De 608 declarantes con más de 30 millones solo 202 afrontaron este tributo en 2018.

Por primera vez desde que hay registros, el número de declarantes que atesoran patrimonios superiores a los 30 millones de euros desciende en España al pasar de los 611 contribuyentes de 2017 a los 608 a cierre de 2018, según los datos publicados ayer por la Agencia Tributaria. Este leve descenso después de años ininterrumpidos de subidas es suficiente para que, también por vez primera y por un ajustado margen, las grandes fortunas que pagan el impuesto de Patrimonio caigan por debajo del tercio, hasta el 33,2% de los casos. Así, de los 608 declarantes, solo 202 afrontaron este tributo, la cifra más baja desde el año 2013, cuando lo hicieron 197 personas.

De media, cada uno de estos dos centenares de contribuyentes con más de 30 millones en sus arcas pagó algo más de 669.000 euros, sumando un importe conjunto que ronda los 135 millones de euros y que se añade a lo que abonan el resto de los tramos de renta.

El grueso de la recaudación viene de la mano de los 42.000 contribuyentes con entre 1,5 y 6 millones de euros, que pagan en conjunto casi 570 millones de euros a razón de 13.000 euros por cabeza. Los 3.200 patrimonios que se mueven entre los 6 y los 30 millones aportan algo menos de 250 millones –unos 78.0000 euros por barba–, y los que oscilan entre los 300.000 euros y los 1,5 millones pagan un total de 169 millones: cada uno de los 132.000 contribuyentes desembolsa 1.200 euros.

En total, 1.124 millones de euros, una cifra que habría sido mayor si la Comunidad de Madrid no bonificase al 100% este impuesto, una deducción que exime a sus habitantes de abonar este tributo, a pesar de que las fortunas con más de dos millones de patrimonio estén obligadas a declararlo.

Madrid es la única región de España que cuenta con este tipo de deducción, que beneficia a un total de 17.291 contribuyentes con más de dos millones de euros de patrimonio y que ahorran, por lo tanto, unos 905 millones en detrimento de la caja regional.

Esta ventaja fiscal, inexistente en el resto de autonomías, ha hecho que la comunidad se convierta año tras año en un imán para los grandes patrimonios. En 2012, por ejemplo, este perfil de contribuyente sumaba algo más de 14.000 personas en Madrid, para pasar a los 16.856 un lustro después y a los casi 17.300 del último año con datos disponibles.

El impuesto de patrimonio fue suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, cuando quedó bonificado al 100% en toda España. Tres años después, y debido a los estragos de la crisis económica, fue recuperado por el mismo Ejecutivo y prorrogado por los respectivos Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

El acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos el pasado mes de diciembre, sin embargo, ponía sobre la mesa un nuevo impuesto a las grandes fortunas, por el que la formación morada pretendía gravar entre un 2% y un 3,5% a los patrimonios que superasen el millón de euros. Este tributo, una de las propuestas estrella de UP, a la vez que fuente de conflicto en el seno del actual Ejecutivo, habría venido a sustituir al actual impuesto de Patrimonio, prohibiendo además a las administraciones autonómicas cualquier posible bonificación.

La idea pasaba por dejar exenta la vivienda habitual hasta 400.000 euros y comenzar a gravar las fortunas a partir del millón de euros: un 2% hasta los 10 millones; un 2,5% hasta 50 millones; el 3% hasta 100 millones y el 3,5% a partir de ese volumen.

Todavía hoy, este impuesto funciona por tramos: del 0,2% al 2,5% sobre las fortunas de más de 700.000 euros una vez restados hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual. A partir de ahí, las comunidades pueden modificar los tipos, los mínimos exentos y las bonificaciones.

El objetivo de la propuesta de Unidas Podemos, puesta sobre el tapete de nuevo en mayo para ayudar a financiar la recuperación tras la crisis económica y sanitaria del Covid-19, habría supuesto, explicaron entonces desde el partido, que la mayor parte del tributo recayese en las 1.000 grandes fortunas del país.

Diferencias territoriales

Sin poder contabilizar las cifras de la Comunidad de Madrid debido a las bonificaciones existentes en la región, y sin sumar los datos de País Vasco y Navarra, con regímenes fiscales propios, Cataluña es la autonomía con más peso en la recaudación del impuesto sobre el Patrimonio, con 75.222 declarantes (el 42% del total) que aportan más de 512 millones de euros. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 21.500 contribuyentes, un 12% del total, y Andalucía (16.000 declarantes y un 9%). Debido a la leve caída de Cataluña, que con los datos de 2017 atesoraba casi el 48% del total, otras autonomías con menor peso de las grandes fortunas, como Extremadura, La Rioja, Asturias o Castilla-La Mancha, han ganado posiciones, y superan cada una el 1% de peso sobre el total de estos contribuyentes, que suman a nivel estatal cerca de 170.000 personas.

En lo relativo a la división por género, hombres y mujeres declaran este impuesto de forma relativamente homogénea, si bien ellas suelen superar a los varones por muy poca diferencia en la mayoría de regiones. Así, en Cataluña, de los 75.000 declarantes, unos 38.000 son mujeres, unos cientos más que ellos. En Andalucía, las mujeres son en torno a 8.200, frente a los 7.800 hombres. En Comunidad Valenciana, ellas superan las 11.000, medio millar más que los hombres registrados por la Agencia Tributaria en la región.

Fuente: Cincodías.com