Tan solo el 28% de las firmas creen estar preparadas para los cambios venideros, según un informe de Wolters Kluwer.

No hay marcha atrás. La crisis causada por la pandemia del coronavirus impulsará la transformación definitiva del sector legal. La tecnología jurídica, un factor que ya se consideraba especialmente relevante, ganará terreno y será más relevante que nunca. La relación con los clientes también evolucionará y los abogados, tanto externos como internos, deberán adaptarse a un clima mucho más exigente para poder cumplir con las expectativas tanto de las asesorías jurídicas como de la dirección de la empresa, respectivamente. No obstante, la mayoría de los letrados, ya sean de despachos o de departamentos legales, no creen estar debidamente preparados para los cambios que experimentará el mercado en los próximos años. De hecho, tan solo el 28% afirma estar completamente listo. Queda tarea por hacer.

Estas son algunas de las conclusiones del informe El abogado del futuro 2020, elaborada por Wolters Kluwer. La macroencuesta, realizada en enero de este año, recoge la opinión de 700 profesionales jurídicos de bufetes y departamentos jurídicos de empresa de Estados Unidos y nueve países europeos, entre ellos España.

En los próximos años, los abogados también creen que se pondrá un mayor énfasis en la capacidad para mejorar la productividad y la eficiencia, así como para captar y retener el mejor talento. Sin embargo, solo una de cada cuatro firmas admite estar actualmente preparada para afrontar estos dos desafíos (un 28% y un 26%, respectivamente).

Ahora bien, ¿cuáles son las barreras que impiden a la abogacía adaptarse a las nuevas exigencias? Por un lado, los departamentos legales identifican la gestión del cambio y la resistencia al mismo que opone la dirección como principales factores (65%), además de los costes asociados (50%). Por su parte, los despachos sienten presiones parecidas, aunque con menor intensidad: el 53% y el 48%.

Digitalización forzosa

Aunque se realizó poco antes de que la crisis sanitaria alcanzara su punto más crítico, los resultados del sondeo revelan que los abogados ya veían en las herramientas digitales una fuerza clave. Así, la importancia creciente de la tecnología jurídica es identificada por el 76% de los encuestados como la tendencia principal, ya sean de bufetes o departamentos jurídicos. Por su parte, el informe señala que la pandemia no ha hecho más que agudizar esa percepción, forzando a las firmas a digitalizarse.

“La crisis ha acelerado varios años el proceso de digitalización en los despachos”, apunta Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues. Coincide con esta visión Óscar Bascones, director de la asesoría jurídica en el Banco Santander, que agrega que los cambios estructurales que han sufrido las firmas jurídicas se hubieran materializado tarde o temprano, pero esta situación “los ha anticipado y ha acelerado su desarrollo”.

Tecnología, sinónimo de resiliencia

Ahora bien, la capacidad de adaptación no ha sido igual en todas las firmas. Para Jorge Badía, consejero delegado de Cuatrecasas, uno de los factores principales que han alimentan la resiliencia ha sido la inversión en nuevas tecnologías que hubiera realizado la firma en los últimos años.

Salvador Sánchez-Terán, socio director de Uría Menéndez, confirma este extremo, y relata que la plantilla lleva ya tres meses trabajando en remoto “gracias al esfuerzo realizado en los últimos años en equipamiento tecnológico”, lo que les ha permitido responder con rapidez y manteniendo los estándares de calidad y seguridad. En este sentido, la encuesta desvela que el 60% de los despachos espera aumentar el gasto destinado a tecnología en los próximos tres años, frente al 51% de los departamentos jurídicos.

Otro de los elementos que hacen de un despacho resistente a la crisis es, según Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez Llorca, la motivación y compromiso de los abogados y colaboradores “y un buen equilibrio entre las prácticas cíclicas y las anticíclicas”.

Cambio en el servicio

La tecnología es el principal impulsor de transformación en las firmas. Como indica Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), “la digitalización va a suponer que los aspectos más rutinarios de nuestro trabajo perderán valor, porque las herramientas digitales se encargarán de ellos”. De esta forma, la parte del trabajo que requiera profundos conocimientos jurídicos será más valorada, “y será la que el cliente esté dispuesto a pagar”. Reforzando esta idea, el informe señala que ocho de cada diez letrados consideran que un mayor uso de la tecnología modificará la forma de suministrar el servicio.

La implantación de herramientas digitales no puede hacerse de cualquier forma, sino que requiere que bufetes y asesorías jurídicas “hagan un diagnóstico previo de sus carencias, debilidades y su objetivo de posicionamiento estratégico en los próximos años”, advierte Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer en España y Portugal. Esta actitud, no obstante, parece estar calando entre los profesionales. “Se ha pasado desde una posición de extrema exaltación de las bondades de la tecnología a una posición mucho más moderada y realista”, reflexiona el directivo.

¿Qué tecnologías serán las más utilizadas? Para el 59% los bufetes, la inteligencia artificial se erige como la herramienta que tendrá mayor repercusión en los próximos tres años, si bien es cierto que solo dos de cada diez confiesan entenderla bien. Los abogados de empresa, en cambio, sitúan en primer lugar el big data y el análisis predictivo, aunque solo uno de cada cuatro está familiarizado con ella.

María Jesús Arribas, directora del departamento legal de BBVA, considera fundamental contar con herramientas colaborativas “que permitan el intercambio de información y documentación de forma ágil entre abogados y clientes”, así como gestores documentales, herramientas para hacer videoconferencias y, sobre todo, medidas de seguridad reforzadas “que eviten accesos no deseados a nuestros sistemas”.

Con el cliente: transparencia y colaboración

La segunda tendencia emergente identificada por los letrados es la capacidad de cumplir con las expectativas cambiantes del cliente, ante la cual únicamente el 31% afirma sentirse preparados. Para los departamentos jurídicos, los desafíos en este sentido consisten en reducir y controlar los costes jurídicos externos, aplicar la tecnología en los procesos de trabajo y gestionar las crecientes demandas de la dirección.

Asimismo, esperan que los bufetes sean más eficientes, innovadores e incrementen la colaboración y la transparencia al comunicarse con ellos.

“La incertidumbre generada por la pandemia está obligando a los directivos de las empresas a tomar decisiones difíciles que deben transmitir a un personal disperso, recluido y lleno de preguntas sin respuesta”, señala en este sentido Gerardo Codes, director de Coordinación Global- Servicios Jurídicos en Iberdrola. Ello hace necesario que la comunicación entre ambos sea más transparente “para apaciguar la inquietud que estamos viviendo”.

Las exigencias que reciben los in house son trasladadas sistemáticamente a los despachos que contratan. Estos, por tanto, deben establecer una comunicación permanente, sincera y rápida con el cliente, “especialmente en un momento en que empleados, clientes y sociedad están demandando certidumbre y agilidad en la toma de decisiones”, recuerda Rosa Vidal, socia directora de Broseta.

Por su parte, José Luis Velázquez, coordinador de la asesoría jurídica de Fremap, opina que los abogados deben necesariamente reinventar sus métodos de comunicación con los clientes, tanto internos como externos, “para que la falta de presencia física no implique alejamiento y falta de cercanía”.

Proveedores alternativos, el mayor reto

La cuestión emergente para la que los encuestados están peor preparados es el aumento en proveedores de servicios legales alternativos (o ALSP, por sus siglas en inglés), donde solo el 24% se muestra muy confiado en su capacidad para hacer frente a esta tendencia.

“La pandemia ha puesto en evidencia que muchos de los costes de los bufetes no se justifican con facilidad”, asevera Javier de Cendra, decano de la facultad de ciencias jurídicas y empresariales de la Universidad Francisco de Vitoria. El docente explica que el interés ya existente hacia estos nuevos modelos “se incrementará exponencialmente a costa de muchos actores tradicionales, por mucha tecnología que estos últimos incorporen”.

Por último, Pedro Marcelo Álvarez, jefe de servicio de Asuntos Generales del Gobierno de Canarias, considera que la crisis “supondrá un esfuerzo añadido para las Administraciones Públicas”, que tendrán que aumentar la partida destinada a tecnología para adaptar sus herramientas informáticas al nuevo de modelo de relación que se genere con la Administración de Justicia.

Fuente: Cincodías.com