Los contratos públicos subvencionados con fondos europeos para combatir la pandemia de la covid-19; los múltiples fraudes de IVA; las organizaciones criminales que operan contra los intereses financieros de la Unión Europea; la corrupción y el blanqueo de capitales, son algunas de las 50 causas que la Fiscalía Europea en España ha investigado en sus dos años de recorrido. Un número que parece escaso para un órgano instructor, si bien se trata de una cantidad que “se ha multiplicado por seis” desde que inició su andadura, según destacan fuentes del propio órgano.

La Fiscalía Europea, con sede central en Luxemburgo, se puso en marcha el 1 de junio de 2021, y en España sigue siendo casi desconocida. Su actividad es más parecida a la que desempeñan los jueces instructores que los fiscales españoles. Los siete fiscales europeos delegados, más su ‘jefa’ en España, Concepción Sabadell -conocida por ser unas de las fiscales Anticorrupción del caso Gürtel y cuyo mandato caduca el próximo 28 de julio- son los que dirigen las investigaciones penales en las que se ven perjudicados los intereses económicos de la Unión Europea. Un modelo de investigación instaurado en muchos países europeos y que se pretende implantar en España, aunque la reforma requerida para ello lleva años paralizada.

Es por esta forma de actuar que muchas entidades y organismos siguen poniendo pegas a la Fiscalía Europea a la hora de facilitar la información requerida para las investigaciones, al pensar que no son autoridades judiciales, explican fuentes del órgano comunitario.

Falta de medios

De hecho, resaltan que todavía falta apoyo de las autoridades nacionales para detectar los fraudes y agilizar los procedimientos en curso. Por ello piden contar con más unidades de Policía Nacional y Guardia Civil, un mayor soporte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), o acceso a los ficheros de titularidad financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y al Punto Neutro Judicial, pese haber firmado convenios con distintos ministerios y con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asimismo, reclaman más medios humanos y materiales, pues cuentan con una plantilla de ocho funcionarios para sacar adelante las investigaciones. “El fiscal hace de tramitador, de fiscal y de juez instructor”, explican las fuentes consultadas para exponer la situación en la que trabajan.

Aun así, la Fiscalía Europea ha incrementado los procedimientos en sus manos, pasando de un par a 50 en menos de dos años. Asimismo, ha obtenido ya tres sentencias condenatorias, aunque han sido el resultado de acuerdos de conformidad con los investigados. La Audiencia Nacional es el órgano competente para juzgar los hechos analizados por los fiscales europeos españoles, siempre y cuando los investigados no sean aforados, que entonces pasarán ante el Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia.

Casos destacados

Entre los procedimientos más destacados se encuentra la investigación relacionada con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un contrato por la compra de 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 en pleno confinamiento, con fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Este proceso finalmente fue archivado.

Igualmente, son numerosos los casos por los denominados fraudes de carrusel de IVA, como la Operación Admiral, estimado en 2.200 millones de euros, vinculada a la venta de productos electrónicos. La operación estuvo coordinada en 14 países de la Unión Europea.

Los fiscales europeos también han entrado a valorar presuntas tramas corruptas como la relacionada con Acuamed, la empresa estatal de aguas de la cuenca mediterránea, cuyo caso se ha instruido en la Audiencia Nacional y por el que se han procesado 42 personas, entre ellos el ex director general Arcadio Mateo. En este caso, la Fiscalía Europea finalmente decidió retirarse y no ejercer su derecho de avocación para liderar la instrucción, como sí ha hecho en otros casos.

Fuente: Cinco Días