La Comisión Europea lanzó ayer a los Estados miembros su tradicional batería de recomendaciones en el marco del paquete de primavera del semestre europeo. En el caso de España, las peticiones que llegan desde Bruselas vuelven a estar relacionadas con el alto nivel de deuda pública del país, que ronda el 118% del PIB; el déficit, que sigue notablemente por encima del 3%; y los elevados niveles de desempleo. Por eso, además de exigir un plan de sostenibilidad fiscal, la Comisión pidió a España una política económica prudente y un diseño adecuado de las reformas tributaria y de pensiones, habida cuenta de que la indexación a la inflación “aumentará” irremediablemente el gasto público.

En el apartado de las pensiones, detalla el Ejecutivo comunitario, las reformas incluidas en el Plan de Recuperación deben diseñarse e implementarse cuidadosamente como un paquete consistente para garantizar que contribuyan a mitigar los riesgos a medio y largo plazo. Por eso, “la introducción de medidas compensatorias”, que habrán de adoptarse ya en 2022, “es necesaria para mitigar los riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo”.

En la parte tributaria, por su parte, Bruselas recuerda la “amplia reforma” que está diseñándose y recalca que “parece haber margen de mejora al enfatizar en los impuestos que se consideran más propicios para el crecimiento económico y que pueden reducir la gran proporción que los ingresos al trabajo representan en los ingresos totales”.

La Comisión, en un análisis del sistema tributario español recogido en las recomendaciones específicas por país, certifica que los ingresos fiscales “son relativamente bajos en relación con el PIB, con una gran contribución de la fiscalidad laboral”. Por eso pide al Gobierno acercarse a los parámetros europeos.

En España, apunta Bruselas, los ingresos fiscales como porcentaje del PIB estaban en 2020 –último dato disponible– considerablemente por debajo del agregado de la UE, con una proporción del 36,8% frente al 40,1% comunitario. En paralelo, los ingresos fiscales al trabajo también fueron inferiores, “pero dados los bajos ingresos generales, la proporción de los impuestos laborales fue ligeramente superior”. En cambio, los ingresos vía impuestos al consumo (9,1% sobre el PIB) y los impuestos medioambientales (1,7% sobre el PIB) estaban significativamente por debajo del agregado de la UE (10,8% y 2,2%, respectivamente). Es aquí donde Bruselas pide a España equipararse con la media comunitaria.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre el capital en 2020 estuvieron cerca del agregado de la UE en relación al PIB, “pero fueron relativamente altos” teniendo en cuenta, de nuevo, la comparativa de ingresos fiscales totales. En paralelo, el peso de la tributación a la propiedad en España fue superior tanto como porcentaje de PIB como sobre los ingresos fiscales totales, aunque en este caso no habría riesgo teniendo en cuenta que estos tributos “son menos perjudiciales para el crecimiento económico”.

El Ejecutivo comunitario también concluye al analizar la cuña fiscal laboral de España que el diseño de los impuestos al trabajo ayudó a reducir en el año 2020 la desigualdad en menor proporción que en el promedio de la UE.

Calviño pide reformular las reglas fiscales

Bruselas propuso formalmente ayer a los 27 socios lo que venía barruntando desde hace meses: la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales al déficit y la deuda de los países durante un año más, hasta 2024. La senda fiscal, recogida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece límites del 60% y el 3% a la deuda y el déficit de los Estados miembros. Con su congelación, explicó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, los países tendrán más margen de maniobra a la hora de recomponer sus finanzas públicas, golpeadas por la crisis del Covid-19 y las consecuencias de la escalada inflacionista.

Pese a ello, la Comisión Europea pidió a España prudencia fiscal y contención del gasto público corriente ya en 2023 debido al escenario de elevada deuda de las administraciones.

Según estima Bruselas, España forma parte del grupo de países que “siguen experimentando desequilibrios” fiscales junto a otros socios como Alemania, Francia, Países Bajos o Portugal. En el caso de España, estas vulnerabilidades están relacionadas con la elevada deuda externa y los altos niveles de desempleo.

Por eso, el Ejecutivo comunitario pidió a España “garantizar una política fiscal prudente” limitando el crecimiento del gasto público corriente por debajo del crecimiento económico potencial a medio plazo, sin olvidar las ayudas “temporales y específicas” a hogares y empresas para aliviar los precios energéticos.

En este contexto, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, pidió a la Comisión revisar las reglas fiscales durante su suspensión para adaptarlas a la realidad económica de cada país. A su entrada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, la vicepresidenta confió en que la decisión de Bruselas no retrase “el necesario trabajo de revisión de las reglas fiscales” para que respondan a las “necesidades y prioridades de la UE».

Fuente: Cinco Días