Los comisarios de la Comisión Europea han acordado conminar el lunes a los países comunitarios a prorrogar durante 2023 la suspensión de los objetivos de déficit y deuda que lleva vigente desde 2020 por la pandemia. La medida podría dar margen al Gobierno español para retrasar su reforma fiscal hasta 2024.

La magnitud de la convulsión económica provocada por la invasión rusa sobre Ucrania, que ha agravado la crisis inflacionista, ha desacelerado -cuando no ha hecho caer- la actividad de los países europeos y ha exigido la aprobación de nuevas ayudas públicas, ha terminado de convencer a Bruselas de la necesidad de prorrogar un año más la suspensión de las reglas comunitarias de ortodoxia fiscal para no ahogar la recuperación de la pandemia de Covid. Aunque la medida lleva meses sobre la mesa, los comisarios de la Comisión Europea se conjuraron finalmente el miércoles para llevar el lunes ante los países europeos una propuesta de suspensión de los objetivos de deuda pública y déficit durante 2023, por cuarto año consecutivo. La medida, que aún deberá ser validada por los Estados miembros, concede a países como España un periodo de gracia adicional para reconducir sus cuentas públicas tras la factura del Covid.

El llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que fija protocolos de ajuste presupuestario para los países que excedan el umbral de déficit excesivo del 3% sobre su PIB o cuya deuda supere el límite establecido del 60%, fue suspendido temporalmente en marzo de 2020 mediante la activación de la llamada cláusula de escape. El objetivo era dejar las manos libres a los países europeos para hacer frente a la emergencia sanitaria, social y económica que desató la pandemia de Covid multiplicando su gasto público sin miramientos. La medida fue sucesivamente prorrogada para 2021, año aún marcado por la pandemia, y 2022, a fin de dar margen a los países para recomponerse y afianzar la reactivación económica antes de impulsar ajustes que pusieran en riesgo la recuperación. Hasta hace solo unos meses, la expectativa estaba puesta en reactivar las reglas fiscales en 2023, previa modificación de las mismas, pero la guerra abierta por Rusia en Ucrania ha terminado por convencer a la Comisión Europea de la necesidad de dar un margen adicional.

La decisión se ha tomado a la luz de las últimas previsiones económicas de Bruselas, que el pasado lunes rebajaba del 4% al 2,7% el crecimiento dibujado en febrero para la zona euro y la UE en 2022. Entre medias, un factor decisivo: la guerra. «La invasión rusa de Ucrania está causando un sufrimiento y una destrucción sin precedentes, pero también está afectando a la recuperación económica de Europa. La guerra ha derivado en un aumento de los precios energéticos y ha causado más problemas en las cadenas de suministro, por lo que la inflación se mantendrá ahora alta por más tiempo», resumió el lunes el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. El fenómeno ha rebajado del 2,2% al 0,3% el crecimiento del PIB español en el primer trimestre, ha congelado el de Francia y Países Bajos y hecho caer un 0,2% el de Italia, que volvería a incurrir en recesión técnica si no sale de las cifras negativas en el segundo trimestre.

Dos días después, Gentiloni y el resto de comisarios alcanzaron un «consenso» para proponer formalmente la suspensión de las reglas fiscales en 2023, según anticipó ayer el Financial Times. La idea, en todo caso, es aprovechar este margen adicional para comenzar a monitorizar con mayor atención a los países con más deuda pública y para terminar de negociar la remodelación de las reglas fiscales.

La propuesta será presentada formalmente el próximo lunes por el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario Gentiloni, que ofrecerán una rueda de prensa para anunciar el paquete anual de recomendaciones económicas a cada Estado miembro.

La suspensión comenzará a ser discutida luego por los socios europeos en la reunión del Eurogrupo prevista para esa tarde, a la que acudirán los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona.

«Aunque los pronunciamientos políticos sobre el tema a veces han parecido bastante divididos, no creo que el desacuerdo subyacente sea tan grande. Todo el mundo entiende que el próximo año no será un año normal y que cualquier regla que tengamos en vigor tiene que ser implementada de forma inteligente», declaró a Efe un alto cargo europeo.

La sintonía en estos momentos es tal que dos países tradicionalmente en las antípodas del debate fiscal, España y Países Bajos, han presentado recientemente una propuesta conjunta de reforma de las reglas fiscales europeas. Su planteamiento es que es necesario pasar de la histórica ortodoxia uniforme a un nuevo marco de sendas de consolidación individuales, «compatibles con el crecimiento económica y la creación de empleo», y que previsiblemente ponga más acento en la deuda que en el déficit, como vienen defendiendo en los últimos tiempos organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el Banco de España.

A falta de ver qué forma toman las nuevas reglas de alcanzarse un acuerdo sobre su rediseño, el apoyo formal de Bruselas a otro año de suspensión de las reglas fiscales da aire a España (el país del euro más rezagado en la recuperación), cuyo déficit público saltó del 3% al 10,3% en 2020 y cuya deuda se disparó del 95,5% al 120%.

El Programa de Estabilidad recientemente enviado a Bruselas por el Gobierno plantea que, sin necesidad de tomar medidas adicionales, el déficit bajará del 6,9% de 2022 al 5% este año, el 3,9% en 2023, el 3,3% en 2024 y se situará por debajo del umbral de déficit excesivo del 3% en 2025. En paralelo, la deuda bajaría del 118,4% al 10,9,7% en el mismo periodo.

Teniendo en cuenta que el PIB español no recuperará los niveles precrisis hasta finales de 2023, según el Banco de España, y ante la previsible prórroga de la suspensión de las reglas fiscales, es de prever que aunque Bruselas pida un esfuerzo de consolidación adicional a España no lo exija formalmente, por tanto, hasta 2024. Un margen adicional que podría facilitar al Gobierno retrasar la reforma fiscal comprometida con la UE hasta entonces, esto es, una vez pasadas ya las Elecciones Generales previstas para finales del próximo año.

Mientras tanto, aunque el Gobierno ha tenido que hacer frente a un plan de choque para paliar los efectos de la guerra por 6.000 millones de euros (que previsiblemente deba prorrogar a partir de julio), está consiguiendo contener el impacto público gracias al efecto positivo de la inflación en los ingresos públicos. Solo en el primer trimestre, la recaudación fiscal ha crecido un 20%, arrojando recursos extra por casi 10.000 millones en solo tres meses.

Fuente: Expansión