La Unión Europea, incluida España, se queda prácticamente sola con el impuesto mínimo global para recaudar al menos un 15% por Sociedades de las multinacionales, sus filiales, y de los grandes grupos que ingresen más de 750 millones al año.
El 75% de los 138 países que inicialmente dieron el sí a implementar este nuevo impuesto diseñado por la OCDE para evitar la fuga de beneficios a territorios de tributación más laxa aún no ha movido un dedo para aplicarlo, con EEUU a la cabeza, seguido por países emergentes como China e India y de otros en vías de desarrollo como los africanos. El principal argumento en contra es que este nuevo impuesto para obligar a tributar, al menos, con un 15% por el Impuesto de Sociedades tanto a las firmas matrices de los Estados como a las filiales que entren de grupos extranjeros es que deja prácticamente sin efectos los incentivos fiscales que tienen tanto para atraer la inversión extranjera como promover la transición energética o el I+D+i.
De momento, de los 138 países que se comprometieron a ponerlo en marcha, solo una treintena lo han implementado entre los que están Suiza, Corea del Sur, Vietnam, Malasia, Noruega, Reino Unido y los 27 países de la UE, y estos obligados por una Directiva a transponer antes de diciembre de 2023. España llega tarde para su transposición, aunque el Ministerio de Hacienda ya ha lanzado el Anteproyecto de Ley para imponer este impuesto complementario. También están rezagados otros doce países de la UE, como Portugal, Grecia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo o Polonia. No obstante, todos deberán aplicar el impuesto mínimo del 15% obligados por la Directiva.
«Al final se trata de un impuesto al que dieron el visto bueno 140 países, de los cuales muchos están muy rezagados y otros se desconoce su situación», señala Roberta Poza, miembro de Aedaf y socia de fiscal de Deloitte Legal.
La experta explica que, en el caso Europeo, la Directiva para aplicar este impuesto mínimo penaliza los incentivos, aunque a unos más que a otros. «Se penaliza mucho más un incentivo basado en una reducción de impuestos que cuando es monetizable (se devuelve el dinero o se compensa con impuestos futuros) porque juega distinto la fracción. Si el incentivo es a través de una reducción de impuestos va a reducir el numerador, mientras que si es monetizable va a aumentar el denominador. En ambos casos cae la tasa efectiva, pero claro, el efecto es mucho mayor si es en el numerador porque ahí se le está computando el 15% del impuesto mínimo», explica Poza.
Oportunidad perdida
El Ministerio de Hacienda dio a conocer el pasado diciembre el Anteproyecto de Ley para obligar a que toda grande empresa o filial de multinacional tribute un 15% por Sociedades. Según Poza, el anteproyecto era una oportunidad para rediseñar las deducciones o beneficios fiscales para las actividades de I+D+i y que no se vieran perjudicadas por el nuevo impuesto. Sin embargo, de momento no se ha introducido novedad al texto. Hacienda estima que el nuevo impuesto afectará a 830 compañias con presencia en nuestro país; 123 firmas españolas y 707 multinacionales extranjeras con filiales en España.
Fuente: El Economista