La patronal considera que la reforma tributaria debe reorientarse hacia la simplificación del sistema impositivo español para reducir la factura de su aplicación y mejorar la competitividad del país.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, y el consecuente agravamiento de la crisis inflacionista, ha obligado al Gobierno a dejar en suspenso la reforma tributaria que encargó diseñar a un comité de expertos. Desde la CEOE consideran, sin embargo, que la coyuntura ha superado su principal objetivo, que era igualar la recaudación del país a la media europea, e instan al Ejecutivo a reorientar la reforma hacia una simplificación del sistema tributario que reduzca sus costes de aplicación y mejore la competitividad del país.

Así lo defendió ayer Pilar González de Frutos, vicepresidenta de la CEOE y presidenta de su Comisión Fiscal, durante el foro tributario organizado por EsadeECPol bajo el título La reforma del sistema fiscal: garantizando la eficiencia y la equidad. «Según Eurostat, en 2020 la presión fiscal media de la UE fue del 41,3% y aquí fue del 37,5%. Es verdad que hubo un fuerte incremento desde el 35,4% de 2019», como consecuencia de la pandemia, admitió González de Frutos, para agregar que está «segurísima de que ese diferencial se ha reducido más en 2021», debido a que la recaudación se disparó un 15,1%, más que duplicando el avance del PIB nominal. Por tanto, concluyó la representante de la patronal española, «la presión fiscal en España ha debido situarse en 2021 en torno al 41%, ya en unos valores muy similares a la UE», con lo que puede darse por cumplido el principal objetivo de la reforma tributaria que preparaba el Gobierno. «Es necesario realizar un diagnóstico desde la situación actual y la comparativa con el entorno, aunque no estoy segura de que este diagnóstico sea el mismo que se está realizando en todas partes», dijo, asumiendo que el Gobierno no ha llegado a la misma conclusión que los empresarios. Es más, el colectivo destaca que si a la carga tributaria se le suman las cotizaciones sociales, la cuña fiscal supera con creces la media de la OCDE.

«Una reforma fiscal en profundidad no solo debe ser diseñada con el fin de tener el nivel de ingresos imprescindible para financiar el gasto público, además debe de ser eficiente, fortalecer el crecimiento y la creación de empleo», defendió en todo caso González de Frutos. «No podemos desconocer la realidad de una economía globalizada donde los países compiten por la atracción de la inversión y el capital humano, las empresas competimos en un mercado global donde la carga tributaria es un componente más de la estructura de costes», añadió. En este sentido, sostuvo, «la reforma debe rediseñar el sistema fiscal para hacerlo competitivo, eficiente, lo más neutro posible y para reducir al mínimo los costes de cumplimiento». El modelo actual, adujo, se traduce en una elevada litigiosidad entre los contribuyentes y el Fisco que conviene atajar.

En cualquier caso, González de Frutos subrayó que España es un país de pymes que cuenta ya con «un impuesto de Sociedades homologable a los de la UE», por lo que «pretender una reforma de este impuesto para obtener aumentos de la recaudación no sería muy efectivo».

Su análisis contrastó con el de Clara Martínez-Toledano, miembro de EsadeEcPol y profesora del Imperial College de Londres, que presentó el informe Desigualdad de la renta y redistribución en España: nueva evidencia en base a las Cuentas Nacionales Distributivas. El documento revela que el 1% de contribuyentes más ricos del país ha pasado de acumular en sus manos el 13% de la renta nacional en 2007 a lograr el 17% justo antes de la pandemia. Es más, el decil de más renta soporta una presión fiscal del 27%, por debajo incluso del 28% del colectivo de menos ingresos. El fenómeno, explicó la experta, se deriva en parte de la pérdida de peso de Sociedades, impuesto que consideró clave potenciar para mejorar la equidad. Dada la difícil coyuntura actual, admitió Martínez-Toledano en todo caso, un primer paquete de medidas debería centrarse en combatir el fraude fiscal entre rentas altas.

Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y secretario del comité de expertos para la reforma tributaria concluyó que la guerra no da margen para implementar hoy la remodelación que habían diseñado, pero asumió que algunas de sus medidas terminarán poniéndose en marcha a medio plazo y conminó a ir diseñando ya el contenido y calendario de la reforma fiscal que se acabará impulsando «en función de como avance la economía» para dar tiempo a adaptarse. «La reforma no se hará necesariamente el 1 de enero de 2023, pero es bueno que se sepa y que los agentes económicos sepan cuándo y qué se va a hacer», defendió. En todo caso, expuso, espera que los políticos rectifiquen sus prácticas habituales y «dejen de bajar impuestos cuando la economía va bien para subirlos cuando nos va mal».

En el foro participaron también el director de evaluación del gasto público de la Airef, José María Casado, que instó vigilar que las medidas que se tomen sean aplicables en el marco descentralizado español, y David López-Rodríguez, economista senior del Banco de España, que abogó por revisar tipos que llevan años congelados, como el de la cerveza, antes de acometer reformas mayores.

Fuente: Expansión