La Audiencia condena al empresario Manfred Stier a tres años y 7,1 millones por ocultar dinero en el LGT Group. El hotel dejó un roto a la banca que no se ha personado en la causa.

Manfred Stier, dueño del mítico hotel Sidi Saler, en Valencia, ha sido condenado a tres años y nueve meses de cárcel y a pagar 7,1 millones de euros por fraude fiscal. Su nombre aparecía en la lista de Liechtenstein, una filtración de datos del banco LGT Group que hace una década Alemania entregó a España. Stier, un empresario alemán dueño del conocido Hotel Sidi Saler de Valencia, fue juzgado la semana pasada en la Audiencia Nacional. Pero la vista dejó un asunto colateral relevante: cómo traspasó el Sidi Saler a BBVA y Banco de Valencia (hoy de La Caixa) 42 millones de euros en 2008, justo antes de que Medio Ambiente declarase que el hotel estaba afectado por la Ley de Costas.

En 2008 Heinrich Kieber, un empleado del banco LGT Group, propiedad de la familia real del pequeño principado alpino de Liechtenstein, se dirigió a las autoridades alemanas con datos de 1.400 clientes que se había llevado del banco seis años antes. Alemania entregó los datos a España y comenzó el lento pero inexorable procedimiento judicial. Ignacio Fagalde, fundador del diario ‘Segunda Mano’, por ejemplo, aceptó una condena en conformidad y el empresario Andrés Guillamot también fue condenado.

Pocos llegaron a juicio. Stier, dueño del Sidi Saler y del Sidi Alicante, dos hoteles de lujo, fue uno de ellos. El Sidi Saler, abierto en 1975 en mitad de la Albufera de Valencia, fue durante mucho tiempo un lugar envidiable. La selección epañola de fútbol lo usó para sus concentraciones y Lance Armstrong acudía allí con su avión privado a doparse en pretemporada, según reveló su compañero Tyler Hamilton en su libro ‘The secret race’. Pero con los años el hotel se fue quedando atrás.

Según la sentencia, notificada el viernes y a la que ha tenido acceso este diario, Stier «era titular de fondos ocultos en Liechtenstein por importe de tres millones de euros en 2002, que no habían sido declarados a la Hacienda pública española pese a ser residente fiscal en España». Para ello usó el LGT Group, cuyos servicios «iban dirigidos a garantizar la total opacidad de la titularidad de sus patrimonios» mediante el uso de fundaciones. «Tales fundaciones constituyen un artificio carente de cualquier finalidad social, pues su único objeto era ostentar frente a terceros la titularidad de los bienes que sus propietarios deseaban ocultar», según la sentencia de la que ha sido ponente José María Vázquez Honrubia.

A partir de 2004, Stier comenzó a mover el dinero del principado. En esa época se peleó con su socio Klaus Finster, al que le compró la mitad de los hoteles por unos 40 millones. Para eso empezó a repatriar dinero desde el principado alpino mediante complejas operaciones societarias. La sentencia detalla los movimientos de capital y acciones, pero resume que «pese a la aparente complejidad de la causa, el punto esencial de patida perfectamente acreditado documentalmente» es la existencia de fondos no declarados en Liechtenstein, un país que «en la época no transmitía información ni cooperaba con la Hacienda pública española».

La Audiencia Nacional no compra la versión de la defensa de que esas operaciones tenían sentido desde un punto de vista mercantil y señala que todo es «una maquinación insidiosa que se prolonga en el tiempo». «Resulta indicio relevante, por mucho que la defensa alegue que es normal, que dos hoteles españoles se exploten en realidad por dos fundaciones en un paraíso fiscal».

Por todo, Stier ha sido condenado por tres delitos fiscales, en los ejercicios 2006, 2007 y 2008 y a abonar 7,1 millones de euros entre cuotas defraudas y multas. La sentencia, contra la que cabe recurso, le impone tres años y nueve meses de prisión, que de ser confirmada suele conllevar ingreso en la cárcel. La Fiscalía Anticorrupción pedía para él 12 años de cárcel.

El caso ha sacado a la luz una extraña operación bancaria que dejó un agujero millonario al BBVA y al Banco de Valencia (hoy de La Caixa tras ser rescatado). El Sidi Saler tenía un talón de Aquiles. Está sobre la misma playa y la ley de Costas, de 1988, establece que es dominio público y que por lo tanto solo puede ser una concesión pero no propiedad privada. Así que la venta era una operación redonda para el empresario. Stier movilizó a la embajada alemana contra España por el deslinde de ese tramo de la Albufera, como hicieron con su embajada vecinos británicos de la urbanización de la Casbah.

El deslinde, el trámite para delimitar la zona privada y la pública de playa, fue arrastrando los pies. Estuvo paralizado entre el 5 de febrero de 1997 hasta el 10 de noviembre de 2005, ya con el Gobierno del PSOE. Finalmente, en 2006, el Sidi Saler quedó incluido en el dominio público. Aun así, el 20 de febrero de 2007, el BBVA y el Banco de Valencia compraron al 50% el hotel por 42,77 millones de euros. Era una operación de financiación, en la que los bancos eran dueños de los inmuebles y la empresa propietaria pagaría un alquiler. Durante la crisis, muchísimas empresas vendieron sus sedes a cambio de seguir de alquiler. Stier pudo vender el hotel gracias a que «se omitió reflejar en el registro de la propiedad» el expediente de deslinde, según una sentencia posterior. Es decir, que sobre el papel el hotel estaba limpio. En 2011, el Sidi Saler echó el cierre y dejó a los trabajadores en la calle. Desde entonces ha habido amagos de retomar la actividad pero el edificio sufre un notable deterioro.

La causa contra Stier por fraude fiscal ha revelado ahora que esos 42 millones viajaron a Liechtenstein. El asesor jurídico territorial del BBVA en la época declaró como testigo en la Audiencia Nacional que a la semana de realizar la operación les comunicaron que el hotel estaba afectado por la Ley de Costas y que su valor se desplomó. Aun así, ni el BBVA ni el Banco de Valencia (hoy propiedad de La Caixa tras ser rescatado con dinero público) se han personado en la causa del fraude fiscal como acusación. El asunto no es objeto de la sentencia.

Tras la declaración de que el hotel estaba en dominio público, la empresa emprendió sin éxito un contencioso contra Costas. Ahí sí se personaron el BBVA y el Banco de Valencia. Pidieron «la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración, que debe indemnizarse el total importe del valor del inmueble, adquirido por 42.774.164 euros, al 50% entre Banco de Valencia y BBVA, tomando en consideración que la entidad actora nunca quiso adquirir una concesión, sino la propiedad del inmueble». Alegaban que se había vulnerado el reglamento de Costas porque al no estar en el registro creían comprar un hotel de propiedad privada cuando en realidad estaban adquiriendo una concesión en dominio público, algo infinitamente menos valioso.

El hotel permanece cerrado pese a que en la prensa local reaparecen periódicamente noticias para reabrirlo. Sin embargo, al estar en el parque natural de la Albufera y en dominio público marítimo terrestre, su futuro es negro. A su azarosa historia suma ahora una condena por delito fiscal.

Fuente: ElConfidencial.com