La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE establece una cuenta atrás para la entrada en vigor de unas nuevas reglas fiscales a partir de 2025. El horizonte planteado fija varias fechas clave hasta que los países tengan que volver a cumplir con los objetivos de déficit y deuda que se vieron suspendidos tras la pandemia, un momento en el que las circunstancias requerían manga ancha para el gasto. Aunque los países debían presentar sus planes fiscales estructurales el 20 de septiembre como fecha límite, el Ejecutivo comunitario es flexible en los plazos, el Gobierno podrá retrasar esta entrega a Bruselas hasta el 15 de octubre.

Lo ha confirmado este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo: «España presentará su plan fiscal estructural de acuerdo con lo previsto en la normativa el próximo 15 de octubre, al igual que lo harán la gran mayoría de los Estados miembros». La fecha, que coincide con el plazo límite de entrega del plan presupuestario para 2025, la ha dado en respuesta a la pregunta del PP en el Congreso acerca de si cumpliría con el vencimiento de este viernes 20 de octubre.

El plan fiscal estructural es el primero de los documentos que los países deben presentar a la Comisión Europea para garantizar que cumplirán los límites establecidos por las reglas fiscales, un déficit que no superará niveles del 3% sobre el PIB y del 60% en el caso de la deuda. Estos planes fiscales se configuran a cuatro años, pero son extensibles a siete en caso de que los Gobiernos presenten reformas e inversiones que lo justifiquen.

España llegará tarde a la primera entrega que los Estados miembro deben hacer antes de la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales. Si bien los objetivos de déficit y deuda no varían respecto a la anterior gobernanza económica, el nuevo marco se fijará en la senda de gasto. En esa hoja de ruta que el Gobierno debe presentar a Bruselas, el Gobierno debe fijar un techo al incremento del gasto anual. El indicador se fijará en el gasto primario neto, y excluirá los intereses de la deuda y otros gastos considerados cíclicos.

Fuentes de la Comisión Europea confirman que se concederá cierta flexibilidad a los países en la entrega de los planes estructurales, de tal manera que la demora no constituye un gran problema para España. Las normas establecen que los Estados miembro y la Comisión pueden acordar ampliar ese plazo por un periodo de tiempo razonable, han informado fuentes comunitarias. En todo caso, Bruselas empezará a evaluar los planes inmediatamente después de su presentación y publicará su evaluación.

Se trata de la primera vez que los países de la UE deben presentar sus planes fiscales estructurales a la Comisión Europea, pero esto no significa manga ancha. Bruselas deberá evaluar, país por país, los motivos por los que los Gobiernos argumentan estos retrasos y darle su visto bueno, también en el caso de España.

El Ejecutivo comunitario se encuentra actualmente evaluando la información recibida de todos los Estados miembros que solicitaron un aplazamiento y confirmará en un plazo corto de tiempo si está de acuerdo o no con la prórroga que solicita el Gobierno de Sánchez. No obstante, todo apunta a que la petición saldrá adelante. Fuentes de la Comisión Europea aseguraban que habría cierta flexibilidad en los primeros pasos del proceso.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, argumentaba ayer que el aplazamiento en la presentación del plan fiscal estructural hasta el 15 de octubre se enmarca en «lo previsto en la normativa». Sin embargo, fuentes comunitarias recuerdan a El Economista que las «normas prevén la presentación de los planes antes del 20 de septiembre». Si bien estas mismas fuentes conceden que «las normas también prevén que podamos discutir y acordar con los Estados miembros una prórroga por un periodo de tiempo razonable», este proceso requiere «estudiar todos los factores que justifiquen esta petición» caso por caso.

Los países de la UE que comparten el euro como moneda deben presentar sus proyectos de planes presupuestarios a Bruselas. El Ejecutivo comunitario evalúa los planes para garantizar que la política económica de los países que comparten el euro esté coordinada y que todos respeten las normas de gobernanza económica de la UE. Los proyectos de planes presupuestarios se evalúan como conformes, globalmente conformes o con riesgo de incumplimiento.

Un calendario apretado

El Gobierno español apurará el plazo todo lo posible, hasta el próximo 15 de octubre. El aplazamiento, con todo, tiene un significado que va más allá de volver a delatar la parálisis en la que Moncloa está sumida desde el inicio de la legislatura. En realidad, el entorno del próximo día 15 está marcado en rojo en el calendario del Gabinete de Sánchez, como el posible periodo en el que el proyecto de ley de Presupuestos del Estado de 2025 llegaría al Congreso, lo que sería todo un éxito, también a los ojos de Bruselas.

Pese a los continuos reveses que el PSOE y Sumar sufren en la Cámara Baja (esta misma semana Junts tumbó su ley sobre el alquiler de temporada), en Hacienda aún trabajan con la expectativa de presentar las Cuentas de 2025 en tiempo y forma. Para ello, el primer hito llegará el próximo jueves, cuando el Ejecutivo volverá a someter a la votación del Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria del año próximo para el conjunto del sector público español. Son los mismos que la Cámara, de nuevo con ayuda de Junts, rechazó en julio.

No obstante, si la semana próxima sí salieran adelante, el Consejo de Ministros estaría ya en condiciones de aprobar el proyecto de ley completo de los nuevos Presupuestos en los primeros días de octubre. Desde ese momento, siempre bajos los supuestos que maneja el Gobierno, habría tiempo suficiente para amarrar los apoyos parlamentarios y someter el proyecto de ley su primer debate en el Congreso –el decisivo– en torno al día 15 del mes próximo con garantías de éxito. Con los Presupuestos encarrilados de ese modo, el plan fiscal que Moncloa presentaría a Bruselas contaría con mucha más solidez.

Fuente: El Economista