Prácticamente todas las grandes economías europeas, con la excepción de Alemania, aplican ya –o planean hacerlo en breve– una subida de impuestos a las grandes empresas. Cuatro países (incluyendo a Reino Unido), sobre un total de cinco, perpetúan los impuestos creados ad hoc con motivo de la guerra de Ucrania, como España, o bien recurren a cambios en los impuestos tradicionales para elevar la recaudación a costa de las corporaciones de mayor tamaño.

El último Gobierno en dar ese paso, en su proyecto de presupuestos para 2025, es el nuevo Ejecutivo francés encabezado por el conservador Michel Barnier, acaba de aprobar un incremento temporal del Impuesto de Sociedades para las empresas que ingresen más de 1.000 millones al año.

Por su parte, el ministro de Economía de Italia, Giancarlo Gioretti, también lanzó el órdago sobre la subida de impuestos a las compañías que han ganado más durante el año fiscal. Todo esto en un contexto en el que ya tenían aplicado un impuesto a la banca muy poco eficiente.

La experta de Tax Foundation, Cristina Enache, aseguró a este periódico que este tipo de medidas van a provocar «una pérdida de competitividad» porque las empresas «no van a saber si invertir o no y la inversión hacen bajar los salarios y el stock de capital», por lo que eso afectará al crecimiento de las economías más grandes del euro.

Al mismo tiempo, Enache hace referencia a un informe del Parlamento Europeo en el que se concluye que, históricamente, los impuestos sobre los beneficios extraordinarios afectan directamente a la inversión y, por tanto, el tejido empresarial de los países se volverá cada vez menos competitivo.

La competitividad en Europa está por los suelos. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, lo dijo en su informe encargado por la Comisión Europea en el que asegura que el Viejo Continente no se renueva para alcanzar a sus mayores rivales (China y EEUU), por lo que caerá en la más absoluta irrelevancia a nivel global si continúa con esta tendencia.

En este sentido, el nuevo modelo tributario galo amplía el tipo impositivo teórico del 25% al 30% en su primer año y, para las empresas que ganen más de 3.000 millones, se queda un tipo del 35%. Al mismo tiempo, también impone un gravamen temporal al patrimonio para aquellas familias que tributen más de medio millón de euros al año y para las personas solteras que tengan una renta fiscal de referencia de 250.000 euros anuales. Por su parte, del italiano se conocen pocos detalles.

La explicación para estos tributos, en el caso de Francia e Italia, es que se usarían sanear sus maltrechas cuentas. Los galos esperan cerrar este ejercicio con un déficit del 6% sobre el PIB y se prevé que el país transalpino remate el año con un descubierto del 3,8%en sus cuentas, según fuentes gubernamentales. Algo que está muy lejos de lo que establecen las normas fiscales comunitarias de reducirlo por debajo del 3%antes de 2027.

Las previsiones de recaudación de París con estos dos tributos temporales a ricos y grandes empresas es de 20.000 millones de euros. En el caso de Italia, elEconomista.es se puso en contacto con el Ministerio de Economía del país y no quisieron hacer declaraciones al respecto de este anuncio del ministro.

En España, en el ejercicio de 2023 (cuando se empieza a aplicar la tasa), la Agencia Tributaria recaudó 2.908 millones de euros a través de este impuesto, quedándose solo 100 millones por debajo de la previsión de ingresar 3.000 millones que hicieron cuando al anunciar el tributo. Actualmente, están barajando en hacerlo permanente, con algunas modificaciones, según reza el plan fiscal a siete años que enviaron a la Comisión Europea.

Fuera de la Unión Europea, Reino Unido también contempla una tasa del 38% (35% hasta el 1 de noviembre de 2024) que se suma a la ya vigente del 40% sobre el petróleo y el gas. Todo esto genera una tasa impositiva efectiva del 78%.

En este sentido, Cristina Enache asegura que la diferencia entre esta tasa y la española es que la británica «es muy concreta» porque solo se aplica a empresas extractoras, mientras que el de España es a las empresas energéticas en general.

La experta de Tax Foundation cuenta a elEconomista.es que este tipo de impuestos son «muy dañinos para la economía». Argumenta que a pesar de que son las empresas las que los pagan, «recae sobre los trabajadores, los consumidores y sobre los dividendos de los accionistas inversores». Es decir, una tasa de este calibre sobre los beneficios extraordinarios «puede hacer que las empresas reduzcan el número de trabajadores e incrementar el paro».

Cosa muy distinta sucede con el impuesto de Sociedades, ya que la incidencia de este tributo que paga una empresa «recae sobre la actividad de la empresa», comenta.

Alemania es la única gran economía que no tasa los beneficios extraordinarios de las grandes empresas. Fuentes del Bundesbank aseguraron a este periódico que, a pesar de la complicada situación económica que está atravesando el país, no está previsto que se imponga un gravamen similar. Asimismo, el único impuesto «solidario» que contempla el fisco germano es una tasa del 5,5% sobre el impuesto de Sociedades que se instauró hace casi 30 años para financiar la reunificación del país.

Inicialmente, el tributo también se aplicó sobre la Renta, pero en 2019 el Bundestag decidió que los contribuyentes alemanes dejarían de pagar esta tasa a partir de enero de 2021. El Ministerio de Finanzas aseguró que este impuesto para sufragar la reunificación recaudó entre 1991 y 2010 un total de 340.000 millones de euros.

Fuente: El Economista