La decisión de Bruselas de suspender los límites del gasto es una ocasión para reformar una regulación obsoleta.

El pacto fiscal diseñado para mantener unida la zona euro está desfasado. En un momento en que el gasto público se dispara debido a la emergencia sanitaria, la norma, a menudo incumplida, que limita la deuda estatal al 60% del PIB parece más desfasada aún. La decisión tomada por la Unión Europea de suspender los límites de gasto brinda una oportunidad para reescribir las normas.

La reorganización supone varios retos. El actual sistema se basa en el compromiso aceptado por los Gobiernos de la UE en un tratado de 1992 para limitar el gasto anual al 3% del PIB y reducir gradualmente la deuda pública al 60% de la producción anual. El objetivo, establecido en un momento de tipos de interés mucho más elevados, está de más: la deuda soberana de Italia y Portugal ya está por encima del 100%, mientras que España y Francia superarán ese umbral este año, según el Fondo Monetario Internacional.

Tendría sentido eliminarlo. Pero las revisiones de los tratados exigen la ratificación de todos los Estados miembros, y eso implicaría probablemente unas negociaciones prolongadas y complejas.

La alternativa es saltarse la discusión y suspender indefinidamente el pacto fiscal. El comisario de Economía Paolo Gentiloni ha aconsejado al bloque que no se apresure a reactivar las normas el próximo año. Sin embargo, una exención permanente de la supervisión fiscal animaría a algunos países de la UE a lanzarse a una orgía de gasto. Además, es probable que los países del norte de la UE, con una deuda menor, insistan en que se impongan restricciones presupuestarias, y más ahora que se está debatiendo el aval conjunto al fondo de recuperación de 750.000 millones de euros establecido por la UE para ayudar a los países a superar los estragos causados por la pandemia.

Por eso es más importante perfeccionar las normas. Las revisiones de los presupuestos anuales deberían centrarse en la calidad de las finanzas estatales, y no en evaluaciones cuantitativas brutas. Las inversiones que potencian el crecimiento de un país a largo plazo, o que se centran en áreas que la UE ha establecido como prioritarias, podrían quedar excluidas del cálculo del déficit. Este podría ser el caso de la educación, las inversiones digitales o la sostenibilidad.

Por otra parte, los límites de deuda y déficit deberían considerarse puntos de referencia y no topes estrictos que automáticamente comportan sanciones para quienes no los respetan. En el pasado, estas normas han obligado a los países a recortar el gasto en momento de crisis económica, y a menudo se han incumplido. Además, los mercados financieros han sido más eficaces a la hora de imponer disciplina a países fiscalmente laxos, como Italia y Grecia, que la Unión Europea.

Encontrar un equilibrio entre la rigidez y el pragmatismo en un pacto fiscal modernizado será difícil. Pero hace tiempo que debía abordarse la revisión.

Fuente: Cincodías.com