«Los impuestos medioambientales en España están claramente por debajo de la media de la Unión Europea». Con esta frase la Comisión Europea, en su revisión de la aplicación de la normativa medioambiental, insta a España a equiparar su fiscalidad verde a la media comunitaria. Los ingresos del país procedentes del total de impuestos medioambientales, explica Bruselas, han disminuido ligeramente, pasando del 1,93% del PIB en 2015 al 1,77% en 2019. «Ascendieron a aproximadamente el 1,75% del PIB en 2020, frente a una media de la UE de aproximadamente el 2,24% del PIB». La recaudación también es relativamente baja cuando se mide como porcentaje de los ingresos fiscales: 4,74% en España frente a la media del 5,57% en la UE.

El informe que emitió ayer Bruselas ayuda a los Estados miembros a hacer frente a los obstáculos sistémicos para la integración de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente en sus políticas nacionales. En el caso de España, la Comisión es clara y señala que un reto pendiente es «trasladar la fiscalidad desde el trabajo hacia la contaminación», teniendo como bandera el principio de que quien contamina paga. A su vez, pide reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

Este documento muestra que las reformas fiscales con un diseño adecuado «pueden impulsar el crecimiento económico y la resiliencia, así como fomentar una sociedad más equitativa y una transición justa, al enviar las señales de precios y los incentivos adecuados a los agentes económicos». Crea también el contexto necesario para las reformas fiscales de gran calado, la supresión de las subvenciones a los combustibles fósiles y el desplazamiento de la carga tributaria hacia las actividades más contaminantes.

Bruselas recuerda que «aumentar los impuestos medioambientales y reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente» es uno de los tres principales retos medioambientales a los que se enfrenta España desde el año 2017, algo que destaca de forma periódica el informe por país del Semestre Europeo. «El desplazamiento de la fiscalidad del trabajo hacia impuestos menos perjudiciales para el crecimiento incluso figuró varios años en las recomendaciones específicas por país a España, pero se realizaron avances muy limitados en este ámbito», añade el informe.

El Ejecutivo comunitario, con todo, pone en valor «algunos avances en materia de fiscalidad medioambiental» que «por fin» han llegado a España. Así pues, como parte de las reformas previstas en el Plan de Recuperación y Resiliencia, «se introducirán nuevos impuestos sobre los plásticos de un solo uso y la gestión de residuos (vertederos, incineración y coincineración) y se reformará el impuesto sobre los gases fluorados». El plan prevé también la adopción de nuevas medidas en materia de fiscalidad ecológica, si se acuerdan en el contexto de una reforma fiscal a mayor escala. A este respecto, recuerda Bruselas, «se ha creado un comité de expertos para estudiar la reforma del sistema fiscal español», incluyendo en ella la fiscalidad verde.

Fuente: Cinco días