 42% de los casos.

El estudio también revela que los arrendadores echan en falta una regulación sobre el alquiler más férrea y que varias de las medidas asociadas a la pandemia provocan inseguridad jurídica. Así, respecto al decreto que permite suspender el procedimiento de desahucio durante el estado de alarma, el 68% de los propietarios piensa que produce una «gran inseguridad» a los inversores y que es «visto como un ataque a la propiedad privada y una incentivación a la ocupación», según el 65% de la muestra.

Sobre la legislación actual, la mayoría de los propietarios coincide en que medidas como exigir a los inquilinos garantías y avales por dos meses de renta o actualizar anualmente con el IPC son «insuficientes» (62% y 57%, respectivamente). Además, el 80% de los propietarios demanda una incentivación fiscal del Estado hacia los propietarios para generar mayor oferta.

A este respecto, la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha afirmado en la presentación de la radiografía que los pequeños propietarios son los que tienen la mayoría de la vivienda en alquiler el país y que, gracias a ellos, se ha podido crear un amplio parque de vivienda privada «que contribuye y posibilita el acceso a la vivienda». En consecuencia, la Administración debería «contribuir a la creación de un clima que genere confianza y fomente la estabilidad para favorecer a arrendadores e inquilinos de manera equitativa».

En la misma línea se ha mostrado el director general de la Agencia Negociadora, José Ramón Zurdo, quien ha recordado que la futura ley, «si quiere ser justa y equitativa», tiene que contar necesariamente con las opiniones de los propietarios particulares.

Fuente: Cincodias.com