EE UU investiga por blanqueo de dinero al expresidente de la compañía Khadem Al Qubaisi. El importe total que aparta por posibles responsabilidades es de 253,4 millones.

Cepsa ya tiene el visado de la CNMV para volver a la Bolsa. Lo hará el 18 de octubre, si no hay problemas, con un precio de 7.010 a 8.080 millones de euros, en la parte baja del rango previsto que llegaba a los 12.000 millones que arrojan los informes de los analistas. Pero también tiene provisionados 253,4 millones por eventuales responsabilidades con terceros, 140 millones por una discrepancia fiscal en España, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga al expresidente de la compañía Khadem Al Qubaisi.

La compañía solo necesita un precio de 30 dólares del barril de Brent para ser rentable en exploración y producción, cuando el oro negro se paga ahora en torno a 85 dólares, y destaca por su rentabilidad por dividendo, que se situará en el entorno del 6% anual, ante la promesa de repartir 450 millones con cargo a 2019 y elevar ese importe a una tasa del 5% anual hasta 2021. Se compromete a esas cantidades, al margen de que su beneficio sea menor o mayor.

Pero la compañía detalla también en el folleto varias cuestiones que pueden suponer riesgos potenciales. Obviamente, el documento incluye todo tipo de catástrofes, pero sí concreta varios temas tributarios y judiciales que pueden tener recorrido.

A cierre del pasado junio, Cepsa tenía provisionados 253,4 millones de euros por eventuales responsabilidades con terceros. La mayor parte de ese importe se refiere a los posibles efectos derivadas de una revisión de la Agencia Tributaria respecto al Impuesto sobre Sociedades pagado entre 2005 y 2012. “La decisión relativa a este procedimiento sigue estando pendiente ante la Audiencia Nacional”, aclara la compañía en el folleto. Ha provisionado 140 millones por este tema.

También está sometida a reclamaciones tributarias en Colombia (por 36,4 millones de dólares) y Brasil, aunque para estos casos Cepsa no ha considerado necesario realizar ninguna provisión.

Por responsabilidad civil ha registrado provisiones de 14,7 millones de euros, debido a tres casos. El primero, por la terminación de un contrato de servicios submarinos en Palos (Huelva) en el que el demandante reclama 14 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. También su filial Cepsa Trading está inmersa en un contencioso en Nigeria, al igual que Cepsa Comercial Petróleo en España por un conflicto debido a sus estaciones de servicio de gas con una cantidad reclamada de 22,3 millones de euros.

En cuanto a procedimientos de responsabilidad penal, la compañía menciona que en 2016 un antiguo accionista de una de las filiales se querelló por supuesto fraude en relación con la adquisición de títulos de esa filial en 2015. El querellante alega se redujeron artificialmente los beneficios de la filial para comprar su participación a un precio inferior a su valor real.

Khadem Al Qubaisi, el antiguo director deInternational Petroleum Investment Company (IPIC), el fondo que se fusionó el año pasado con Mubadala, y presidente de Cepsa hasta 2015. El gran problema se remonta a enero de 2014, cuando Cepsa compró la compañía Coastal Energy, con activos petroleros en el sudeste asiático, por 2.200 milones de dólares a través de una empresa conjunta con Strategic Resources, filial de la compañía de asesoría de inversión con sede en Hong Kong Jynwel Capital, cuyos directores eran Jho Low y Szen Low.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado una serie de denuncias que incluyen indicios de blanqueo de dinero que involucra a los mencionados Jho y Szen Low, al expresidente de Cepsa Khadem Al Qubaisi, y al antiguo miembro del consejo Mohamed Ahmed Badawy Al Husseiny. Al Qubaisi y Al Husseiny dejaron de tener conexión con el grupo en abril de 2015 y febrero de 2014, respectivamente.

“Las denuncias no hacen ninguna acusación de irregularidad contra ningún miembro actual o anterior de Cepsa, a excepción de Al Qubaisi y Al Husseiny”, sentencia Cepsa, si bien avisa de que no puede descartar la posibilidad de nuevas investigaciones y la imposición de sanciones por parte de Departamento de Justicia u otra autoridad estadounidense en relación con este asunto.

Fuente: Cincodías.com