Se presenta una semana intensa para España de cara a tachar de su lista las tareas pendientes ante Bruselas. El próximo día 15 está marcado en el calendario como la fecha en que deberá remitir a la Comisión Europea el plan fiscal para los próximos cuatro años, así como el borrador presupuestario para el 2025. El Ejecutivo español ya avanzó su intención de cumplir con el plazo límite para el primero de los documentos, sin embargo, corre el riesgo de recibir un nuevo aviso de Bruselas, ya que no prevé presentar las cuentas del próximo ejercicio a tiempo.

El punto de partida para entender toda esta vorágine de documentos es la aplicación de las nuevas reglas fiscales, que entraron en vigor en abril pero cuya aplicación oficial se fijó a partir de 2025. Con este horizonte en mente, los países debían enviar a Bruselas sus planes fiscales estructurales para los próximos cuatro años el día 20 de septiembre. España, igual que el grueso de Estados miembro, pactaron con la Comisión Europea una prórroga. Finalmente, el horizonte para entregar la hoja de ruta de reducción de la deuda y el déficit de los próximos cuatro años se pactó para el 15 de octubre, fecha en la que también se deben entregar los presupuestos.

Las intenciones del Gobierno se han visto frustradas por la aritmética parlamentaria. La pasada semana, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reiteraba la intención de presentar el plan fiscal estructural este martes. Sin embargo, avisaba de retrasos en la entrega a Bruselas de las cuentas para el próximo año. «La Comisión Europea ha explicado que no quiere planes presupuestarios que vengan sin medidas», justificaba el titular de Economía el motivo de tal retraso.

«En un entorno normal donde para el 15 de octubre no tenemos ese borrador habríamos presentado un plan presupuestario sin medidas de política económica y eso no va a suceder porque la Comisión Europea ha pedido que se presenten planes con medidas de política económica». No obstante, fuentes de la Comisión Europea matizaban a elEconomista.es que es a los Gobiernos en funciones a los que se ha pedido que no remitan prórrogas presupuestarias, una condición que no cumple España.

En todo caso, no es que la idea de un retraso haya sentado muy bien en Bruselas. Pocas horas después de las declaraciones de Cuerpo, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, matizaba que, aunque la Comisión Europea siempre ha sido flexible con los plazos, «hay límites en esa flexibilidad» e instaba a «no perder esa conexión entre los borradores presupuestarios y los planes fiscales estructurales». Su mensaje era muy claro: ambos documentos «deben ir conectados y esto implica que el nivel de flexibilidad de los plazos es limitado».

El italiano concretaba una advertencia que ya se había comentado por los pasillos de las instituciones comunitarias. Presentar un plan fiscal a cuatro años sin el respaldo de unos presupuestos corre el riesgo de convertirlo en papel mojado. A duras penas puede ser creíble un plan de control de las cuentas públicas para el próximo cuatrienio –ampliable a siete años en caso de comprometer reformas e inversiones adicionales–, si el Estado español no fija una hoja de ruta fiscal para el próximo ejercicio.

Además, el Ejecutivo comunitario advertía a España, la pasada semana, de que el límite de entrega de presupuestos es el día 15. Bruselas quiere que los Estados miembro respeten los plazos establecidos en los meses de la recta final de año que se antojan claves, antes de que en 2025 comiencen a aplicarse las nuevas reglas fiscales, que fijan que los niveles del déficit sobre el PIB y de deuda sobre el PIB no deben superar el 3% y el 60%, respectivamente. Si bien el plazo no es estricto, Bruselas espera que los Gobiernos remitan sus planes presupuestarios para el 15 de octubre o unos días después.

La planificación choca de frente con los tiempos que maneja el Gobierno. La complejidad del Gobierno para sacar acuerdos adelante en el Congreso ha imposibilitado, hasta la fecha sacar adelante la senda fiscal, sobre la que luego se trabajan los presupuestos. El primer revés lo sufrió en julio, ante la negativa de Junts. El segundo lo esquivó en septiembre ante la perspectiva poco halagüeña de sacar adelante las cifras en el Congreso.

En todo caso, Cuerpo reiteraba la pasada semana su intención se avalar las cifras presentadas ya en julio, que establecía un objetivo de déficit del 3% para este ejercicio, que caería al 2,5% el próximo año. Una cifra que, asegura, contribuiría a reducir la deuda. La tasa, prevé, caería al 2,2% en 2026 para descender, posteriormente, al 1,8% en 2027.

Fuente: El Economista