La patronal mayoritaria de las pequeñas y medianas empresas del país se muestra contundente, al dar a conocer un manifiesto en el que expuso los siete puntos en los que considera que las decisiones del Gobierno tienen un impacto negativo en el crecimiento del sector empresarial.

Recientemente, la patronal Cepyme puso sobre la mesa los principales aspectos en los que se atenta contra el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Uno de los puntos clave es el coste y las cargas burocráticas, fiscales y sociales con las que deben de lidiar las casi 3 millones de pymes constituidas en España, uno de los países en los que la supervivencia de este modelo empresarial es de los más precarios, según los datos que manejan los expertos de la OCDE.

A lo mencionado, se le suma el discurso por parte del Gobierno con el que, Cepyme indica, se estigmatiza a quienes tengan el deseo de emprender. Con ello, se viene promoviendo un cambio de cultura sobre la figura del empresario basada en la persecución de los beneficios, la rentabilidad y el éxito en los negocios. Así lo ha expuesto la patronal en un documento de 11 páginas titulado Manifiesto de la pequeña y mediana empresa española de Cepyme, en el cual se reafirman en la razón de ser del empresariado y resaltan siete puntos que amenazan su mejora.

En el escrito, se cuestiona la proliferación de registros, planes y protocolos obligatorios a los cuáles se tiene que ceñir la empresa, que suponen una gran carga y coste burocrático para las pymes que se ven obligadas a contratar asesorías especializadas, haciendo uso de sus recursos para cumplir con las obligaciones burocráticas no productivas.

En este contexto, Cepyme resalta que en España las empresas aportan un 32,4% de la recaudación fiscal frente a un 25,8% de media en la UE, carga que corre el riesgo de aumentar ante la imposición de nuevos tributos medioambientales. En el manifiesto, Cepyme pide expresamente el cese del control de la empresa y de la sobrerregulación, que según dicen, viene acompañada de una avalancha normativa que es difícil de sobrellevar para la empresa, en especial para la de menor tamaño por lo que denuncian un «intervencionismo gubernamental».

El manifiesto que fue presentado por el presidente de la patronal, Gerardo Cuerva, precisa que el incremento del SMI se ha efectuado «ignorando las consecuencias y su impacto en los sectores afectados, junto al incremento de cotizaciones sociales y a la reducción del tiempo del trabajo sin reducción de salario, son medidas que afectan directamente en la conformación general de los salarios».

De esta forma, desde la perspectiva empresarial se «desvirtúa la negociación salarial bipartita, anulando convenios y acuerdos firmados, que rompen su equilibrio». A la vez que se deslegitima la estructura que se ha construido entre los sindicatos y empresarios desde hace más de un siglo, explica el texto.

A nivel interno, situaciones como las antes dichas, tensan la relación entre el trabajador y la empresa debido a que aumentan la conflictividad en la propia plantilla por la homogeneización de salarios. En esta línea, se solicita que la empresa tenga la libertad de ordenar el tiempo y los recursos del trabajo sin injerencias del Gobierno. Es decir que la organización de la producción, su funcionamiento y la toma de decisiones son ámbitos privados de la compañía, cuya resolución solo le corresponde a la propia empresa y a los trabajadores afectados.

Negociación Tripartita

La confederación también incluyó dentro de su manifiesto al pedido de respeto de la negociación colectiva por lo que «piden se respete la lealtad y confianza con la que los agentes sociales participan en el diálogo social, el esquema nacido de la Transición, basado en la negociación tripartita entre el Gobierno y los representantes de los empresarios y de los trabajadores».

Asimismo, destacaron la importancia de que las propuestas de los agentes sociales tengan cabida en los pactos alcanzados y que no sean desvirtuados después de la aprobación de la norma. Por ello «es imprescindible cesar de aprobar reformas del mercado de trabajo sin ni siquiera consultar a los afectados», indicó Cepyme.

Y exigió se respete la negociación colectiva: Las relaciones laborales de nuestro país se cimientan en las cerca de 5.000 mesas de negociación colectiva existentes, donde sindicatos y empresarios negocian y adaptan no solo los salarios, sino también las condiciones del trabajo a cada realidad sectorial o empresarial», precisa el escrito que refiere a la importancia de la libertad empresarial que resumen en «respaldar la iniciativa privada y alentar el aumento de la inversión y la productividad».

Sin hacer alusión directa al debate en curso acerca de la reducción de jornada planteada por el Gobierno, en el manifiesto Cepyme indica que haya una ordenación del tiempo y los recursos del trabajo «sin injerencias». Es decir, que la ordenación del tiempo de trabajo, la organización de la producción, su funcionamiento y la toma de decisiones sean ámbitos privados de la empresa, los cuáles les corresponde resolver a la empresa y a los trabajadores afectados. Tendremos empleo si tenemos empresas», remarca la patronal de las pequeñas y medianas empresas españolas que representan el 99,8% del tejido productivo con cerca de 11 millones de empleos.

Finalmente, en el manifiesto la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa apuesta también por hacer respetar la flexibilidad interna de la empresa. Denuncia que, con el encarecimiento del coste del despido, el ampliar las causas de nulidad y al introducir la incertidumbre en su tramitación alargando los plazos «son malas soluciones del Gobierno». Cepyme explica que la viabilidad de las empresas está en riesgo: o se adaptan o desaparecen.

Fuente: El Economista