Las patronales del sector financiero (AEB y Ceca) están a la espera de que el Gobierno publique la Orden ministerial que desarrolle el procedimiento para que las entidades afectadas por el nuevo impuesto lo hagan efectivo durante los primeros 20 días del mes de febrero para decidir si, también ellas, además de las entidades de manera individual, pueden impugnar la aplicación de ese tributo.

Los principales bufetes de abogados también aguardan para recomendar qué vía será la más apropiada: si los recursos individuales o también los colectivos.

«Solo 50 diputados o senadores, o el Gobierno central o los autonómicos pueden impugnar una ley», señalan en uno de los principales bufetes de abogados, donde se añade que, no obstante, desde el ámbito privado, además de los concretamente afectados, «sí se puede impugnar indirectamente una ley mediante el recurso a las disposiciones que la desarrollan». Y esto es precisamente lo que está en el aire en la actualidad.

Argumentos para recurrir

Por una parte, las entidades que deberán pagar el 50% del nuevo gravamen impuesto durante los próximos veinte días de febrero preparan sus argumentos para, una vez liquidada la cantidad que les corresponda pagar, recurrir la liquidación ante la Administración con la idea de que esta les deniegue su recurso y llevarlo por la vía de la justicia ordinaria hasta situarlo en el Tribunal Constitucional, donde deberá dilucidarse finalmente.

Pero además, en algunos bancos consideran necesario que sean las patronales del sector, argumentando «interés legítimo», quienes hagan una impugnación indirecta a la ley a través de argumentar en contra de la Orden ministerial que Hacienda debe publicar para que se desarrolle el procedimiento de liquidación.

En medios cercanos a estas patronales, no se reconoce oficialmente que se esté estudiando el posible recurso, entre otras cosas porque al no conocerse la literalidad de la Orden ministerial es muy complicado decidir a priori si se recurrirá o no.

Pero de manera oficiosa se acepta que la cuestión está encima de la mesa. También lo reconocen así algunas entidades particulares y los bufetes de abogados que estarían a la espera del texto final para analizar las posibilidades de que prospere o no un hipotético recurso.

Para que esto último ocurra es necesario que los argumentos esgrimidos por los recurrentes sean aceptados por un juez y que este eleve a los tribunales una cuestión de constitucionalidad, por entender que la Orden conculca de alguna manera la Constitución. Una vez que esto ocurra, si sucede, es el Constitucional el que debe admitir a trámite o no la consulta del juez.

En caso negativo, el asunto quedaría resuelto definitivamente a favor del Gobierno.

Si se admite a trámite será el Tribunal quien finalmente decida en un sentido o en otro, estudiando el contenido de la orden.

Fuentes conocedoras del funcionamiento del Alto Tribunal señalan que a este no le gustan «las impugnaciones de decisiones administrativas», como sería en este caso, por entender que se trata de una vía indirecta de impugnar la constitucionalidad de una ley para la que existe un camino directo, a través de los representantes políticos y de los propios interesados.

«Aunque ha habido casos en los que el Constitucional ha dado la razón a quienes han optado por la vía indirecta. La última vez fue con la orden de desarrollo del Real Decreto 2/2016, en otras ocasiones no ha sido así. Por ejemplo en el siguiente Real Decreto, el 3/2016, que el Tribunal no admitió a trámite», señalan en un despacho jurídico.

Las patronales lo están mirando, señalan estas fuentes, «pero es casi seguro que no deben tener una ilusión excesiva en protagonizar un enfrentamiento con el Constitucional sabiendo, como esperan, que Hacienda sea lo más neutra posible en la redacción de la Orden, precisamente para no darle argumentos a los afectados por la decisión».

En un par de semanas se sabrá si la AEB y la Ceca se involucran en la pugna que los bancos van a protagonizar.

En cualquier caso, los bancos se enfrentarían a las autoridades fiscales después de pagar su primera cuota antes del 20 de febrero.

«Es casi seguro que esto terminará en los tribunales», dice un alto ejecutivo de uno de los bancos más grandes de España a Financial Times. «Tenemos que hacer esto en interés de nuestros accionistas». La cotización de los bancos sufrió un varapalo cuando se anunció el impuesto.

El rotativo británico citaba ayer a Santander y BBVA entre las firmas que planean impugnar el impuesto citando fuentes cercanas. Bankinter y Abanca lo han dicho públicamente. Los consejos de Sabadell y CaixaBank aún tienen que decidir.

El impuesto sobre las ganancias inesperadas es impopular entre los bancos y también ha sido criticado por el BCE, que argumentó que podría dañar las posiciones de capital de los bancos, perturbar la política monetaria y ser difícil de aplicar.

La AEB calculó que si los bancos se ven obligados a pagar 3.000 millones de euros en impuestos, reduciría su capacidad de préstamo en 50.000 millones porque bajaría la cantidad de capital regulatorio que pueden mantener contra esos préstamos.

Fuente: Expansión